Estos reportes, ofrecen por primera vez, cifras económicas de lo que significaría perder el capital natural (playas, arrecifes, selvas, bosques, etc.) y sus servicios que proveen (agua, protección, belleza escénica, etc.) para los negocios turísticos de San Miguel de Allende, Riviera Nayarit-Jalisco y Riviera Maya.
Portada del reporte para Riviera Maya. GIZ-ADAPTUR
Asimismo, estima las pérdidas anuales asociadas al impacto directo del cambio climático en los inmuebles (hoteles) e infraestructura de apoyo (carreteras, hospitales, aeropuertos, etc).
Tan solo por citar un ejemplo, si San Miguel de Allende no realiza acciones de adaptación, se estima que para el 2030 podría enfrentar un riesgo económico anual entre $10.28 – $17.11 millones de dólares (MDD), considerando que la escasez de agua y las inundaciones son los riesgos más altos para la operación de los negocios.
Afectaciones en Puerto Vallarta por el huracán Kena en 2002. Vallarta Opina.
Entre las recomendaciones para los destinos, se propone diseñar e implementar una política para el manejo integral del agua, la restauración de arrecifes, pastos marinos y playas, bosques, crear alianzas de cooperación entre el sector público y privado para impulsar la adaptación al cambio climático.
Adicionalmente, se diseñó la plataforma digital Sistema de Información de Riesgo Económico (SIRE-ADAPTUR), el cual presenta los resultados de los reportes, la herramienta interactiva para evaluar el costo de producción de agua, y un acervo extenso de mapas geográficos y climáticos (ubicación de inmuebles, mapa de riesgos, escenarios de cambio climático, distribución de activos naturales, entre otros), con el objetivo de apoyar en la toma de decisiones para un desarrollo turístico resiliente.
Los reportes se publicaron en octubre de 2020 y fueron realizados por las empresas consultoras E-blocks S.A. de C.V. y ERN Evaluación de Riesgos Naturales, en colaboración con 60 empresas hoteleras, autoridades locales de medio ambiente y turismo, expertos académicos, sociedad civil y miembros del proyecto ADAPTUR.
Para su descarga, se encuentran disponibles en la siguiente liga: SIRE (eblocks.mx)
Plataforma SIRE-ADAPTUR. : GIZ-ADAPTUR.
La Taxonomía es un marco de referencia (con criterios e indicadores) que permite clasificar, organizar y evaluar diversas subramas y actividades económicas de acuerdo con su contribución con los objetivos en materia de cambio climático y/o sustentabilidad del país. Es decir, una clasificación de qué es verde y qué no. El Marco de Reporteo es el mecanismo que acompaña a la taxonomía para incluir los elementos de sustentabilidad en la operación de un banco y, con ello, monitorear flujos de inversión y reportar resultados.
La Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) y la Asociación de Bancos de México (ABM) han impulsado el desarrollo de una metodología para la taxonomía de finanzas verdes y un marco de reporteo para la banca mexicana a través del proyecto “Diseño y pilotaje de un marco de reporteo para financiamiento verde en la banca comercial en México”.
El inicio del proyecto consistió en considerar las experiencias existentes. Por un lado, las internacionales, para entender las mejores prácticas; y por otro lado, las nacionales, para asimilar las necesidades y capacidades locales. Al referirnos a las principales iniciativas internacionales, como son las taxonomías de China, la Unión Europea, y Climate Bonds Initiative, también se buscó entender su metodología para armonizar el desarrollo de este proyecto, con miras a poder ser parte de un sistema de taxonomías mundiales que le den certidumbre al inversionista.
Créditos: Shutterstock. Para el desarrollo de una taxonomía para la banca mexicana, es necesario considerar las experiencias nacionales e internacionales.
En el año 2012, China fue el pionero en el desarrollo de un sistema financiero verde al estandarizar una serie de políticas, arreglos institucionales y regulaciones para dirigir los fondos privados hacia la industria verde. Los entes reguladores del país diseñaron dos taxonomías: créditos (2013) y bonos verdes (2015). Ambas taxonomías son de aplicación obligatoria, tienen el objetivo de construir un sistema financiero verde integral y orientan la asignación de recursos principalmente a proyectos de reducción de emisiones, prevención de la contaminación y ahorro de energía.
En 2018, a partir de la publicación del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, se elaboró el informe técnico de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, publicándose en marzo de 2020.
Consiste en un marco metodológico a partir del cual se obtienen unos Criterios de Evaluación Técnica que definen el nivel en el que los sectores y actividades económicas tienen sustentabilidad ambiental. Estos criterios fueron elaborados para más de 70 actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. La Unión Europea tiene seis objetivos ambientales que deben cumplirse y los proyectos que sean financiados, para obtener la etiqueta de “verde”, deben procurar no hacer “daño significativo” a ninguno de ellos durante su ciclo de vida.
Esta taxonomía fue diseñada para ser utilizada tanto por los Estados miembro de la Unión Europea como por los participantes del mercado financiero que ofrecen productos etiquetados como “financiamientos o inversiones sostenibles”, en este sentido es de utilidad para diversos instrumentos financieros. Por su complejidad, alcance, legitimidad ante los reguladores financieros, transparencia y alineamiento con la ciencia, se considera como el punto de referencia mundial.
Su taxonomía tiene por objetivo orientar a los emisores e inversores de bonos verdes y climáticos; desarrollada desde 2013 y actualizada regularmente basándose en la ciencia, el surgimiento de nuevas tecnologías y en los estándares de CBI. Es un referente para gobiernos y reguladores interesados en garantizar la integridad verde de los nuevos productos financieros.
Experiencias mexicanas
El sistema financiero mexicano aún no cuenta con una taxonomía de financiamiento verde; sin embargo, existen diversas iniciativas para un marco de desarrollo de las finanzas verdes que posicionan al país a la vanguardia en América Latina en la materia.
Protocolo de Sustentabilidad de la Banca (2016). Impulsado por la ABM con el objetivo de participar en la transición de la economía mexicana hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono. Actualmente tiene 26 instituciones adherentes.
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (2016). Foro de intercambio de experiencias y de generación de propuestas del sistema financiero para avanzar la agenda de finanzas verdes.
Primera propuesta de un marco de reporteo de financiamiento climático para la banca comercial (Proyecto interno ABM-GIZ, 2017). Proyecto germinal del actual sobre un marco de medición, reporteo y verificación de los flujos financieros climáticos en la banca comercial.
Metodología para la evaluación del impacto en Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (SHCP-SEMARNAT, 2019). Su objetivo es orientar el análisis del financiamiento público, integrando criterios, definiciones e indicadores que permitan vincular e identificar la aportación del Gobierno Federal al cumplimiento de los compromisos y objetivos de México en materia de Cambio Climático.
Metodología de FIRA para el Primer Bono Verde en Agricultura (2019). Metodología para certificar el primer bono verde mexicano en agricultura e identificar inversiones verdes que faciliten la transformación de la producción de ciertos cultivos de producción en campo abierto hacia una bajo el sistema de la agricultura protegida.
Financiamiento y certificación de infraestructura ambiental a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Más de 250 proyectos de infraestructura ambiental certificados y financiados en la región fronteriza México – Estados Unidos.
Mejores prácticas bancarias
Adicionalmente, se identificó que cinco bancos comerciales con operaciones en México −representando el 69% de los activos totales de la banca− cuentan con una estrategia de sustentabilidad; cuatro de ellos contemplan una meta financiamiento verde y su metodología de identificación. Sectores de interés: energías limpias, eficiencia energética, edificios verdes, transporte limpio o sostenible y tecnología limpia.
Conclusiones
La revisión del contexto para el desarrollo de las finanzas verdes, así como las mejores prácticas nacionales e internacionales en su reporteo han permitido entender que un sistema taxonómico mexicano requiere de tres elementos:
Armonización con las mejores prácticas internacionales: la certidumbre para los inversionistas en búsqueda de oportunidades en activos verdes, debe ser apoyada por la comparabilidad de los sistemas taxonómicos. No requieren ser iguales, pero si armonizados con metodologías comparables.
Atender la realidad de la economía y los ecosistemas mexicanos, así como las capacidades concretas de las instituciones financieras. Al adecuarse a realidades diferentes, las taxonomías podrán tener un enfoque y desarrollo diferente, pero manteniendo su comparabilidad. Para ello, la transparencia en el proceso de generación de los Criterios de Evaluación Técnica es fundamental.
Enmarcar el sistema taxonómico de finanzas verdes dentro de las iniciativas ya existentes. Este sistema debe aprovechar las iniciativas que cuentan con credibilidad, legitimidad y dinamismo. No crear estructuras paralelas que son ineficientes e innecesarias. Este punto se refiere no sólo a los mercados financieros, sino a la economía en su conjunto.
Para el 2030, tanto la población como los turistas aumentarán en San Miguel de Allende (Guanajuato), por lo cual se estima que incrementará al menos un 25% los costos de provisión de agua con respecto a la actualidad.
Sin embargo, la pregunta es ¿habrá suficiente agua potable para satisfacer las necesidades básicas? Según los estudios de Conagua, actualmente los acuíferos que proveen agua a esta ciudad patrimonio de la humanidad se encuentran sobreexplotados. En un futuro cercano, los escenarios de cambio climático estiman una disminución de lluvias en gran parte del año, lo cual podría afectar hasta un 14% de la recarga del acuífero.
Esto señala que, en un escenario tendencial, llegará un Día Cero como sucedió en Cape Town (Sudáfrica). En ese momento, la recarga del acuífero será menor de lo que se extrae y no habrá agua suficiente para la población, por que se deberá actuar de manera extrema.
Para evitarlo, el gobierno municipal de San Miguel de Allende ha puesto en marcha el Programa de Atención al Cambio Climático desde el mes pasado, arrancando en los ejidos Doña Juana y San Agustín Gonzalez,. Ellos han sido los primeros en iniciar la restauración de bosques y suelos en 83 hectáreas de semidesierto, mediante la reforestación de 19 mil plantas nativas y la formación de represas hechas a mano con piedras y mallas.
Asimismo, los ejidatarios de El Salitre y Los Torres han comenzado los preparativos para la rehabilitación de suelos en 550 hectáreas, como parte del convenio de Pago por Servicios Ambientales firmado entre el gobierno municipal, los ejidos beneficiarios y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El objetivo de estas medidas de adaptación basadas en ecosistemas es reducir el riesgo de escasez de agua y erosión de suelos en el municipio y, de manera inmediata, generar empleos temporales para los pobladores sanmiguelenses, ante la crisis provocada por la COVID-19.
El programa es encabezado por el gobierno municipal de San Miguel de Allende con financiamiento y cooperación de diversos actores, entre ellos un desarrollador del sector inmobiliario-turístico, representantes ejidales de San Agustín Gonzalez, Doña Juana, Los Torres y El Salitre, la Conafor, y la asesoría técnica de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), así como de las organizaciones de la sociedad civil Salvemos al río Laja, GAIA, Cuerpos de Conservación de Guanajuato y, Vía Orgánica.
En la actual crisis sanitaria que atravesamos, el tema ambiental cobra importancia y merece ubicarse en el centro de la discusión sobre salud pública. De hecho, diversos institutos de investigación en Ciencias Naturales apuntan a que esta crisis tuvo su origen en la interrupción del delicado equilibrio ambiental. Factores como la destrucción del hábitat, la captura, el tráfico y el consumo de fauna silvestre han representado condiciones propicias para que el virus SAR-CoV-2 se volviera contagioso para los humanos. Motivo por el que hoy, más que nunca, es crucial la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Por esto, es importante preguntarnos: ¿qué va a ocurrir después de la pandemia?, ¿cuál será nuestro rol en este regreso a una “nueva normalidad” ?, ¿cuáles son las alternativas que tenemos?, ¿cómo identificar estas medidas o soluciones? ¿qué actores se deben sumar?, ¿qué estrategias de comunicación a nivel territorial se deben promover?
Debemos tomar consciencia que la causa principal de la propagación de esta enfermedad es la mala relación que los seres humanos hemos tenido con el medio ambiente. Por ello, es necesaria una nueva relación, más armónica, entre sociedad y naturaleza y ésta será la única vía que nos va a llevar a evitar situaciones semejantes. No solo los problemas sanitarios asociados, como la irrupción de nuevas epidemias y su escalamiento hacia pandemias, sino otros fenómenos que se han documentado con evidencia científica como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la pérdida del agua, la reducción de la cobertura vegetal y la erosión de los suelos, nos pueden llevar a situaciones críticas para la humanidad.
Créditos: Shutterstock. El incremento de los animales domesticados para consumo humano tiene gran impacto en los ecosistemas.
Una de las causas de mayor relevancia es el cambio en el uso del suelo, explicado por el aumento de las actividades extractivas y productivas, la deforestación y la expansión de las áreas urbanas. Otro factor relevante es el aumento en la proporción de fauna domesticada (por ejemplo, ganado vacuno, bovino, porcino y aves de corral) en los siglos recientes como alimento para consumo humano en comparación con el detrimento en la proporción de fauna silvestre. En consecuencia, esta combinación de elementos ha hecho que se expanda el universo de patógenos asociados a la fauna domesticada, específicamente virus, bacterias, hongos, parásitos, priones o proteínas mal plegadas. Por si mismos, estos patógenos cumplen una función y los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, dependen de su actividad. Por ejemplo, las plantas y animales liberan residuos al suelo (carbono, nitrógeno y sulfato, entre otros) que, al degradarse, son utilizados por las bacterias como alimentos. Por esto es importante que las actividades antropogénicas y los distintos sectores que intervienen en el territorio tomen consciencia de esto y se haga de forma responsable asegurando el mantenimiento del equilibrio natural.
Por estas razones, las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) presentadas en 2015 por el Gobierno de México, y ahora en 2020 sometidas a un proceso de revisión y actualización, deberán identificar acciones concretas, oportunidades y necesidades tomando en consideración el valor de los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios a la salud humana y planetaria que faciliten los medios para su implementación a diferentes escalas en el territorio.
La actual pandemia de coronavirus es una excelente oportunidad para adaptar y preparar nuestras ciudades para enfrentar mejor los retos climáticos y de salud en el presente y futuro. La aplicación Árbol IoT ayuda a las ciudades a planear y gestionar mejor el arbolado urbano. Esto ayuda a disminuir la temperatura, amortiguar los impactos de las inundaciones y mitigar las inequidades en salud asociadas con aspectos socio-económicos, entre otros.
Árbol IoT o el Internet de los Árboles es una plataforma para involucrar a los ciudadanos en el mapeo del arbolado urbano y monitoreo ambiental. Ideada y diseñada en la ciudad de Guadalajara, México, la herramienta busca empoderar al ciudadano para defender el clima y apoyar la gestión municipal del arbolado urbano. Busca mejorar las áreas verdes de las ciudades para así disminuir la temperatura y amortiguar los impactos de las inundaciones, entre otros. El objetivo de la plataforma es generar un inventario de arbolado urbano de fácil actualización por medio de la tercerización (crowdsourcing en ingles), visualizar y cuantificar los eco benéficos de los árboles, y así apoyar la toma decisiones basada en evidencia.
Árbol IoT es una multiplataforma compuesta por una aplicación móvil y web, y una red de sensores de bajo costo que permiten al ciudadano monitorear partículas contaminantes suspendidas en el ambiente, tiempo/clima, y ruido a nivel de calle. La plataforma promueve la participación, compromiso y uso a través de la ludificación verde, así como la inclusión de un amplio sector de la población, considerando a los adultos mayores. Promueve la inclusión por medio una mesa interactiva móvil que puede ser transportada y usada en el sitio por ciudadanos sin acceso a dispositivos inteligentes. También, una función ligera en la aplicación permite que ciudadanos sin o con datos móviles limitados en sus dispositivos capturen información estando desconectados sobre el arbolado y posteriormente lo carguen cuando tengan conexión WiFi.
MuCitySavior, AylluDamos y Árbol IoT, las soluciones de código abierto del Programa Global “TICs para Adaptación al Cambio Climático en Ciudades” están listas, en uso y han sido replicadas en India, Perú y México, respectivamente. Las tres soluciones digitales aplicaron al #SmartDevelopmentHack con el objetivo de acentuar la importancia de una recuperación verde. La actual pandemia es una excelente oportunidad para adaptar y preparar mejor a nuestras ciudades para enfrentar los presentes y futuros retos de salud.
Por esto, Árbol IoT se unió al #SmartDevelopmentHack como una solución digital que ayuda a las ciudades a planear y gestionar una distribución espacial del arbolado urbano mas equitativa y así mitigar las inequidades de salud asociadas con aspectos socio-económicos. El arbolado urbano ayuda a limpiar el aire, y la contaminación del aire esta asociada a problemas de salud como asma, presión arterial alta y diabetes, las cuales a su vez se cree representan un mayor riesgo en los pacientes con CIVID-19. Pandemias en el pasado como la plaga, tuberculosis, y cólera llevaron a las ciudades a transformarse, empujando la creación de áreas verdes de calidad. Por ejemplo, el diseño y construcción de Central Park en la ciudad de Nueva York se justifico en los años 1800 con la necesidad de mas áreas verdes para limpiar el aire.
La generación distribuida es un mecanismo adecuado para impulsar la reducción de costos en las empresas y organizaciones a la vez que se logra evitar la generación de gases de efecto invernadero al ambiente. Es una estrategia importante para mitigar el impacto económico derivado del COVID-19 y uno de los principales retos es encontrar mecanismos de financiamiento que aceleren la ejecución de estos proyectos en el país. Es por lo anterior que LAB Mexico impulsó el desarrollo de un taller para el financiamiento de Generación Distribuida (GD) el pasado 13 de noviembre de 2019.
Actualmente la GD fotovoltaica cuenta con una capacidad instalada en México de casi 1,000MWp representando el 1% de la capacidad del sistema eléctrico nacional, mientras que la capacidad disponible en la Red General de Distribución es de 27,000MWp. El rol de la GD es fundamental en el cumplimiento de las metas de transición energética para el año 2035.
Existe una gran oportunidad de soportar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, con estrategias de energías renovables que les permitan reducir sus costos energéticos, soportando la recuperación de sus economías post COVID-19.
Con base en el análisis de las discusiones realizadas entre los participantes durante el taller, se establecieron unas conclusiones que servirán de guía para el establecimiento del plan de seguimiento e intervención con los actores claves de la industria (hoja de ruta).
Créditos: LAB México
El sector de GD no cuenta con suficiente robustez para financiar por si sólo esta transformación. La banca comercial en México es un sector sólido que cuenta con reservas, capacidades y margen de actuación para facilitar esta transición.
Sin embargo, se requiere que ambas industrias trabajen de forma conjunta en los siguientes aspectos:
La promoción de los beneficios de la GD fotovoltaica debe ser fortalecida en el sector PYME para incrementar la demanda de financiamiento para este tipo de proyectos. Esta promoción debe ser un trabajo conjunto de las asociaciones empresariales relevantes, así como de instituciones financieras de desarrollo, gobiernos locales y federal.
Se requiere facilitar el crecimiento y consolidación de la oferta de GD mediante la implementación de líneas de crédito revolvente para las empresas integradoras de GD.
En necesario promover otros instrumentos de financiamiento como son el arrendamiento y los contratos de compra de energía como alternativas al crédito convencional tanto en la oferta como en la demanda.
Es fundamental promover un ambiente regulatorio cierto y estable que facilite la inversión de capital de riesgo que experimenta con diversos modelos de negocio y financiamiento con capacidad de replicación y escalamiento. Esta es labor de la industria fotovoltaica, pero también de las instituciones financieras de desarrollo y comerciales, así como de los gobiernos locales.
Se debe generar información sobre el mercado y el desempeño de los proyectos de GD que permita a las instituciones financieras evaluar mejor los riesgos y generar productos acordes al perfil de riesgo de los proyectos.
Las instituciones financieras requieren un mayor entendimiento técnico de las propuestas de valor de los sistemas FV, sus riesgos operativos y vida útil.
Se deben explorar diversos esquemas de intermediación financiera con el apoyo de “gestores de activos” que faciliten la evaluación de proyectos, determinación de riesgos, la dispersión de financiamiento y la responsabilidad de la cobranza.
Como producto de este taller BID, ABM y GIZ, en conjunto con NAFIN, impulsaron la contratación de un consultor que diera materialidad a esta hoja de ruta, misma que será entregada a finales del mes de junio y que será difundida a través del BID, ABM, GIZ e IKI.
Los materiales del taller pueden consultarse en el siguiente enlace.
El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.
Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.
Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.
Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.
Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.
Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.
El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.
Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.
Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).
A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.
Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.
Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.
La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.
La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.
Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.
Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.
Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.
A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.
Los indicadores juegan un papel crítico en los mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la implementación de medidas climáticas. Además de fomentar la transparencia, permiten justificar las inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático como acciones eficaces y sostenibles.
En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce en su artículo 27° que la política nacional de adaptación frente al cambio climático “se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación”. Esto, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos del cambio climático. Esta disposición resulta imprescindible para vislumbrar el avance que México ha tenido en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en materia de adaptación.
Los instrumentos de Monitoreo y Evaluación (M&E) además de facilitar el seguimiento al avance de los proyectos, funcionan como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que resulta atractivo para tomadores de decisiones, tanto políticos como financieros. En este sentido, los gestores de proyectos de adaptación al cambio climático deben diseñar mecanismos de M&E con indicadores que faciliten conclusiones inequívocas sobre la forma en que las medidas de adaptación contribuyen a reducir las vulnerabilidades frente a las consecuencias del cambio climático.
La formulación de indicadores para el seguimiento y comprobación de los resultados de proyectos de adaptación presenta desafíos relacionados con incertidumbres sobre las consecuencias locales y regionales del cambio climático, el horizonte temporal de la variabilidad climática y la relación entre el cambio climático y otros aspectos sociales. Asimismo, dada la diversidad de contextos socioculturales, sociopolíticos y geográficos, no existe un indicador o lista de indicadores universales que permitan evaluar los resultados de la adaptación y fomentar su replicabilidad.
El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.
La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.
Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.
A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.
Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).
Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.
El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Para generar un instrumento que ayude a aterrizar los esfuerzos por aumentar la resiliencia de México ante el cambio climático y al cumplimiento de las NDC en materia de adaptación, el proceso de elaboración de la Política Nacional de Adaptación (NAP) deberá ser participativo, representativo y utilizar la perspectiva de regionalización.
Las reformas de julio de 2018 a la Ley General de Cambio Climático buscaron armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París en 2015. Una de las reformas en materia de adaptación contempla la creación de una Política Nacional de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), bajo el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, que fortalezca y facilite las sinergias entre los diversos mandatos internacionales, nacionales y subnacionales en la materia.
El documento hace una revisión de los marcos institucionales, legales y políticos que sustentan la acción climática de adaptación en México, para generar la propuesta de una hoja de ruta que indique los componentes y actividades específicas necesarias para la formulación de la NAP. Entre los elementos más importantes de la hoja de ruta se encuentra la pertinencia de realizar un amplio proceso participativo -con actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y locales- que facilite la recopilación de experiencias e iniciativas para generar una política pública exitosa que refleje las inquietudes y prioridades reales de la población.
Dada la diversidad ecosistémica y climática del territorio mexicano, se plantea la necesidad de apoyarse en una perspectiva de regionalización como característica indispensable en el proceso de elaboración de la NAP. De esta manera, se pretende atender la diversidad de vulnerabilidades y los impactos diferenciados, presentes y futuros, que se dan en el país. Esta propuesta facilitaría la adopción de distintos tipos de enfoques de adaptación que respondan a las prioridades de cada zona y los sectores involucrados.
Trazar un eje común en materia de adaptación a través de una Política Nacional de Adaptación holística, descentralizada y representativa, posibilita la adopción de medidas concretas y efectivas que aumenten la resiliencia de México a través de la política climática a nivel subnacional.
