El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.
De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.
La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:
“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.
Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:
“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”
Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.
La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.
La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.
Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.
Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.
Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.
A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.
Los indicadores juegan un papel crítico en los mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la implementación de medidas climáticas. Además de fomentar la transparencia, permiten justificar las inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático como acciones eficaces y sostenibles.
En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce en su artículo 27° que la política nacional de adaptación frente al cambio climático “se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación”. Esto, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos del cambio climático. Esta disposición resulta imprescindible para vislumbrar el avance que México ha tenido en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en materia de adaptación.
Los instrumentos de Monitoreo y Evaluación (M&E) además de facilitar el seguimiento al avance de los proyectos, funcionan como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que resulta atractivo para tomadores de decisiones, tanto políticos como financieros. En este sentido, los gestores de proyectos de adaptación al cambio climático deben diseñar mecanismos de M&E con indicadores que faciliten conclusiones inequívocas sobre la forma en que las medidas de adaptación contribuyen a reducir las vulnerabilidades frente a las consecuencias del cambio climático.
La formulación de indicadores para el seguimiento y comprobación de los resultados de proyectos de adaptación presenta desafíos relacionados con incertidumbres sobre las consecuencias locales y regionales del cambio climático, el horizonte temporal de la variabilidad climática y la relación entre el cambio climático y otros aspectos sociales. Asimismo, dada la diversidad de contextos socioculturales, sociopolíticos y geográficos, no existe un indicador o lista de indicadores universales que permitan evaluar los resultados de la adaptación y fomentar su replicabilidad.
Con motivo de presentar los principales resultados de dos estudios de co-beneficios y dialogar sobre las oportunidades nacionales y regionales para cuantificar los co-beneficios con una perspectiva de desarrollo sostenible, la GIZ México celebró el evento de lanzamiento “Co-beneficios: la Acción Climática para el Desarrollo Sostenible en México”.
Créditos: GIZ 2020. Nube de palabras con las expectativas de los participantes
Durante la jornada, varios expertos y expertas como la doctora Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) hablaron de los co-beneficios resultantes de la integración de las agendas climáticas, energéticas y de desarrollo sostenible en México. Además, tras las presentaciones de los principales hallazgos y resultados de ambos estudios, la ingeniera Yutsil Sanginés, directora general de Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT, expuso el diseño e implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México.
Créditos: GIZ 2020. Mensaje de apertura Dra. Amparo Martínez Arroyo y Sr. Oliver Knoerich
Con el objetivo de destacar el rol de los estados, se realizó un panel subnacional, en el cual las secretarias y secretarios de los estados de Oaxaca, Yucatán y Puebla discutieron sobre las acciones y oportunidades de sus estados en la transversalización de la acción climática en las políticas de desarrollo.
Finalmente, las y los participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y opiniones en tres mesas de trabajo, las cuales se crearon con el propósito de establecer las próximas rutas de investigación de los estudios presentados. Éstas se enfocaron en las oportunidades de transversalización de la acción climática en políticas de desarrollo y viceversa, en los elementos para la creación de una herramienta de cuantificación de co-beneficios de energías renovables y eficiencia energética y en la priorización de los co-beneficios en la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México.
Este evento se celebró el pasado 4 de marzo 2020 en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y fue organizado por los equipos de Agenda 2030, CONECC y SiCEM, los cuales forman parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.
La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.
Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.
A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.
Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).
Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.
El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Hay innumerables formas en las que el sistema alimentario mundial se pondrá a prueba y causará tensión en las próximas semanas y meses. La mayoría de las apreciaciones actuales prevén en general una contracción tanto en la oferta como en la demanda de productos agrícolas, y señalan posibles interrupciones en el comercio y la logística. Los grupos vulnerables incluyen a los pequeños agricultores, a quienes se les puede impedir trabajar su tierra, acceder a los mercados para vender sus productos o comprar semillas y otros insumos esenciales.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una de las consecuencias de la pandemia será un menor suministro de productos como fertilizantes, pesticidas y semillas, que probablemente reducirán los rendimientos más adelante en el año. En México, los pequeños agricultores dependen en gran medida de estos insumos. Esta alta dependencia de pesticidas y fertilizantes comerciales y la presión derivada de su escasez podrían reducirse al adoptar opciones ecológicas como el control biológico de plagas y el uso de fertilizantes naturales. La promoción de los bancos comunitarios de semillas no solo reduciría la dependencia de los agricultores de las semillas comerciales, sino que también promovería el uso de semillas locales que se adapten mejor a los patrones climáticos cambiantes.
Por otro lado, la agricultura de precisión podría proporcionar una reducción de costos para los agricultores que luchan por llegar a fin de mes y enfrentan enfermedades o restricciones de cuarentena. Los agricultores mexicanos dependen en gran medida de los insumos laborales y están particularmente expuestos al COVID-19.
La pandemia afectará a todos los elementos del sistema alimentario, desde el suministro primario pasando por el procesamiento, el comercio y los sistemas logísticos nacionales e internacionales, hasta la demanda intermedia y final. En México, las cadenas productivas dependen en gran medida de intermediarios independientes. Las cadenas de valor bien integradas y coordinadas, con una estrecha participación de todos los eslabones de la cadena productiva y centrados en los mercados locales, garantizarán un proceso más estable para todas las partes interesadas.
Los agricultores en América Latina no solo están produciendo con altas tarifas de deuda, sino que sus tasas de interés son significativamente más altas que en los países de altos ingresos. Por lo tanto, están más expuestos a un posible impacto en el costo del capital, que puede surgir de los cambios en las tasas de interés. Los mecanismos financieros diseñados específicamente para los pequeños agricultores podrían ayudar a aliviar esta situación.
Para generar un instrumento que ayude a aterrizar los esfuerzos por aumentar la resiliencia de México ante el cambio climático y al cumplimiento de las NDC en materia de adaptación, el proceso de elaboración de la Política Nacional de Adaptación (NAP) deberá ser participativo, representativo y utilizar la perspectiva de regionalización.
Las reformas de julio de 2018 a la Ley General de Cambio Climático buscaron armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París en 2015. Una de las reformas en materia de adaptación contempla la creación de una Política Nacional de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), bajo el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, que fortalezca y facilite las sinergias entre los diversos mandatos internacionales, nacionales y subnacionales en la materia.
El documento hace una revisión de los marcos institucionales, legales y políticos que sustentan la acción climática de adaptación en México, para generar la propuesta de una hoja de ruta que indique los componentes y actividades específicas necesarias para la formulación de la NAP. Entre los elementos más importantes de la hoja de ruta se encuentra la pertinencia de realizar un amplio proceso participativo -con actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y locales- que facilite la recopilación de experiencias e iniciativas para generar una política pública exitosa que refleje las inquietudes y prioridades reales de la población.
Dada la diversidad ecosistémica y climática del territorio mexicano, se plantea la necesidad de apoyarse en una perspectiva de regionalización como característica indispensable en el proceso de elaboración de la NAP. De esta manera, se pretende atender la diversidad de vulnerabilidades y los impactos diferenciados, presentes y futuros, que se dan en el país. Esta propuesta facilitaría la adopción de distintos tipos de enfoques de adaptación que respondan a las prioridades de cada zona y los sectores involucrados.
Trazar un eje común en materia de adaptación a través de una Política Nacional de Adaptación holística, descentralizada y representativa, posibilita la adopción de medidas concretas y efectivas que aumenten la resiliencia de México a través de la política climática a nivel subnacional.
En el marco del reciente lanzamiento del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en México en enero 2020, el proyecto Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de GIZ realiza actividades de desarrollo de capacidades, difusión y diálogo sobre el SCE con diversos actores. La intención es trabajar junto a sector público, privado y sociedad civil a fin de favorecer un entorno propicio para la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en el país.
En este contexto, en conjunto con el Instituto Mora y la editorial académica Springer, el proyecto SiCEM está apoyando un esfuerzo colaborativo para la redacción de un libro académico multi-autor sobre el Sistema de Comercio de Emisiones en México. En este libro participarán académicos de importantes centros de investigación nacionales e internacionales. Recientemente, se convocó a estos investigadores e investigadoras a un seminario para la presentación de sus avances, así como para sostener una interesante conversación que permitió conformar la estructura temática del libro.
Créditos: GIZ. Investigadores durante el evento.
El seminario se llevó a cabo el 10 de marzo de 2020, en las instalaciones del Instituto Mora, en la Ciudad de México. El evento fue convocado por esta institución, con apoyo del proyecto SiCEM implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMU). Contó con la participación de distinguidas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Anáhuac, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, participaron de forma virtual investigadores de universidades y centros de investigación internacionales como la Stanford University, University of California y la Alexander Von Humboldt Foundation.
Créditos: GIZ. Los investigadores y las investigadores discutieron los avances del libro.
La conversación giró alrededor de diferentes áreas temáticas. En primer lugar, se identificó la necesidad de que el libro contuviera una sección de contextualización del SCE en el entramado de políticas públicas del país y el cumplimiento de las agendas internacionales. Se discutió también la importancia de analizar el marco jurídico que sustenta la implementación del SCE en México, así como su estructura institucional y de gobernanza. Finalmente, se sebatió sobre los elementos de diseño del SCE y las perspectivas que, conforme el SCE mexicano transite de su fase de prueba a la fase operativa, permitirán fortalecer aún más este instrumento.
La investigación académica en materia del SCE es clave para generar análisis e insumos que permitan fortalecer la Fase Operativa del instrumento. En este sentido, el proyecto SiCEM continuará apoyando las actividades de promoción de esta investigación en México. En los próximos meses se continuarán presentando en el blog de “IKI-Alliance México” los esfuerzos de desarrollo de capacidades, facilitación de diálogo y estudios técnicos adicionales para el fortalecimiento del diseño del sistema.
El sector de la construcción es esencial para una recuperación de la economía tras la crisis de COVID-19. Puede generar grandes cantidades de empleo en poco tiempo e implica cadenas de valor de amplio alcance para negocios pequeños y grandes. En 2015, el sector representó un 11-13% del PIB mundial. De hecho, es uno de los principales empleadores con un 7% del empleo total mundial o lo que son 220 millones de trabajos que dependen del sector. En 2018, se gastaron 4.5 billones de dólares en construcción y renovación de edificaciones a nivel mundial.
Los edificios verdes pueden ayudar tanto a la economía como al clima
El sector de la construcción tiene el potencial de un doble triunfo: proporcionar una poderosa herramienta para estimular la economía mientras traslada al sector hacia un estado nuevo y más verde. Para pequeñas inversiones adicionales, los edificios verdes pueden lograr enormes ahorros de costos y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que la realización del potencial de edificios sostenibles ahorraría 1.1 billones de dólares para 2050. Sin embargo, el negocio inmobiliario es lento para cambiar su manera de hacer las cosas y movilizar estas pequeñas inversiones adicionales sin impulsos externos en la forma de obligaciones legales o incentivos.
La respuesta de la crisis como una inversión en el futuro: Ejemplos de la República de Corea, Alemania y EU
En este momento de crisis global tenemos una oportunidad única para cambiar el curso del sector de la construcción y destinar inversiones para la construcción verde. Gobiernos de todo el mundo están ideando las mejores estrategias para enfrentar la crisis, bajo una enorme presión de tiempo. Si aspiramos a la situación habitual (business-as-usual), repetiremos o hasta agravaremos los errores del pasado. En cambio, necesitamos de manera urgente cambiar el camino del sector de la construcción para avanzar hacia edificios verdes o, incluso, edificios de cero emisiones de carbono.
La respuesta a la crisis debería ser una inversión en el futuro. Los gobiernos ya utilizaron con éxito programas de construcción verde para ayudar a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, la República de Corea usó medidas de estímulo para construcción verde que combinaban políticas estrictas con apoyo financiero. Un código de edificios verdes para grandes edificios residenciales requería una mejora de la eficiencia energética de un 20%. Paralelamente, el gobierno proporcionó un programa de incentivos financieros para la modernización de viviendas. El “Programa de Certificación Energética de Edificios” se extendió gradualmente a todos los tipos de construcción.
Alemania usó programas para la construcción y renovación de eficiencia energética. Los préstamos preferenciales para nuevos edificios residenciales, municipales y sociales establecen estándares cada vez más altos para la eficiencia energética. Con una financiación gubernamental de dos mil millones de euros en 2016, los programas impulsaron inversiones de 45 mil millones de euros, aproximadamente la mitad de los cuales se gastaron directamente en medidas de eficiencia energética. En 2016, se financiaron más de 400,000 unidades residenciales privadas y se indujeron 286,000 trabajos. Los edificios subsidiados ahorraron 1,730 GWh de la energía final y 619,000 toneladas de emisiones de GEI en 2017.
Estados Unidos proporcionó más de 11 mil millones de dólares en fondos de estímulo para programas de mejora en los sectores de construcción de viviendas, negocios, edificios de gobierno e instalaciones públicas como escuelas y hospitales luego de la crisis financiera. Estos programas generaron cerca de dos dólares de ahorros en costos de energía por cada dólar invertido. Se crearon más de 200,000 de empleos.
Créditos: PEEB
Existen proyectos exitosos para programas de construcción verde
Los programas de construcción verde pueden estimular la actividad económica y crear empleos, al mismo tiempo que se logran metas ambientales y sociales. El programa franco-alemán PEEB está trabajando actualmente con sus países socios en Marruecos y Vietnam en dichos programas de estímulo de eficiencia energética para edificios.
Se puede emplear una combinación de varios instrumentos como incentivos financieros o contratación pública, enfocada lo mismo a inversionistas o a usuarios particulares. Esto puede realizarse a través de:
Programas de eficiencia energética residenciales o comerciales para nuevos edificios o remodelaciones que usen fondos públicos para impulsar inversiones privadas, a través de instrumentos tales como subsidios, subvenciones y préstamos en condiciones favorables.
Programas de contratación pública para eficiencia energética en edificios públicos a través de modificaciones o construcciones nuevas, por ejemplo, en escuelas, hospitales o edificios administrativos, al mismo tiempo pueden mejorar los estándares higiénicos.
Programas de reemplazo para equipos y electrodomésticos, tales como calentadores, iluminación de bajo consumo de energía a través de programas compras al por mayor de electrodomésticos o instalación, que proporcionen incentivos financieros, como subsidios o exenciones de impuestos a proveedores (oferta) u hogares (demanda).
Generación de energía verde en edificios que proporcione incentivos a hogares o inversionistas privados.
Se deben desarrollar políticas y estándares ambiciosos para edificios verdes en paralelo, para asegurar una transformación duradera del sector de construcción. Esto debería acompañarse por la transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades locales de construcción y edificios verdes.
“Compromiso” – Condicionalidad verde para los paquetes de estímulo para el sector de construcción
Los paquetes de estímulo verde para la industria de la construcción deben tener “compromisos”: una “condicionalidad verde” es necesaria para elevar las exigencias a los edificios que reciben apoyo.
Se pueden aplicar algunos criterios básicos, basados en el contexto nacional, para favorecer un desarrollo sostenible del sector de construcción a largo plazo:
Desempeño gratificante: las metas de mayor rendimiento energético o bajo en carbono deben ser recompensados con mayores incentivos financieros.
Incentivos para la certificación y etiquetado de proyectos a través de una inclusión sistemática de eficiencia energética y criterios ambientales en la documentación de adquisiciones y los préstamos públicos y privados.
Tratamiento preferencial para edificios verdes: Se debe dar prioridad a los proyectos de construcción verdes, por ejemplo, mediante la inclusión de criterios verdes para la contratación pública o el procesamiento “acelerado” de los permisos de construcción.
Acelerar políticas climáticas nacionales: los programas de estímulo económico a corto plazo deben orientarse hacia el desarrollo sostenible y climático del país.
Al establecer criterios inteligentes y efectivos para edificios verdes, los paquetes de estímulo a corto plazo pueden convertirse en una doble herramienta para la recuperación económica y la sostenibilidad ambiental. Si trabajamos para lograr la meta de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC, por sus siglas en inglés) de un sector de construcción y edificios de cero emisiones, eficiente y resiliente, la respuesta a la crisis se convierte en una inversión en el futuro.
Siendo México un país megadiverso, multicultural y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, se integra el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)a los instrumentos nacionales para seleccionar medidas de adaptación de alto impacto que aporten a la reducción de la vulnerabilidad y al cumplimiento de los Acuerdos de París.
En octubre del 2015 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, presentaron la primera versión de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático. Este documento considera la lista de criterios contemplados en la ENCC 10-20-40 e involucra la valoración económica de cada medida de adaptación contemplada. Desde entonces, ha servido como guía para la elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático (PECCs) y los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Tomando en cuenta la megadiversidad de México, tanto en climas como ecosistemas, en 2018 se presentó la Actualización de la Metodología para la priorización de Medidas de Adaptación, cuya particularidad fue la integración del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Este enfoque atiende el potencial del país para reducir su vulnerabilidad y la de su población por medio de la gestión sustentable de los recursos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.
Esta metodología contempla el proceso participativo en cada etapa, involucrando a todos los actores que se benefician de los servicios ecosistémicos. Lo anterior, además de servir como ejercicio de transparencia y gobernanza, evidencia el potencial que tiene la priorización de medidas AbE para ser replicada a nivel sectorial e incluso por parte del sector privado, en respuesta a las afectaciones que presenten sus actividades productivas como resultado del cambio climático.
Otras de las grandes ventajas de enfatizar el enfoque AbE en la selección de medidas de adaptación son la integración del conocimiento local y la contribución a la reducción de riesgo de desastres. Además, los proyectos AbE pueden resultar más costo-efectivos y accesibles en comparación con otras medidas grises de adaptación (construcción de infraestructura y/o ingeniería de obras); lo que a su vez propicia el acceso a portafolios de proyectos acreedores a algún tipo de financiamiento verde.
México es altamente vulnerable ante el cambio climático por su ubicación geográfica, su topografía y sus características socioeconómicas. Las medidas de adaptación resultan indispensables para hacer frente a los ya inevitables efectos del cambio climático, que impactan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables y a las principales actividades productivas del país.
De acuerdo con datos provistos en el PECC 2014-2018, 13% de los municipios en México presentan el mayor grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Cerca de un 25% de la población vive en asentamientos irregulares y zonas de riesgo por inundaciones; mientras que las sequías en el norte del país son cada vez más recurrentes y amenazan la seguridad alimenticia de la población. Lo anterior se traduce en la restringida capacidad adaptativa de una gran mayoría de habitantes ante posibles eventos hidrometeorológicos severos.
Créditos: Shutterstock. Asentamientos irregulares en la costa de Acapulco.
El Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad dio inicio en 2019 y busca concertar el marco jurídico para la mejor implementación de las obligaciones jurídicas, nacionales e internacionales del Estado mexicano en materia de movilidad y otras agendas transversales.
El 23 de marzo de 2020 se llevó a cabo el evento “Parlamento Abierto: Derecho a la Movilidad”, en el marco de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, presentó los resultados del Diagnóstico Normativo en Materia de Movilidad.
Créditos: News Report. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Diagnóstico forma parte del Proceso Nacional de Armonización en Materia de Movilidad donde se sumaron los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con apoyo de los proyectos Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático y Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), implementados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. Los resultados son una referencia normativa para las autoridades nacionales, subnacionales y locales en la reforma de sus instrumentos regulatorios, así como para la formulación de mejores políticas públicas o programas en materia de movilidad.
El documento final resulta de un amplio proceso de consulta e investigación en el que participaron más de 600 personas de sectores públicos, privados, sociedad civil, academia y ciudadanía. El proceso participativo incluyó siete mesas regionales de trabajo (ver Tabla), una con sector privado y otra más con expertos de todo el país. También se recurrió a la participación remota para recopilar propuestas de actores interesados en la movilidad.
Créditos: Luis Paz-SEDATU. Mesas regionales de trabajo.
El Diagnóstico tiene el objetivo de desentramar la compleja red jurídica de la movilidad explorando la normatividad aplicable en México en este materia. De esta forma, se podrán identificar áreas de oportunidad que puedan ser atendidas por los diversos órdenes de gobierno. En principio, el estudio parte de la relación entre la movilidad y tres pilares fundamentales: derechos humanos, cambio climático y participación ciudadana.
Asimismo, presenta un cruce con los marcos legales de otras agendas transversales, como son la salud pública, el desarrollo urbano y ordenamiento territorial y la adaptación y mitigación del cambio climático. De esta manera, el Diagnóstico identifica que la Ley General de Cambio Climático (LGCC) fue el primer instrumento legal en reconocer la relevancia de la movilidad con respecto al cambio climático y el medio ambiente, ya que el elemento “transporte” es la actividad más contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En su carácter de ley general, la LGCC distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno y las diferentes autoridades que conforman a la federación para conducir políticas y programas de mitigación de cambio climático que atiendan la necesidad de lograr la movilidad sustentable en el territorio mexicano.
