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Las ciudades en el mundo enfrentan los efectos del cambio climático de manera significativa, lo que podría tener consecuencias para las personas y los ecosistemas. Es por esto, que las políticas de adaptación climática permiten crear estrategias para aumentar la resiliencia local y disminuir la vulnerabilidad de las zonas urbanas.

En un espíritu de cooperación y buscando el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) a través de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático y la Iniciativa Climática de México (ICM), presentaron el pasado cuatro de mayo de 2022, la Política de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de México.

En este evento se presentó el componente de adaptación del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2021-2030 y la Estrategia Local De Acción Climática (ELAC) 2021-2050 que son los instrumentos de política pública rectores en materia de cambio climático de la CDMX planteando una visión prospectiva a 2050 que busca alcanzar una ciudad sustentable, sana, resiliente, inclusiva e innovadora, basada en un sólido compromiso para una acción climática ambiciosa y justa, diseñada por medio de procesos participativos incluyentes y colaborativos, poniendo el bienestar de las personas en el centro.

En el evento participó Leticia Gutiérrez Lorandi, Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la SEDEMA; Oscar Vázquez Martínez, Director de Cambio Climático y Proyectos Sustentables; Philipp Schukat, Coordinador del Equipo Clima de la GIZ México; Álvaro Luna, Asesor Principal de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático y Jorge Villarreal, Director de Política Climática de la ICM.

Leticia Gutiérrez compartió que hay ocho ejes estratégicos en la política de cambio climático de la CDMX con sinergias entre mitigación y adaptación. Mencionó algunos ejemplos concretos del componente de adaptación que incluyen: la siembra y revegetación con 40 millones de árboles alrededor de la ciudad en puntos estratégico; la recuperación de 85 km de ríos y cuerpos de agua; la instalación de más de 30 mil sistemas de cosecha de agua de lluvia. Además, enfatizó que la política de adaptación pone siempre en el centro a la naturaleza y a las personas.

Philipp Schukat mencionó que la creación de la ELAC y el PACCM muestran de manera contundente la política ambiciosa que tiene la CDMX en línea con el escenario de 1.5°C del Acuerdo de París.

Por su parte, Jorge Villarreal indicó que, a través de estos mecanismos de política pública de adaptación, la CDMX se posiciona como una entidad líder para empujar la acción climática en el país.

Adicionalmente, Oscar Vázquez, presentó a detalle los ocho ejes mencionados de la política climática de la ciudad que incluyen, 23 líneas de acción y 41 medidas de acción climática; acompañados de tres ejes transversales: equidad de género, inclusión y derechos humanos y empleos verdes para una transición justa.  En el componente de adaptación se incluyen el manejo sustentable del agua y recuperación de ríos y cuerpos de agua; la revegetación del campo y la ciudad; y la capacidad adaptativa y resiliencia en la ciudad. Hizo énfasis en los impactos que podrían ocurrir de no actuar ahora, como el aumento del efecto de isla de calor, las amenazas a la biodiversidad, pérdidas en los sectores productivos y los impactos negativos en la salud.

Ejes de la ELAC 2021-2050 y del PACCM 2021-2030

El evento concluyó con una reflexión por Álvaro Luna en dónde mencionó que la presentación del componente de adaptación de la política de cambio climático en la Ciudad de México es un hito para inspirar a otros estados a replicar y mostrar lo que es posible desarrollar a nivel local para el cumplimiento de las metas climáticas de México. Adicionalmente, mencionó la importancia de cuantificar los riesgos, costos y potenciales para impulsar proyectos y acciones de adaptación que protejan sobre todo a las comunidades más vulnerables.

Al finalizar el evento, se desarrolló un taller con las secretarías de medio ambiente de diversos estados, para presentar la experiencia de la Ciudad de México en la cuantificación de medidas climáticas a nivel local a través de una herramienta de valoración costo-beneficio en el contexto nacional.

Conozca la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 y el Programa de Acción Climática de La Ciudad De México 2021-2030.

Para ver el evento de presentación haga clic en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/sedemacdmx/videos/3239964216236826

 

Retirar un muro de contención que detenía el oleaje y en su lugar restituir la vegetación nativa de la duna como una medida para contener la erosión costera, podría sonar hasta hace unos años como algo improbable de suceder.

Sin embargo, el Grupo Moon Palace en Quintana Roo ha entendido que el mejor aliado para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático es la propia naturaleza.

Duna costera en restauración / © Moon Palace

Esta medida de adaptación basada en ecosistemas (AbE) inició en 2019 con el acompañamiento técnico del proyecto Adaptación al Cambio Climático Basada en Ecosistemas con el Sector Turismo (ADAPTUR) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), The Nature Conservancy (TNC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Resiliencia).

A la fecha, el compromiso del grupo hotelero a través de la Dirección de Gestión Ambiental sigue vigente, pese a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19, logrando avanzar en:

  • El retiro de 280 metros lineales de muro de contención que separaba el área del hotel de la zona de playa.
  • La transformación de cinco mil metros cuadrados de jardines de pasto exótico a su estado natural: una duna costera con arena recuperada a partir de la remoción del sargazo y con especies nativas de plantas que dan estabilidad a la línea de costa.
  • La reforestación de 1.8 kilómetros de duna costera con especies variadas y estratificadas.
  • Constante monitoreo de la efectividad de las acciones e intercambio técnico con expertos.

Las plantas utilizadas no sólo están adaptadas al tipo de clima y suelo, sino que además evidencian que mantienen la playa estable, pues, en donde no están presentes, la erosión avanza reduciendo las áreas de uso recreativo.

Este marzo de 2022, el proyecto ADAPTUR coordinó una visita técnica a las instalaciones de Moon Palace y una sesión de intercambio de experiencias con otro importante grupo hotelero, quienes también han iniciado esfuerzos de restauración de duna costera en el caribe mexicano.

Visita técnica a Moon Palace Resort e intercambio de experiencias / © ADAPTUR

Este caso de éxito es un ejemplo de inspiración y demuestra que el sector privado puede mejorar su operación en el mercado y a la vez lograr la resiliencia climática de una región.

 

Estos reportes, ofrecen por primera vez, cifras económicas de lo que significaría perder el capital natural (playas, arrecifes, selvas, bosques, etc.) y sus servicios que proveen (agua, protección, belleza escénica, etc.) para los negocios turísticos de San Miguel de Allende, Riviera Nayarit-Jalisco y Riviera Maya.

Portada del reporte para Riviera Maya. GIZ-ADAPTUR

Asimismo, estima las pérdidas anuales asociadas al impacto directo del cambio climático en los inmuebles (hoteles) e infraestructura de apoyo (carreteras, hospitales, aeropuertos, etc).

Tan solo por citar un ejemplo, si San Miguel de Allende no realiza acciones de adaptación, se estima que para el 2030 podría enfrentar un riesgo económico anual entre $10.28 – $17.11 millones de dólares (MDD), considerando que la escasez de agua y las inundaciones son los riesgos más altos para la operación de los negocios.

Afectaciones en Puerto Vallarta por el huracán Kena en 2002. Vallarta Opina.

Entre las recomendaciones para los destinos, se propone diseñar e implementar una política para el manejo integral del agua, la restauración de arrecifes, pastos marinos y playas, bosques, crear alianzas de cooperación entre el sector público y privado para impulsar la adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, se diseñó la plataforma digital Sistema de Información de Riesgo Económico (SIRE-ADAPTUR), el cual presenta los resultados de los reportes, la herramienta interactiva para evaluar el costo de producción de agua, y un acervo extenso de mapas geográficos y climáticos (ubicación de inmuebles, mapa de riesgos, escenarios de cambio climático, distribución de activos naturales, entre otros), con el objetivo de apoyar en la toma de decisiones para un desarrollo turístico resiliente.

Los reportes se publicaron en octubre de 2020 y fueron realizados por las empresas consultoras E-blocks S.A. de C.V. y ERN Evaluación de Riesgos Naturales, en colaboración con 60 empresas hoteleras, autoridades locales de medio ambiente y turismo, expertos académicos, sociedad civil y miembros del proyecto ADAPTUR.

Para su descarga, se encuentran disponibles en la siguiente liga: SIRE (eblocks.mx)

Plataforma SIRE-ADAPTUR. : GIZ-ADAPTUR.

En el marco del foro virtual “Financiamiento para una recuperación verde e incluyente” que se llevó a cabo durante el 18 y 19 de noviembre de 2020, el proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México (SiCEM) organizó la sesión “Integrando los riesgos climáticos de transición: el caso del Sistema de Comercio de Emisiones”.

El objetivo de la sesión fue conocer la manera en que el sector financiero y el sector productivo evalúan e incorporan tanto los riesgos climáticos de transición como las oportunidades en su planeación estratégica, toma de decisión corporativa y divulgación financiera relacionada con el clima, así como el posible rol del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en estos procesos. Se contó con la participación de distinguidos expertos: Alan Gómez (vicepresidente de sustentabilidad de Citibanamex) como moderador, así como Alba Aguilar (directora de Nuevos Mercados en Bolsa Mexicana de Valores) y José Ramón Ardavín (Director Ejecutivo Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, CESPEDES).

Se destacó que, en México, el reconocimiento de los riesgos de transición ha promovido cambios importantes. Estos cambios incluyen un convencimiento en la comunidad financiera sobre la importancia de comprender, evaluar e integrar los riesgos en sus estrategias. Además, se identificó la necesidad de información, estándares y reglas de negocio claras para lograr escalar el mercado de financiamiento verde. Por último, en años recientes han surgido productos financieros verdes y etiquetados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Sin embargo, se destacó que el monto de financiamiento verde aún es incipiente.

La puesta en marcha del SCE es fundamental para detonar el financiamiento climático y acelerar el desarrollo del mercado de productos verdes. Durante la sesión se mencionó la importancia que las empresas deben dar al SCE, ya que éste es un instrumento importante para la integración del cambio climático en sus estrategias de negocio y la reducción de riesgos financieros climáticos. Esto, pues les permite concretar metas de reducción de emisiones y facilitar el manejo del presupuesto de carbono, facilitar el desarrollo de proyectos de mitigación y promover la inversión verde. Asimismo, les permite fomentar modelos de negocio resilientes, adaptarse a cambios en el mercado y continuar con una alta competitividad hacia el futuro.

Para acceder a la grabación de la sesión, haz click aquí.

Invitación al Foro Virtual “Financiamiento para una recuperación verde e incluyente”. GIZ

La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.

La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.

Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.

Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.

Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.

A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.

Los indicadores juegan un papel crítico en los mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la implementación de medidas climáticas. Además de fomentar la transparencia, permiten justificar las inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático como acciones eficaces y sostenibles.

En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce en su artículo 27° que la política nacional de adaptación frente al cambio climático “se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación”. Esto, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos del cambio climático. Esta disposición resulta imprescindible para vislumbrar el avance que México ha tenido en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en materia de adaptación.

Los instrumentos de Monitoreo y Evaluación (M&E) además de facilitar el seguimiento al avance de los proyectos, funcionan como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que resulta atractivo para tomadores de decisiones, tanto políticos como financieros. En este sentido, los gestores de proyectos de adaptación al cambio climático deben diseñar mecanismos de M&E con indicadores que faciliten conclusiones inequívocas sobre la forma en que las medidas de adaptación contribuyen a reducir las vulnerabilidades frente a las consecuencias del cambio climático.

La formulación de indicadores para el seguimiento y comprobación de los resultados de proyectos de adaptación presenta desafíos relacionados con incertidumbres sobre las consecuencias locales y regionales del cambio climático, el horizonte temporal de la variabilidad climática y la relación entre el cambio climático y otros aspectos sociales. Asimismo, dada la diversidad de contextos socioculturales, sociopolíticos y geográficos, no existe un indicador o lista de indicadores universales que permitan evaluar los resultados de la adaptación y fomentar su replicabilidad.

El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.

La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.

Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.

A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) solicitó el apoyo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), para generar Indicadores con perspectiva de género para el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020.

Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).

Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.

El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Siendo México un país megadiverso, multicultural y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, se integra el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) a los instrumentos nacionales para seleccionar medidas de adaptación de alto impacto que aporten a la reducción de la vulnerabilidad y al cumplimiento de los Acuerdos de París.

En octubre del 2015 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, presentaron la primera versión de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático.  Este documento considera la lista de criterios contemplados en la ENCC 10-20-40 e involucra la valoración económica de cada medida de adaptación contemplada. Desde entonces, ha servido como guía para la elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático (PECCs) y los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Tomando en cuenta la megadiversidad de México, tanto en climas como ecosistemas, en 2018 se presentó la Actualización de la Metodología para la priorización de Medidas de Adaptación, cuya particularidad fue la integración del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Este enfoque atiende el potencial del país para reducir su vulnerabilidad y la de su población por medio de la gestión sustentable de los recursos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

 

 

Esta metodología contempla el proceso participativo en cada etapa, involucrando a todos los actores que se benefician de los servicios ecosistémicos. Lo anterior, además de servir como ejercicio de transparencia y gobernanza, evidencia el potencial que tiene la priorización de medidas AbE para ser replicada a nivel sectorial e incluso por parte del sector privado, en respuesta a las afectaciones que presenten sus actividades productivas como resultado del cambio climático.

Otras de las grandes ventajas de enfatizar el enfoque AbE en la selección de medidas de adaptación son la integración del conocimiento local y la contribución a la reducción de riesgo de desastres. Además, los proyectos AbE pueden resultar más costo-efectivos y accesibles en comparación con otras medidas grises de adaptación (construcción de infraestructura y/o ingeniería de obras); lo que a su vez propicia el acceso a portafolios de proyectos acreedores a algún tipo de financiamiento verde.

México es altamente vulnerable ante el cambio climático por su ubicación geográfica, su topografía y sus características socioeconómicas. Las medidas de adaptación resultan indispensables para hacer frente a los ya inevitables efectos del cambio climático, que impactan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables y a las principales actividades productivas del país.

De acuerdo con datos provistos en el PECC 2014-2018, 13% de los municipios en México presentan el mayor grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Cerca de un 25% de la población vive en asentamientos irregulares y zonas de riesgo por inundaciones; mientras que las sequías en el norte del país son cada vez más recurrentes y amenazan la seguridad alimenticia de la población. Lo anterior se traduce en la restringida capacidad adaptativa de una gran mayoría de habitantes ante posibles eventos hidrometeorológicos severos.

 

Créditos: Shutterstock. Asentamientos irregulares en la costa de Acapulco.

 

Cumplir con los compromisos planteados por México en su NDC requiere de la suma de los esfuerzos en materia de mitigación y adaptación de las entidades federativas. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades federativas y sus contribuciones a la Contribución Nacional Determinada (NDC), se organizó un primer taller regional. Continue reading “Aportaciones del nivel subnacional a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC): Primer taller regional”