By 2030, there will be an increase in both the population and tourists in San Miguel de Allende (Guanajuato), which is why it is estimated that the costs of water provision will increase by at least 25% compared to today.

However, the question is, will there be enough drinking water to meet basic needs? According to Conagua studies, the aquifers that provide water to this world heritage city are already overexploited. Shortly, climate change scenarios estimate a decrease in rainfall throughout most of the year, which could affect the replenishment of the aquifer by up to 14%.

This indicates that, in a trend scenario, a Zero Day will arrive, as was the case in Cape Town (South Africa). At that point, the replenishment of the aquifer will be less than what is being extracted, and there will not be enough water for the population, meaning extreme actions would have to be taken.

 

 

To avoid this, the municipal government of San Miguel de Allende launched the Climate Change Assistance Program last month, starting in the communal lands of Doña Juana and San Agustín González. They have been the first to initiate the restoration of forests and soils in 83 semi-desert hectares, through the reforestation of 19,000 native plants and the construction of hand-made dams using stones and meshes.

Likewise, the rightsholders of the communal lands owners of El Salitre and Los Torres have begun preparations for the rehabilitation of soils on 550 hectares of land, as part of the Payment for Environmental Services agreement signed between the municipal government, the beneficiary communal lands, and the National Forestry Commission (Conafor).

These ecosystem-based adaptation measures aim to reduce the risk of water scarcity and soil erosion in the municipality and, in the short term, create temporary jobs for the people of San Miguel, in the face of the crisis caused by COVID-19.

The program is led by the municipal government of San Miguel de Allende with financing and cooperation from various actors, including a developer in the real estate-tourism sector, representatives of the communal lands of San Agustín González, Doña Juana, Los Torres, and El Salitre, Conafor, and technical advice from the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, as well as from civil society organizations Salvemos al río Laja, GAIA, Guanajuato Conservation Corps and Vía Orgánica.

La crisis consecuencia de la propagación de COVID-19 implica un desafío a escala planetaria. Las proyecciones económicas ya indican un retroceso en las distintas regiones del mundo, con especial vulnerabilidad para América Latina.

En este contexto adverso, se están abriendo diferentes espacios de diálogo y debate para generar acuerdos que puedan encausar la recuperación económica y social hacia un camino de sustentabilidad.

A fin de propiciar estos ámbitos de intercambio, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) acompañó a WRI México en la iniciativa “Revolución Sostenible: diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad “. Asimismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Iniciativa Climática de México (ICM), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompañan como aliados. Cada semana, entre el 9 de junio y el 15 de julio, la iniciativa tiene un enfoque temático diferente (ciudades, movilidad, bosques, energía y financiamiento verde) y ofrece un espacio para el intercambio a través de paneles de alto nivel, mesas multiactor y webinars.

 

Créditos: WRI México. Cronograma de sesiones de la iniciativa “Revolución Sostenible: diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad “.

 

En el evento de inauguración, el 9 de junio, la directora ejecutiva de WRI, Adriana Lobo, adelantó que al finalizar los espacios de trabajos se realizará la publicación de una hoja de ruta con soluciones inclusivas para todos los sectores de la sociedad.

“El objetivo de esta iniciativa es activar el diálogo multisectorial para la identificación de temas prioritarios y posibles líneas de solución consensuadas, a través de una oferta digital de paneles de alto nivel, conversatorios y mesas sectoriales, que nos permitan posicionar e impulsar procesos que nos lleven a transitar a economías cuidadosas del medio ambiente, resilientes y equitativas” – Adriana Lobo, directora ejecutiva de WWF.

Desde la GIZ México, se enfatizó la importancia de la crisis climática y la necesidad de aunar esfuerzos para compatibilizar la agenda económica con la medioambiental. Además, se anticipó cuáles serán las áreas de colaboración: ciudades resilientes, movilidad, energía, biodiversidad, financiamiento verde y colaboración con gobiernos subnacionales.

“Desde la Cooperación Alemana queremos aportar en estos temas y también estamos muy dispuestos a escuchar y aprender de los aliados, así como de los participantes. Es importante llegar a un resumen que pueda guiar la recuperación verde en México” – Dennis Quennet, director de programas Ciudades, Transporte e Industria de GIZ.

Durante el primer panel de alto nivel realizado tras la inauguración, se reflexionó entorno al reto global que implica la actual crisis económica, social y ambiental. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, destacó la importancia de vincular cuestiones de género con el tema de medioambiente y de poner en foco el bienestar de comunidades en una recuperación de la crisis.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, resaltó cómo la crisis provocada por la COVID-19 visibilizó una serie de problemas estructurales del modelo económico que se encuentra vigente en América Latina en la actualidad. “Hay que priorizar sectores de gran impulso para la sostenibilidad: energías limpias, desarrollo de los nexos entre agua/suelos/biodiversidad, conectividad digital y movilidad pública eléctrica, infraestructura sanitaria y de movilidad y economía del cuidado”, afirmó.

 

Créditos: WRI México/CEPAL. Problemas estructurales en América Latina.

 

El segundo panel de alto nivel de la jornada se enfocó en los retos específicos que enfrenta América Latina en este contexto. Dentro de este marco, Iván González Márquez, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNART), subrayó la necesidad de abordar la crisis climática con medidas concretas. En este sentido, explicó que desde la dependencia se plantea un modelo de transición holística que involucra no solo al gobierno, sino también a sectores de la sociedad civil e incluye siete transiciones ambientales: forestal, agroecológica y pesquera, hídrica, energética, biocultural, urbano-industrial, educativa y ciudadana, justicia y gobernanza ambiental.

Al finalizar cada uno de los paneles, se abrió la oportunidad para preguntas del público y se incentivó la participación ciudadana. Para revisar la agenda de las próximas semanas, se puede consultar la página web oficial de WRI México. El próximo evento virtual tendrá lugar el 15 de junio en el marco de la semana de las ciudades y trata del tema “La desigualdad urbana y la calidad del aire en tiempos de la pandemia: los retos sociales y económicos que emergen”.

Durante el año 2019, se identificaron las áreas de mejora en la evaluación socioeconómica de proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en particular las metodologías realizadas por el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), el Programa de Financiamiento de Infraestructura Baja en Carbono en las Ciudades (FELICITY) de la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) con apoyo de la consultoría PIAPPEM. Dichas metodologías ayudarán a los municipios en la toma de decisiones para la realización de proyectos.

 

Créditos: Felicity. propia. Banner del Evento

 

En el mes de noviembre, CEPEP y FELICITY coorganizaron espacios de intercambio de experiencias ampliamente enriquecedor para todos los participantes ya que existió un ambiente de diálogo y de experiencias compartidas para fortalecer las capacidades del sector.

 

Créditos: Itzel Alcerreca. Intervenciones del Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP, Jorge Nuño Lara (izquierda) y de Helge Arends, Director de Programa Agenda 2030 de la GIZ (derecha).

 

El 19 de noviembre se realizó el primer Encuentro Técnico sobre preparación y evaluación de proyectos; evento que fue coorganizado por el CEPEP y FELICITY. Durante el evento, se tuvo una participación del Jorge Nuño Lara, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP y Helge Arends de Director de Programa Agenda 2030 de la GIZ.

Dentro de las ponencias destacaron temas como:

  • Estrategias nacionales de financiamiento, ejemplos de casos subnacionales así como los retos y los volúmenes de apoyos no recuperables que el PRORESOL puede aportar a proyectos de infraestructura de Gestión Integral de RSU; dado por Carlos Puente; Director de Energía, Medio Ambiente y Agua del FONADIN
  • Ponencias Internacionales; Chile representado por Eduardo Contreras, especialista en la evaluación de proyectos de la Universidad de Chile, el cual resaltó el valor del análisis multicriterio como una herramienta para localizar y evaluar los costos y el representante de Costa Rica, William Maroto el cual nos presentó casos de éxito de proyectos de Gestión Integral de RSU en el Municipio de Oreamuno, Costa Rica.

 

Créditos: Itzel Alcerreca. Compartiendo Experiencias a nivel subnacional en México (arriba) y Costa Rica (abajo).

 

Se contó con una asistencia de 70 personas con una participación de 40% de mujeres. Los asistentes provenían de distintos sectores: financiero, técnico y promotores de proyectos, con experiencia nacional e internacional de preparación, gestión y evaluación de proyectos.

 

Créditos: Felicity. Distribución de colaboración de los participantes en el evento.

 

En el marco de la sensibilización de la gestión de RSU, el 20 de noviembre se realizó un intercambio breve entre personal interno de SHCP para identificar los mayores retos y áreas de mejora en la preparación de proyectos.

 

Créditos: Itzel Alcerreca. Compartiendo retos y áreas de mejora con distintas áreas de SHCP

 

La información del evento se puede encontrar aquí  y las presentaciones están disponibles en el siguiente enlace.

Throughout 2019, areas for improvement were identified in the socio-economic evaluation of Comprehensive Urban Solid Waste Management (MSW) projects, in particular the methodologies carried out by the Center for Studies for the Preparation and Socioeconomic Evaluation of Projects (CEPEP) and the Financing Energy for Low-Carbon Investment – Cities Advisory Facility (FELICITY) of the Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH, with the support from the PIAPPEM consultancy. These methodologies will help the municipalities in decision-making for the implementation of projects.

 

Credits: Felicity. Own. Event Banner

 

In November, CEPEP and FELICITY co-organized very enriching spaces for the exchange of experiences for all participants, with an atmosphere of dialogue and shared experiences to strengthen the capacities of the sector.

 

Credits: Itzel Alcerreca. Interventions by the Head of the SHCP Investment Unit, Jorge Nuño Lara (left) and Helge Arends, Director of the GIZ Agenda 2030 Program (right).

 

On November 19, the first Technical Meeting was held on project preparation and evaluation; the event was co-organized by CEPEP and FELICITY.  Jorge Nuño Lara, Head of the Investment Unit of the SHCP and Helge Arends, Director of the GIZ Agenda 2030 Program, participated in the event.

Presentations topics included:

  • National financing strategies, examples of sub-national cases, as well as the challenges and quantities of non-recoverable support that PRORESOL can contribute to infrastructure projects for Comprehensive MSW Management; given by Carlos Puente; Director of Energy, Environment and Water at FONADIN
  • International Presentations: Chile, represented by Eduardo Contreras, specialist in project evaluation at the University of Chile, who highlighted the value of multi-criteria analysis as a tool to locate and evaluate costs; and William Maroto, representative of Costa Rica, who presented us with success stories from MSW Comprehensive Management projects in the Oreamuno municipality of Costa Rica.

 

Credits: Itzel Alcerreca. Sharing Experiences at a Sub-national Level in Mexico (above) and Costa Rica (below).

 

Seventy people attended, 40% of them women. The attendees came from different sectors: financial, technical and project promoters, with national and international experience in project preparation, management, and evaluation.

 

Credits: Felicity. Collaborative distribution of the event participants.

 

As part of raising awareness of RSU management, on November 20, a brief exchange was held between internal SHCP personnel to identify the main challenges and areas for improvement in project preparation.

 

Credits: Itzel Alcerreca. Sharing challenges and areas for improvement with different areas of SHCP

 

Event information can be found here and presentations are available at the following link.

El proyecto “Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático” (CONECC) busca tender puentes entre el sector energético y el sector climático, y así facilitar el logro de las metas climáticas globales y nacionales. El alcance de estos compromisos requiere de un fuerte impulso al cambio tecnológico y es por eso que CONECC, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU) y la empresa LiCore, iniciaron en febrero de 2020 el proceso de conformación del Hub de innovación tecnológica en el Estado de Querétaro.

El Hub es una plataforma de vinculación que busca impulsar el desarrollo e implementación de innovaciones que aceleren la transición energética y competitividad verde del sector productivo de Querétaro. Dado su carácter pionero en la región, se espera que la experiencia sirva como modelo a diversos esfuerzos de colaboración pública-privada para desarrollo tecnológico climático en otras entidades federativas.

Asimismo, el Hub busca fortalecer la colaboración en el entorno de innovación y emprendimiento de Querétaro, el cual comprende start-ups, PyMES, empresas grandes y corporativos, instituciones públicas y academia. En marzo de 2020, se instaló un Grupo de Trabajo para la conformación del Hub, integrado por representantes del entorno estatal de innovación y emprendimiento. El Grupo de Trabajo discutirá mecanismos de gobernanza y sostenibilidad financiera, además identificará proyectos para el inicio de operaciones del Hub.

 

Créditos: CONECC / GIZ. Reunión de Grupo de Trabajo del Hub de innovación tecnológica

 

Durante la primera reunión del Grupo de Trabajo en las instalaciones de la zona de emprendimiento “Nuqleo” en Querétaro, se analizó el proceso de constitución legal del Hub y la priorización de servicios estratégicos y líneas de acción, algunas de ellas incluyen:

  1. Aceleración y fomento de tecnologías y modelos de negocio disruptivos.
  2. Asesoría, capacitación y certificación a startups y PYMES.
  3. Acceso a laboratorios de innovación (formatos sandbox) o similares. Un sandbox orienta el desarrollo de nuevas tecnologías o modelos de negocio en un entorno de pruebas que tome en cuenta la regulación y/o legislación aplicable, principalmente promueve la innovación en materia de digitalización del sector eléctrico.

 

Créditos: CONECC / GIZ. Actores del ecosistema de innovación discuten líneas de acción prioritarias para el Hub

 

Por su parte, el proyecto CONECC proveerá acompañamiento técnico en el proceso de conformación del Hub. Esto con el objetivo de contar con opinión técnica de un equipo experto en la creación de plataformas de vinculación e innovación tecnológica y establecer una oficina de coordinación del Hub con sede en Querétaro. Se elaborará también una estrategia de comunicación para la socialización y divulgación del Hub en el entorno local y nacional.

El Grupo de Trabajo planea trabajar en la selección de proyectos concretos que, a través de un plan de acción estratégico, permita integrar exitosamente a start-ups y PyMES en el entorno de innovación. Se espera que los proyectos seleccionados reciban (1) asesorías para alinear sus propuestas a problemáticas marco del sector energético estatal y, (2) acompañamiento en su proceso de desarrollo e implementación, a través de metodologías, como design thinking o sandboxes. Se contemplan mentorías, acceso a laboratorios especializados de prueba, análisis de factibilidad comercial, vinculación a financiamiento, interrelación con empresas y experiencias nacionales e internacionales, entre otros.

 

Créditos: CONECC / GIZ. 1a Sesión del Grupo de Trabajo

 

La conformación de un Hub de innovación tecnológica en Querétaro es primordial para la reactivación económica sostenible. Este modelo de colaboración impulsa tecnologías y modelos de negocio innovadores en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. De esta forma, la acción coordinada del entorno estatal de innovación y emprendimiento fortalece la competitividad económica y acelera la implementación de tecnologías bajas en carbono.  Pronto más información.

Todas las imágenes corresponden a talleres realizados previamente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Actualmente, las reuniones y sesiones de trabajo se realizan en formato virtual.

La generación distribuida es un mecanismo adecuado para impulsar la reducción de costos en las empresas y organizaciones a la vez que se logra evitar la generación de gases de efecto invernadero al ambiente. Es una estrategia importante para mitigar el impacto económico derivado del COVID-19 y uno de los principales retos es encontrar mecanismos de financiamiento que aceleren la ejecución de estos proyectos en el país. Es por lo anterior que LAB Mexico impulsó el desarrollo de un taller para el financiamiento de Generación Distribuida (GD) el pasado 13 de noviembre de 2019.

Actualmente la GD fotovoltaica cuenta con una capacidad instalada en México de casi 1,000MWp representando el 1% de la capacidad del sistema eléctrico nacional, mientras que la capacidad disponible en la Red General de Distribución es de 27,000MWp. El rol de la GD es fundamental en el cumplimiento de las metas de transición energética para el año 2035.

Existe una gran oportunidad de soportar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, con estrategias de energías renovables que les permitan reducir sus costos energéticos, soportando la recuperación de sus economías post COVID-19.

Con base en el análisis de las discusiones realizadas entre los participantes durante el taller,  se establecieron unas conclusiones que servirán de guía para el establecimiento del plan de seguimiento e intervención con los actores claves de la industria (hoja de ruta).

 

Créditos: LAB México

 

El sector de GD no cuenta con suficiente robustez para financiar por si sólo esta transformación. La banca comercial en México es un sector sólido que cuenta con reservas, capacidades y margen de actuación para facilitar esta transición.

Sin embargo, se requiere que ambas industrias trabajen de forma conjunta en los siguientes aspectos:

  • La promoción de los beneficios de la GD fotovoltaica debe ser fortalecida en el sector PYME para incrementar la demanda de financiamiento para este tipo de proyectos. Esta promoción debe ser un trabajo conjunto de las asociaciones empresariales relevantes, así como de instituciones financieras de desarrollo, gobiernos locales y federal.
  • Se requiere facilitar el crecimiento y consolidación de la oferta de GD mediante la implementación de líneas de crédito revolvente para las empresas integradoras de GD.
  • En necesario promover otros instrumentos de financiamiento como son el arrendamiento y los contratos de compra de energía como alternativas al crédito convencional tanto en la oferta como en la demanda.
  • Es fundamental promover un ambiente regulatorio cierto y estable que facilite la inversión de capital de riesgo que experimenta con diversos modelos de negocio y financiamiento con capacidad de replicación y escalamiento. Esta es labor de la industria fotovoltaica, pero también de las instituciones financieras de desarrollo y comerciales, así como de los gobiernos locales.
  • Se debe generar información sobre el mercado y el desempeño de los proyectos de GD que permita a las instituciones financieras evaluar mejor los riesgos y generar productos acordes al perfil de riesgo de los proyectos.
  • Las instituciones financieras requieren un mayor entendimiento técnico de las propuestas de valor de los sistemas FV, sus riesgos operativos y vida útil.
  • Se deben explorar diversos esquemas de intermediación financiera con el apoyo de “gestores de activos” que faciliten la evaluación de proyectos, determinación de riesgos, la dispersión de financiamiento y la responsabilidad de la cobranza.

Como producto de este taller BID, ABM y GIZ, en conjunto con NAFIN, impulsaron la contratación de un consultor que diera materialidad a esta hoja de ruta, misma que será entregada a finales del mes de junio y que será difundida a través del BID, ABM, GIZ e IKI.

Los materiales del taller pueden consultarse en el siguiente enlace.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.

Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.

Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.

Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.

Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.

The Emissions Trading System (ETS) is one of the carbon price mechanisms that has accelerated the mitigation of greenhouse gas (GHG) emissions over the past decade. It works using the “cap and trade” principle. A limit is imposed on emissions from one or more economic sectors, and regulated facilities are granted a limited number of emission rights that they can trade among themselves, to carry out their compliance obligations in a cost-effective manner.

There are factors that ensure the proper functioning of an ETS; among them, stability in carbon prices and a supply of emission rights that is consistent with market demand. The current economic recession caused by COVID-19 has altered these two variables and has presented significant challenges for the more than 20 ETS operating around the world. It is important to be aware of the global strategies to overcome these challenges and identify lessons learned that could strengthen the ETS Test Program in Mexico, in force since January 2020.

According to ICAP data, there was a significant drop in carbon prices in California and Quebec in March, as well as in the European Union (EU), where it fell from an average of 25 EUR to 15 EUR. In Switzerland, the auction of emission rights was even rescheduled due to the price drop. Commercialization of emission rights in the ETS of the EU is affected by oversupply, which can lead to a reduction in public revenue from auctions, and discourage investments in mitigation technologies.

Countries such as Canada, China, Korea, and Switzerland have responded to these impacts by postponing compliance and reporting dates, while the European Commission anticipates a reduction in the number of emission rights available within the Market Stability Reserve. On the other hand, Poland and the Czech Republic have suggested a review of the EU’s ETS conditions.

Strategies implemented by other countries help inform Mexico of the risks faced by ETS and their possible solutions. The project “Preparation of an Emissions Trading System in Mexico” (SiCEM), implemented by the Deutsche Gesell¬schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH will follow the evolution of the system’s global situation closely.

Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.

El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.

Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.

Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).

A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.

 

Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.

 

El proyecto Huella Climática es liderado por The Climate Group como secretaría de la Coalición Under2, y apoya a gobiernos estatales y regionales en México, Brasil, India y Sudáfrica. Sus principales objetivos son:

  • Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
  • Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
  • Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.

States and regions play a critical role in achieving green recovery from the COVID-19 pandemic. These jurisdictions are closest to the communities and have a great opportunity to link economic recovery measures with environmental considerations.

The Climate Footprint Project, which supports the governments of Baja California, Jalisco and Yucatan to improve their greenhouse gas (GHG) reduction and monitoring efforts, has recognized the importance of adapting to the current crisis. It seeks to demonstrate the importance of Measurement, Reporting and Verification (MRV) systems in providing the data that will allow state governments to assess the socioeconomic and environmental impacts of climate actions. Furthermore, this will help to highlight one of the most important results we have been able to see so far: the mainstreaming of climate change.

In the face of travel restrictions and large group meetings, the project has reinvented itself to achieve its goals. A concrete example is the Jalisco experience, where a series of technical webinars have been developed with the different Ministries that form part of the mitigation group at the state’s Inter-Institutional Action Commission on Climate Change, as part of the capacity-building offered by the project. For one month – online – representatives from each Ministry have joined working groups to continue mainstreaming climate change in their entities.

Credits: The Climate Group. Webinar-Presentation System for monitoring climate actions at the sub-national level with GIZ (May 19).

Through interactive tools, the team facilitated work sessions to develop and identify mitigation actions and indicators that lead towards monitoring a future green recovery. Similar work will be done in the states of Yucatan and Baja California. In parallel, the “From Follow-up to Action” series of peer-to-peer forums will begin shortly, providing another opportunity for state governments to learn virtually.

 

Credits: The Climate Group. Virtual working group – Jalisco transport sector.

 

The project Huella Climática is led by The Climate Group as a ministry of Coalición Under2, and supports state and regional governments in Mexico, Brazil, India, and South Africa. Its main objectives are:

  • To provide a customized package of technical assistance and training for states to improve their capabilities and knowledge on Measurement, Reporting and Verification (MRV) systems;
  • To align regional MRV systems with national and local efforts in order to promote integrated climate action through dialogs between national, state, regional and local governments, and align climate actions at all levels of government;
  • To promote knowledge exchange and the reproduction of good practices at an international level through case studies and peer forums, among others.

El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.

De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.

La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:

“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.

Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:

“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”

Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.

Para más información, te invitamos a leer un boletín especial sobre el COVID 19 y el Turismo.

La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.

La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.

Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.

Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.

Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.

A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.