Más de 400 personas de todos los sectores interesados en la movilidad de las 32 entidades federativas trabajaron en la elaboración de propuestas normativas y de política pública para mejorar la movilidad en México con perspectivas de cambio climático y derechos humanos.

Cuando se habla de “regulación” y “normatividad” en relación con la movilidad, se suele pensar en conflictos entre servicios de taxi y plataformas digitales, en la reorganización de las concesiones de transporte público o la regulación de nuevos servicios de movilidad como los patines eléctricos. En México, las entidades federativas son quienes tienen la mayoría de las atribuciones en estos temas – aunque la realidad es compleja y requiere la participación de ciudades, usuarios@s, sector privado y otras personas interesadas en la toma de decisiones. La creación de Leyes de Movilidad en algunas entidades en los últimos años ha avanzado el discurso y ha logrado integrar conceptos de sustentabilidad y equidad, sin embargo, muchas iniciativas legislativas han sido motivadas únicamente por fenómenos particulares como los mencionados arriba. En pocos casos se ha aprovechado el potencial jurídico completo para mejorar la movilidad en todas sus dimensiones para las y los mexicanos, fortaleciendo una buena gestión del sector entre los diferentes actores involucrados y afectados.

Ante la petición expresa de diez congresos estatales y ante las realidades apremiantes en materia de movilidad en las entidades federativas, el gobierno federal a través de la  Secretaria de Gobernación (SEGOB), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable)  , a través de la Alianza de Cambio Climático y el Programa Ciudades & Cambio Climático (CiClim) llevaron a cabo la coordinación y realización del Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad.

El proceso se fundamenta en la observancia de los derechos humanos, por lo que se entiende a la movilidad como un fenómeno centrado en la persona, sus desplazamientos y su acceso a bienes y servicios para el libre ejercicio de sus derechos. En este sentido se busca armonizar el marco normativo con el objetivo primordial de mitigar el impacto de la movilidad en la crisis climática, atendiendo a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que desde 2012 reconoce que para reducir las emisiones se deben diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, los programas de movilidad sustentable y su vínculo estratégico con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Del mismo modo, el proceso de armonización se llevó a cabo tomando en cuenta los principios rectores como participación, información, equidad y accesibilidad, entre otros temas transversales.

Como parte de los resultados se llevaron a cabo siete foros regionales, compuestas por representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de todos los órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa privada, personas trabajadoras y sus grupos sindicales, entre otros actores clave de las 32 entidades federativas de México.

Mediante una metodología de participación para co-crear el marco normativo de la movilidad a cargo de GIZ, se reconocieron necesidades específicas para una movilidad eficiente y sustentable en las 32 entidades federativas. En conjunto, los participantes propusieron cambios y acciones necesarias para mejorar normas, políticas públicas y mecanismos de monitoreo y evaluación.  De manera que se logró tejer redes de la movilidad entre las entidades federativas, cuyas personas participantes se percataron de las semejanzas que existen entre sus problemáticas y la potencialidad de sus soluciones más allá de sus fronteras. De igual forma se reconoció la realidad de la movilidad entre sus diversos territorios y los participantes de diversos sectores convinieron propuestas de mejora para la coordinación metropolitana e interestatal.

El mapa normativo que resultó de las mesas de trabajo brinda al Proceso la capacidad de partir de la realidad del fenómeno de la movilidad y compararlo con la congruencia de su reflejo en el marco normativo. Se espera que el Gobierno de México emita sus recomendaciones en forma de un marco normativo modelo en materia de movilidad en el último trimestre de 2019, acompañadas de una guía de uso e implementación. Los congresos locales podrán discutirlas, adaptarlas a sus realidades diversas y en su caso adoptar o reformar leyes en la materia mediante su proceso legislativo.

El Proceso Nacional, pone en acción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda (ODS) 2030 en México. Este Proceso funge especialmente como una herramienta de implementación de los objetivos 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. En conjunto con todos los sectores y personas interesadas, el Proceso tiene el potencial de crear las herramientas jurídicas necesarias para transformar la movilidad en México. Se espera que en fases subsecuentes y en cumplimiento a sus obligaciones, las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan logrado crear o adecuar: “armonizar”, todas las disposiciones legales y reglamentarias para una movilidad sustentable.

Archivo para consulta:

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