En la actual crisis sanitaria que atravesamos, el tema ambiental cobra importancia y merece ubicarse en el centro de la discusión sobre salud pública. De hecho, diversos institutos de investigación en Ciencias Naturales apuntan a que esta crisis tuvo su origen en la interrupción del delicado equilibrio ambiental. Factores como la destrucción del hábitat, la captura, el tráfico y el consumo de fauna silvestre han representado condiciones propicias para que el virus SAR-CoV-2 se volviera contagioso para los humanos. Motivo por el que hoy, más que nunca, es crucial la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Por esto, es importante preguntarnos: ¿qué va a ocurrir después de la pandemia?, ¿cuál será nuestro rol en este regreso a una “nueva normalidad” ?, ¿cuáles son las alternativas que tenemos?, ¿cómo identificar estas medidas o soluciones? ¿qué actores se deben sumar?, ¿qué estrategias de comunicación a nivel territorial se deben promover?
Debemos tomar consciencia que la causa principal de la propagación de esta enfermedad es la mala relación que los seres humanos hemos tenido con el medio ambiente. Por ello, es necesaria una nueva relación, más armónica, entre sociedad y naturaleza y ésta será la única vía que nos va a llevar a evitar situaciones semejantes. No solo los problemas sanitarios asociados, como la irrupción de nuevas epidemias y su escalamiento hacia pandemias, sino otros fenómenos que se han documentado con evidencia científica como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la pérdida del agua, la reducción de la cobertura vegetal y la erosión de los suelos, nos pueden llevar a situaciones críticas para la humanidad.
Créditos: Shutterstock. El incremento de los animales domesticados para consumo humano tiene gran impacto en los ecosistemas.
Una de las causas de mayor relevancia es el cambio en el uso del suelo, explicado por el aumento de las actividades extractivas y productivas, la deforestación y la expansión de las áreas urbanas. Otro factor relevante es el aumento en la proporción de fauna domesticada (por ejemplo, ganado vacuno, bovino, porcino y aves de corral) en los siglos recientes como alimento para consumo humano en comparación con el detrimento en la proporción de fauna silvestre. En consecuencia, esta combinación de elementos ha hecho que se expanda el universo de patógenos asociados a la fauna domesticada, específicamente virus, bacterias, hongos, parásitos, priones o proteínas mal plegadas. Por si mismos, estos patógenos cumplen una función y los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, dependen de su actividad. Por ejemplo, las plantas y animales liberan residuos al suelo (carbono, nitrógeno y sulfato, entre otros) que, al degradarse, son utilizados por las bacterias como alimentos. Por esto es importante que las actividades antropogénicas y los distintos sectores que intervienen en el territorio tomen consciencia de esto y se haga de forma responsable asegurando el mantenimiento del equilibrio natural.
Por estas razones, las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) presentadas en 2015 por el Gobierno de México, y ahora en 2020 sometidas a un proceso de revisión y actualización, deberán identificar acciones concretas, oportunidades y necesidades tomando en consideración el valor de los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios a la salud humana y planetaria que faciliten los medios para su implementación a diferentes escalas en el territorio.
El pasado 14 de mayo se llevó a cabo el primer webinario sobre cambio climático en Chiapas, “Efectos económicos derivados de la contingencia COVID-19 en Chiapas”. Este encuentro fue organizado por el Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado, como parte de los esfuerzos por reflexionar sobre los impactos económicos que estamos enfrentando como sociedad ante la actual emergencia sanitaria.
El webinario contó con la participación de cuatro ponentes de distintos sectores, que enfocaron sus presentaciones en dos aspectos relevantes. Por un lado, compartir el contexto geográfico y las formas desiguales en las que las comunidades locales del Estado están enfrentando la contingencia. Por otro, resaltar la importancia de no ver los problemas económicos de manera sectorializada, sino con una visión de conjunto que esté articulada a la perspectiva nacional, para hacer un esfuerzo de diálogo y encontrar nuevas fórmulas de trabajo para enfrentar la etapa postpandemia.
Créditos: Pronatura Sur. Webinario
También participó del sector productivo a través de la Secretaría del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de la Leche, quien afirmó: “Necesitamos más que nunca convertir a la ganadería sustentable en una política pública que garantice la participación de las y los productores, agentes técnicos y ONG´s en sintonía con nuestros gobiernos para poder afrontar la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector productivo”.
El sector gubernamental estuvo representado por la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca quién desde su experiencia como miembro del GFC Task Force (GCF TF) planteó que son grandes los retos que tienen los pueblos indígenas de América Latina frente a esta emergencia sanitaria pero también climática, por lo que el GCF TF está planteando una ruta de trabajo desde las instancias a nivel internacional para afrontar las incertidumbres sobre el incremento de la degradación forestal.
El objetivo del GCF TF es garantizar la permanencia de los bosques y los medio de vida de sus habitantes, por lo que los esfuerzos se centrarán en reducir los riesgos ambientales y sociales durante la reactivación económica post- COVID-19. La presión sobre la tierra y los riesgos de deforestación aumentarán exponencialmente si no hay alternativas económicas para los grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas y rurales, y la población flotante debido al desempleo durante la pandemia. Por lo que esta iniciativa estará enfocando sus esfuerzos para modificar las estrategias existentes y desarrollar nuevas que permitan apoyar a sus estados miembros como lo es el estado de Chiapas, durante la recuperación económica, principalmente en el sector forestal.
El bienestar de las personas depende, entre otros, de las condiciones ambientales. La mala calidad del aire puede aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias durante enfermedades como el COVID-19. El monitoreo de la calidad de aire facilita la evaluación del riesgo y la toma de decisiones de política pública.
Incendios forestales y quemas agrícolas que tienen lugar en muchas regiones, entre ellas la Selva Maya, generan partículas nocivas, visibles como un humo negro, que afectan la salud humana. Los problemas respiratorios causados por estas partículas son un factor agravante para personas que están luchando contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus tipo 2, mejor conocido como COVID-19, que está terminando con la vida de mucha gente.
Créditos: César Paz – WCS Guatemala. Incendio en la Selva Maya
Para evaluar el nivel de riesgo que significa la contaminación del aire para la salud humana, es importante tener acceso a datos confiables. Por eso, el Proyecto “Fomento del monitoreo de biodiversidad y cambio climático en la Selva Maya”, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania en el marco de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), apoya a varios actores en la región de la Selva Maya en el monitoreo de la calidad del aire.
Para ello el proyecto apoyó la adquisición de sensores Purple Air que fueron instalados en diferentes regiones de la Selva Maya, cubriendo áreas en Guatemala, Belice y México. Estos sensores detectan partículas en el aire, cuyos niveles están disponibles públicamente y en tiempo real en el internet.
Créditos: GIZ/ Ameyalli Nares. Un sensor de calidad de Aire PurpleAir
Estos datos ya se utilizaron para mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Después de haber confirmado un nivel peligroso de calidad de aire durante un incendio en el vertedero de San Benito, Guatemala, la municipalidad inició el proceso para un mejor manejo de los desechos sólidos. En Belice, los datos preocupantes por quemas agrícolas causaron una campaña en redes sociales. En consecuencia, el gobierno beliceño aprobó una ley que prohibió quemas durante la contingencia por el COVID-19.
Debido a estas experiencias exitosas, actores en Guatemala, Belice y también México quieren ampliar la red de sensores de calidad de aire. Eso permitirá detectar y reaccionar más rápidamente a amenazas para la salud respiratoria humana. En conjunto con otras medidas, ese enfoque ayudará a la población y tomadores de decisión de los tres países a hacer frente a la pandemia COVID-19 y posibles epidemias similares futuras.
A raíz del brote de COVID-19, las prioridades de atención a la emergencia sanitaria se redujeron notablemente. También los esfuerzos gubernamentales se redirigen a la protección de la ciudadanía y al combate de la epidemia sanitaria.
En un proceso de ajuste, los puntos focales en los municipios, en los bancos nacionales de desarrollo, así como en los ministerios federales (Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano – SEDATU, Secretaría de Medio Ambiete y Recursos Naturales – SEMARNAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público – SHCP) han continuado la preparación de los proyectos.
Con el acompañamiento de FELICITY y de los actores clave, se apoya a migrar los cursos presenciales de preparación de proyectos a talleres digitales para que los funcionarios públicos subnacionales tengan continuidad de los grandes esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades técnicas, financieras, ambientales, sociales y tecnológicas.
También se colabora con los promotores de proyectos a través de plataformas que facilitan la capacitación y la comunicación vía remota para la preparación de los proyectos. Se avanza en la asistencia técnica desde gabinete, para preparar el proceso de adquisiciones y tener la documentación requerida para la continuidad del ciclo de proyecto.
La buena colaboración entre las partes involucradas ha permitido el ajuste hacia la puesta en marcha de los proyectos, sin embargo, los principales retos en el contexto actual del COVID-19 acentúan la presión sobre los presupuestos urbanos.
La recuperación verde representa una potencial oportunidad para reducir los gastos presupuestales a través del ahorro de los costos de la energía, pero también generar más empleos de calidad y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La continuidad de dichos proyectos es particularmente importante en el contexto actual de una crisis sanitaria que busca la reactivación económica a corto plazo y la recuperación verde a mediano plazo.
La generación distribuida es un mecanismo adecuado para impulsar la reducción de costos en las empresas y organizaciones a la vez que se logra evitar la generación de gases de efecto invernadero al ambiente. Es una estrategia importante para mitigar el impacto económico derivado del COVID-19 y uno de los principales retos es encontrar mecanismos de financiamiento que aceleren la ejecución de estos proyectos en el país. Es por lo anterior que LAB Mexico impulsó el desarrollo de un taller para el financiamiento de Generación Distribuida (GD) el pasado 13 de noviembre de 2019.
Actualmente la GD fotovoltaica cuenta con una capacidad instalada en México de casi 1,000MWp representando el 1% de la capacidad del sistema eléctrico nacional, mientras que la capacidad disponible en la Red General de Distribución es de 27,000MWp. El rol de la GD es fundamental en el cumplimiento de las metas de transición energética para el año 2035.
Existe una gran oportunidad de soportar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, con estrategias de energías renovables que les permitan reducir sus costos energéticos, soportando la recuperación de sus economías post COVID-19.
Con base en el análisis de las discusiones realizadas entre los participantes durante el taller, se establecieron unas conclusiones que servirán de guía para el establecimiento del plan de seguimiento e intervención con los actores claves de la industria (hoja de ruta).
Créditos: LAB México
El sector de GD no cuenta con suficiente robustez para financiar por si sólo esta transformación. La banca comercial en México es un sector sólido que cuenta con reservas, capacidades y margen de actuación para facilitar esta transición.
Sin embargo, se requiere que ambas industrias trabajen de forma conjunta en los siguientes aspectos:
La promoción de los beneficios de la GD fotovoltaica debe ser fortalecida en el sector PYME para incrementar la demanda de financiamiento para este tipo de proyectos. Esta promoción debe ser un trabajo conjunto de las asociaciones empresariales relevantes, así como de instituciones financieras de desarrollo, gobiernos locales y federal.
Se requiere facilitar el crecimiento y consolidación de la oferta de GD mediante la implementación de líneas de crédito revolvente para las empresas integradoras de GD.
En necesario promover otros instrumentos de financiamiento como son el arrendamiento y los contratos de compra de energía como alternativas al crédito convencional tanto en la oferta como en la demanda.
Es fundamental promover un ambiente regulatorio cierto y estable que facilite la inversión de capital de riesgo que experimenta con diversos modelos de negocio y financiamiento con capacidad de replicación y escalamiento. Esta es labor de la industria fotovoltaica, pero también de las instituciones financieras de desarrollo y comerciales, así como de los gobiernos locales.
Se debe generar información sobre el mercado y el desempeño de los proyectos de GD que permita a las instituciones financieras evaluar mejor los riesgos y generar productos acordes al perfil de riesgo de los proyectos.
Las instituciones financieras requieren un mayor entendimiento técnico de las propuestas de valor de los sistemas FV, sus riesgos operativos y vida útil.
Se deben explorar diversos esquemas de intermediación financiera con el apoyo de “gestores de activos” que faciliten la evaluación de proyectos, determinación de riesgos, la dispersión de financiamiento y la responsabilidad de la cobranza.
Como producto de este taller BID, ABM y GIZ, en conjunto con NAFIN, impulsaron la contratación de un consultor que diera materialidad a esta hoja de ruta, misma que será entregada a finales del mes de junio y que será difundida a través del BID, ABM, GIZ e IKI.
Los materiales del taller pueden consultarse en el siguiente enlace.
Las comunidades que conservan, restauran y aprovechan sustentablemente el manglar dependen de la comercialización justa de sus productos. Mundo Manglar es una estrategia que busca conectar productos locales con mercados de consumo responsable, una propuesta especialmente relevante ante la pandemia por COVID-19 y sus impactos económicos locales.
En el contexto de contingencia sanitaria ante el COVID-19, se identifica la necesidad de fomentar el consumo en mercados más justos, que favorezcan a las economías locales y a proyectos basados en el aprovechamiento sustentable de nuestros ecosistemas. Mundo Manglar es una iniciativa promocional encabezada por Pronatura Veracruz A.C. para sensibilizar al mercado sobre la importancia de los manglares y los servicios ambientales que brindan. Con el consumo responsable de productos como madera, carbón y miel se contribuye a la conservación de la biodiversidad y a dinamizar las economías locales, especialmente en ante la contingencia sanitaria global.
Los medios de vida locales que dependen directamente de los manglares han sido fuertemente impactados por la contingencia sanitaria. Actividades como la pesca o la producción de carbón, madera y miel de manglar, están concatenadas con otros sectores económicos actualmente detenidos o restringidos, como el turismo y el consumo de alimentos local.
La emergencia sanitaria requiere generar una respuesta para mitigar impactos directos y, a su vez, crear oportunidades para el fortalecimiento de los proyectos ante sus repercusiones en el mediano plazo. Analizar las cadenas de valor ante la pandemia permite identificar sus implicaciones y las acciones puntuales para dar continuidad a la comercialización de productos del manglar.
En este contexto, el sitio web y campaña Mundo Manglar cobra mayor relevancia y así mismo enfrenta importantes retos. Se requiere hacer efectiva la venta digital y los sistemas de envío, considerando el limitado acceso a medios digitales de las comunidades. Por otro lado, debemos sensibilizar al mercado para mantener e incrementar el consumo de productos con precios justos, tanto en la contingencia como ante las repercusiones en el mediano plazo por el COVID-19.
El programa de Empresas de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático (WaCCliM) es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) en México, esto en coordinación directa con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El objetivo principal del programa es apoyar a los organismos operadores (OO) de agua y saneamiento en reducir su huella de carbono y aumentar su resiliencia climática.
El aumento en la frecuencia del lavado de manos es una de las actividades primordiales que el gobierno mexicano promueve como medida para reducir la posibilidad de contagio del virus COVID-19. Esta actividad tan cotidiana nos lleva a poner mucha más atención en el “tras bambalinas” del sector agua y saneamiento y la relevancia de contar con un sector funcional para que las personas en cualquier parte del país puedan tener acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes para llevar a cabo esta medida de prevención.
Las actividades del programa WaCCliM tienen una relación directa y orgánica con la recuperación sustentable (green recovery) que se vislumbra para los siguientes meses/años, entre ellas están el fortalecimiento a las capacidades del personal operativo que trabaja actualmente en los OO, mejorar los servicios de salud pública al promover el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a lo largo del país, impulsar y replicar el uso de tecnologías que minimicen la huella de carbono en los OO y que a su vez demanda la profesionalización del sector para proveer servicios de consultoría técnica y de implementación de tecnologías amigables con el ambiente.
El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.
Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.
Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.
Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.
Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.
Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.
El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.
Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.
Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).
A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.
Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.
Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.
El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.
De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.
La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:
“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.
Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:
“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”
Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.
El sector de la construcción es esencial para una recuperación de la economía tras la crisis de COVID-19. Puede generar grandes cantidades de empleo en poco tiempo e implica cadenas de valor de amplio alcance para negocios pequeños y grandes. En 2015, el sector representó un 11-13% del PIB mundial. De hecho, es uno de los principales empleadores con un 7% del empleo total mundial o lo que son 220 millones de trabajos que dependen del sector. En 2018, se gastaron 4.5 billones de dólares en construcción y renovación de edificaciones a nivel mundial.
Los edificios verdes pueden ayudar tanto a la economía como al clima
El sector de la construcción tiene el potencial de un doble triunfo: proporcionar una poderosa herramienta para estimular la economía mientras traslada al sector hacia un estado nuevo y más verde. Para pequeñas inversiones adicionales, los edificios verdes pueden lograr enormes ahorros de costos y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que la realización del potencial de edificios sostenibles ahorraría 1.1 billones de dólares para 2050. Sin embargo, el negocio inmobiliario es lento para cambiar su manera de hacer las cosas y movilizar estas pequeñas inversiones adicionales sin impulsos externos en la forma de obligaciones legales o incentivos.
La respuesta de la crisis como una inversión en el futuro: Ejemplos de la República de Corea, Alemania y EU
En este momento de crisis global tenemos una oportunidad única para cambiar el curso del sector de la construcción y destinar inversiones para la construcción verde. Gobiernos de todo el mundo están ideando las mejores estrategias para enfrentar la crisis, bajo una enorme presión de tiempo. Si aspiramos a la situación habitual (business-as-usual), repetiremos o hasta agravaremos los errores del pasado. En cambio, necesitamos de manera urgente cambiar el camino del sector de la construcción para avanzar hacia edificios verdes o, incluso, edificios de cero emisiones de carbono.
La respuesta a la crisis debería ser una inversión en el futuro. Los gobiernos ya utilizaron con éxito programas de construcción verde para ayudar a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, la República de Corea usó medidas de estímulo para construcción verde que combinaban políticas estrictas con apoyo financiero. Un código de edificios verdes para grandes edificios residenciales requería una mejora de la eficiencia energética de un 20%. Paralelamente, el gobierno proporcionó un programa de incentivos financieros para la modernización de viviendas. El “Programa de Certificación Energética de Edificios” se extendió gradualmente a todos los tipos de construcción.
Alemania usó programas para la construcción y renovación de eficiencia energética. Los préstamos preferenciales para nuevos edificios residenciales, municipales y sociales establecen estándares cada vez más altos para la eficiencia energética. Con una financiación gubernamental de dos mil millones de euros en 2016, los programas impulsaron inversiones de 45 mil millones de euros, aproximadamente la mitad de los cuales se gastaron directamente en medidas de eficiencia energética. En 2016, se financiaron más de 400,000 unidades residenciales privadas y se indujeron 286,000 trabajos. Los edificios subsidiados ahorraron 1,730 GWh de la energía final y 619,000 toneladas de emisiones de GEI en 2017.
Estados Unidos proporcionó más de 11 mil millones de dólares en fondos de estímulo para programas de mejora en los sectores de construcción de viviendas, negocios, edificios de gobierno e instalaciones públicas como escuelas y hospitales luego de la crisis financiera. Estos programas generaron cerca de dos dólares de ahorros en costos de energía por cada dólar invertido. Se crearon más de 200,000 de empleos.
Créditos: PEEB
Existen proyectos exitosos para programas de construcción verde
Los programas de construcción verde pueden estimular la actividad económica y crear empleos, al mismo tiempo que se logran metas ambientales y sociales. El programa franco-alemán PEEB está trabajando actualmente con sus países socios en Marruecos y Vietnam en dichos programas de estímulo de eficiencia energética para edificios.
Se puede emplear una combinación de varios instrumentos como incentivos financieros o contratación pública, enfocada lo mismo a inversionistas o a usuarios particulares. Esto puede realizarse a través de:
Programas de eficiencia energética residenciales o comerciales para nuevos edificios o remodelaciones que usen fondos públicos para impulsar inversiones privadas, a través de instrumentos tales como subsidios, subvenciones y préstamos en condiciones favorables.
Programas de contratación pública para eficiencia energética en edificios públicos a través de modificaciones o construcciones nuevas, por ejemplo, en escuelas, hospitales o edificios administrativos, al mismo tiempo pueden mejorar los estándares higiénicos.
Programas de reemplazo para equipos y electrodomésticos, tales como calentadores, iluminación de bajo consumo de energía a través de programas compras al por mayor de electrodomésticos o instalación, que proporcionen incentivos financieros, como subsidios o exenciones de impuestos a proveedores (oferta) u hogares (demanda).
Generación de energía verde en edificios que proporcione incentivos a hogares o inversionistas privados.
Se deben desarrollar políticas y estándares ambiciosos para edificios verdes en paralelo, para asegurar una transformación duradera del sector de construcción. Esto debería acompañarse por la transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades locales de construcción y edificios verdes.
“Compromiso” – Condicionalidad verde para los paquetes de estímulo para el sector de construcción
Los paquetes de estímulo verde para la industria de la construcción deben tener “compromisos”: una “condicionalidad verde” es necesaria para elevar las exigencias a los edificios que reciben apoyo.
Se pueden aplicar algunos criterios básicos, basados en el contexto nacional, para favorecer un desarrollo sostenible del sector de construcción a largo plazo:
Desempeño gratificante: las metas de mayor rendimiento energético o bajo en carbono deben ser recompensados con mayores incentivos financieros.
Incentivos para la certificación y etiquetado de proyectos a través de una inclusión sistemática de eficiencia energética y criterios ambientales en la documentación de adquisiciones y los préstamos públicos y privados.
Tratamiento preferencial para edificios verdes: Se debe dar prioridad a los proyectos de construcción verdes, por ejemplo, mediante la inclusión de criterios verdes para la contratación pública o el procesamiento “acelerado” de los permisos de construcción.
Acelerar políticas climáticas nacionales: los programas de estímulo económico a corto plazo deben orientarse hacia el desarrollo sostenible y climático del país.
Al establecer criterios inteligentes y efectivos para edificios verdes, los paquetes de estímulo a corto plazo pueden convertirse en una doble herramienta para la recuperación económica y la sostenibilidad ambiental. Si trabajamos para lograr la meta de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC, por sus siglas en inglés) de un sector de construcción y edificios de cero emisiones, eficiente y resiliente, la respuesta a la crisis se convierte en una inversión en el futuro.
