El bienestar de las personas depende, entre otros, de las condiciones ambientales. La mala calidad del aire puede aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias durante enfermedades como el COVID-19. El monitoreo de la calidad de aire facilita la evaluación del riesgo y la toma de decisiones de política pública.

Incendios forestales y quemas agrícolas que tienen lugar en muchas regiones, entre ellas la Selva Maya, generan partículas nocivas, visibles como un humo negro, que afectan la salud humana. Los problemas respiratorios causados por estas partículas son un factor agravante para personas que están luchando contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus tipo 2, mejor conocido como COVID-19, que está terminando con la vida de mucha gente.

 

Créditos: César Paz – WCS Guatemala. Incendio en la Selva Maya

 

Para evaluar el nivel de riesgo que significa la contaminación del aire para la salud humana, es importante tener acceso a datos confiables. Por eso, el Proyecto “Fomento del monitoreo de biodiversidad y cambio climático en la Selva Maya”, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania en el marco de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), apoya a varios actores en la región de la Selva Maya en el monitoreo de la calidad del aire.

Para ello el proyecto apoyó la adquisición de sensores Purple Air que fueron instalados en diferentes regiones de la Selva Maya, cubriendo áreas en Guatemala, Belice y México. Estos sensores detectan partículas en el aire, cuyos niveles están disponibles públicamente y en tiempo real en el internet.

 

Créditos: GIZ/ Ameyalli Nares. Un sensor de calidad de Aire PurpleAir

 

Estos datos ya se utilizaron para mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Después de haber confirmado un nivel peligroso de calidad de aire durante un incendio en el vertedero de San Benito, Guatemala, la municipalidad inició el proceso para un mejor manejo de los desechos sólidos. En Belice, los datos preocupantes por quemas agrícolas causaron una campaña en redes sociales. En consecuencia, el gobierno beliceño aprobó una ley que prohibió quemas durante la contingencia por el COVID-19.

Debido a estas experiencias exitosas, actores en Guatemala, Belice y también México quieren ampliar la red de sensores de calidad de aire. Eso permitirá detectar y reaccionar más rápidamente a amenazas para la salud respiratoria humana. En conjunto con otras medidas, ese enfoque ayudará a la población y tomadores de decisión de los tres países a hacer frente a la pandemia COVID-19 y posibles epidemias similares futuras.

Contacto: claudia.nares@giz.de

Más información en:

Selva maya, devorada por las llamas – La Jornada

Purple Air

Alarma por mala calidad del aire en Petén, un factor de riesgo para la población ante el covid-19

 

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A raíz del brote de COVID-19, las prioridades de atención a la emergencia sanitaria se redujeron notablemente. También los esfuerzos gubernamentales se redirigen a la protección de la ciudadanía y al combate de la epidemia sanitaria.

En un proceso de ajuste, los puntos focales en los municipios, en los bancos nacionales de desarrollo, así como en los ministerios federales (Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano – SEDATU, Secretaría de Medio Ambiete y Recursos Naturales – SEMARNAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público – SHCP) han continuado la preparación de los proyectos.

Con el acompañamiento de FELICITY y de los actores clave, se apoya a migrar los cursos presenciales de preparación de proyectos a talleres digitales para que los funcionarios públicos subnacionales tengan continuidad de los grandes esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades técnicas, financieras, ambientales, sociales y tecnológicas.

También se colabora con los promotores de proyectos a través de plataformas que facilitan la capacitación y la comunicación vía remota para la preparación de los proyectos. Se avanza en la asistencia técnica desde gabinete, para preparar el proceso de adquisiciones y tener la documentación requerida para la continuidad del ciclo de proyecto.

La buena colaboración entre las partes involucradas ha permitido el ajuste hacia la puesta en marcha de los proyectos, sin embargo, los principales retos en el contexto actual del COVID-19 acentúan la presión sobre los presupuestos urbanos.

La recuperación verde representa una potencial oportunidad para reducir los gastos presupuestales a través del ahorro de los costos de la energía, pero también generar más empleos de calidad y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La continuidad de dichos proyectos es particularmente importante en el contexto actual de una crisis sanitaria que busca la reactivación económica a corto plazo y la recuperación verde a mediano plazo.

La actual pandemia de coronavirus es una excelente oportunidad para adaptar y preparar nuestras ciudades para enfrentar mejor los retos climáticos y de salud en el presente y futuro. La aplicación Árbol IoT ayuda a las ciudades a planear y gestionar mejor el arbolado urbano. Esto ayuda a disminuir la temperatura, amortiguar los impactos de las inundaciones y mitigar las inequidades en salud asociadas con aspectos socio-económicos, entre otros.

Árbol IoT o el Internet de los Árboles es una plataforma para involucrar a los ciudadanos en el mapeo del arbolado urbano y monitoreo ambiental. Ideada y diseñada en la ciudad de Guadalajara, México, la herramienta busca empoderar al ciudadano para defender el clima y apoyar la gestión municipal del arbolado urbano. Busca mejorar las áreas verdes de las ciudades para así disminuir la temperatura y amortiguar los impactos de las inundaciones, entre otros. El objetivo de la plataforma es generar un inventario de arbolado urbano de fácil actualización por medio de la tercerización (crowdsourcing en ingles), visualizar y cuantificar los eco benéficos de los árboles, y así apoyar la toma decisiones basada en evidencia.

Árbol IoT es una multiplataforma compuesta por una aplicación móvil y web, y una red de sensores de bajo costo que permiten al ciudadano monitorear partículas contaminantes suspendidas en el ambiente, tiempo/clima, y ruido a nivel de calle. La plataforma promueve la participación, compromiso y uso a través de la ludificación verde, así como la inclusión de un amplio sector de la población, considerando a los adultos mayores. Promueve la inclusión por medio una mesa interactiva móvil que puede ser transportada y usada en el sitio por ciudadanos sin acceso a dispositivos inteligentes. También, una función ligera en la aplicación permite que ciudadanos sin o con datos móviles limitados en sus dispositivos capturen información estando desconectados sobre el arbolado y posteriormente lo carguen cuando tengan conexión WiFi.

MuCitySavior, AylluDamos y Árbol IoT, las soluciones de código abierto del Programa Global “TICs para Adaptación al Cambio Climático en Ciudades” están listas, en uso y han sido replicadas en India, Perú y México, respectivamente. Las tres soluciones digitales aplicaron al #SmartDevelopmentHack con el objetivo de acentuar la importancia de una recuperación verde. La actual pandemia es una excelente oportunidad para adaptar y preparar mejor a nuestras ciudades para enfrentar los presentes y futuros retos de salud.

Por esto, Árbol IoT se unió al #SmartDevelopmentHack como una solución digital que ayuda a las ciudades a planear y gestionar una distribución espacial del arbolado urbano mas equitativa y así mitigar las inequidades de salud asociadas con aspectos socio-económicos. El arbolado urbano ayuda a limpiar el aire, y la contaminación del aire esta asociada a problemas de salud como asma, presión arterial alta y diabetes, las cuales a su vez se cree representan un mayor riesgo en los pacientes con CIVID-19. Pandemias en el pasado como la plaga, tuberculosis, y cólera llevaron a las ciudades a transformarse, empujando la creación de áreas verdes de calidad. Por ejemplo, el diseño y construcción de Central Park en la ciudad de Nueva York se justifico en los años 1800 con la necesidad de mas áreas verdes para limpiar el aire.

La generación distribuida es un mecanismo adecuado para impulsar la reducción de costos en las empresas y organizaciones a la vez que se logra evitar la generación de gases de efecto invernadero al ambiente. Es una estrategia importante para mitigar el impacto económico derivado del COVID-19 y uno de los principales retos es encontrar mecanismos de financiamiento que aceleren la ejecución de estos proyectos en el país. Es por lo anterior que LAB Mexico impulsó el desarrollo de un taller para el financiamiento de Generación Distribuida (GD) el pasado 13 de noviembre de 2019.

Actualmente la GD fotovoltaica cuenta con una capacidad instalada en México de casi 1,000MWp representando el 1% de la capacidad del sistema eléctrico nacional, mientras que la capacidad disponible en la Red General de Distribución es de 27,000MWp. El rol de la GD es fundamental en el cumplimiento de las metas de transición energética para el año 2035.

Existe una gran oportunidad de soportar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, con estrategias de energías renovables que les permitan reducir sus costos energéticos, soportando la recuperación de sus economías post COVID-19.

Con base en el análisis de las discusiones realizadas entre los participantes durante el taller,  se establecieron unas conclusiones que servirán de guía para el establecimiento del plan de seguimiento e intervención con los actores claves de la industria (hoja de ruta).

 

Créditos: LAB México

 

El sector de GD no cuenta con suficiente robustez para financiar por si sólo esta transformación. La banca comercial en México es un sector sólido que cuenta con reservas, capacidades y margen de actuación para facilitar esta transición.

Sin embargo, se requiere que ambas industrias trabajen de forma conjunta en los siguientes aspectos:

  • La promoción de los beneficios de la GD fotovoltaica debe ser fortalecida en el sector PYME para incrementar la demanda de financiamiento para este tipo de proyectos. Esta promoción debe ser un trabajo conjunto de las asociaciones empresariales relevantes, así como de instituciones financieras de desarrollo, gobiernos locales y federal.
  • Se requiere facilitar el crecimiento y consolidación de la oferta de GD mediante la implementación de líneas de crédito revolvente para las empresas integradoras de GD.
  • En necesario promover otros instrumentos de financiamiento como son el arrendamiento y los contratos de compra de energía como alternativas al crédito convencional tanto en la oferta como en la demanda.
  • Es fundamental promover un ambiente regulatorio cierto y estable que facilite la inversión de capital de riesgo que experimenta con diversos modelos de negocio y financiamiento con capacidad de replicación y escalamiento. Esta es labor de la industria fotovoltaica, pero también de las instituciones financieras de desarrollo y comerciales, así como de los gobiernos locales.
  • Se debe generar información sobre el mercado y el desempeño de los proyectos de GD que permita a las instituciones financieras evaluar mejor los riesgos y generar productos acordes al perfil de riesgo de los proyectos.
  • Las instituciones financieras requieren un mayor entendimiento técnico de las propuestas de valor de los sistemas FV, sus riesgos operativos y vida útil.
  • Se deben explorar diversos esquemas de intermediación financiera con el apoyo de “gestores de activos” que faciliten la evaluación de proyectos, determinación de riesgos, la dispersión de financiamiento y la responsabilidad de la cobranza.

Como producto de este taller BID, ABM y GIZ, en conjunto con NAFIN, impulsaron la contratación de un consultor que diera materialidad a esta hoja de ruta, misma que será entregada a finales del mes de junio y que será difundida a través del BID, ABM, GIZ e IKI.

Los materiales del taller pueden consultarse en el siguiente enlace.

Las comunidades que conservan, restauran y aprovechan sustentablemente el manglar dependen de la comercialización justa de sus productos. Mundo Manglar es una estrategia que busca conectar productos locales con mercados de consumo responsable, una propuesta especialmente relevante ante la pandemia por COVID-19 y sus impactos económicos locales.

En el contexto de contingencia sanitaria ante el COVID-19, se identifica la necesidad de fomentar el consumo en mercados más justos, que favorezcan a las economías locales y a proyectos basados en el aprovechamiento sustentable de nuestros ecosistemas. Mundo Manglar es una iniciativa promocional encabezada por Pronatura Veracruz A.C. para sensibilizar al mercado sobre la importancia de los manglares y los servicios ambientales que brindan. Con el consumo responsable de productos como madera, carbón y miel se contribuye a la conservación de la biodiversidad y a dinamizar las economías locales, especialmente en ante la contingencia sanitaria global.

El proyecto “Restauración del paisaje de manglares; una oportunidad para el desarrollo social en el sitio RAMSAR Sistema de la Laguna Alvarado en Veracruz, México” (financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear BMU, dentro de la iniciativa IKI) tiene por objetivo generar una estrategia de largo plazo para la restauración de manglares, que al mismo tiempo siente las bases para el aprovechamiento sustentable y la comercialización en mercados justos.

 

 

Los medios de vida locales que dependen directamente de los manglares han sido fuertemente impactados por la contingencia sanitaria. Actividades como la pesca o la producción de carbón, madera y miel de manglar, están concatenadas con otros sectores económicos actualmente detenidos o restringidos, como el turismo y el consumo de alimentos local.

La emergencia sanitaria requiere generar una respuesta para mitigar impactos directos y, a su vez, crear oportunidades para el fortalecimiento de los proyectos ante sus repercusiones en el mediano plazo. Analizar las cadenas de valor ante la pandemia permite identificar sus implicaciones y las acciones puntuales para dar continuidad a la comercialización de productos del manglar.

En este contexto, el sitio web y campaña Mundo Manglar cobra mayor relevancia y así mismo enfrenta importantes retos. Se requiere hacer efectiva la venta digital y los sistemas de envío, considerando el limitado acceso a medios digitales de las comunidades. Por otro lado, debemos sensibilizar al mercado para mantener e incrementar el consumo de productos con precios justos, tanto en la contingencia como ante las repercusiones en el mediano plazo por el COVID-19.

El programa de Empresas de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático (WaCCliM) es implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) en México, esto en coordinación directa con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El objetivo principal del programa es apoyar a los organismos operadores (OO) de agua y saneamiento en reducir su huella de carbono y aumentar su resiliencia climática.

El aumento en la frecuencia del lavado de manos es una de las actividades primordiales que el gobierno mexicano promueve como medida para reducir la posibilidad de contagio del virus COVID-19. Esta actividad tan cotidiana nos lleva a poner mucha más atención en el “tras bambalinas” del sector agua y saneamiento y la relevancia de contar con un sector funcional para que las personas en cualquier parte del país puedan tener acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes para llevar a cabo esta medida de prevención.

Las actividades del programa WaCCliM tienen una relación directa y orgánica con la recuperación sustentable (green recovery) que se vislumbra para los siguientes meses/años, entre ellas están el fortalecimiento a las capacidades del personal operativo que trabaja actualmente en los OO, mejorar los servicios de salud pública al promover el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a lo largo del país, impulsar y replicar el uso de tecnologías que minimicen la huella de carbono en los OO y que a su vez demanda la profesionalización del sector para proveer servicios de consultoría técnica y de implementación de tecnologías amigables con el ambiente.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.

Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.

Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.

Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.

Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.

Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.

El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.

Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.

Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).

A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.

 

Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.

 

El proyecto Huella Climática es liderado por The Climate Group como secretaría de la Coalición Under2, y apoya a gobiernos estatales y regionales en México, Brasil, India y Sudáfrica. Sus principales objetivos son:

  • Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
  • Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
  • Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.

El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.

De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.

La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:

“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.

Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:

“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”

Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.

Para más información, te invitamos a leer un boletín especial sobre el COVID 19 y el Turismo.

La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.

La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.

Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.

Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.

Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.

A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.