Autor: IKI Alliance
Con motivo de presentar los principales resultados de dos estudios de co-beneficios y dialogar sobre las oportunidades nacionales y regionales para cuantificar los co-beneficios con una perspectiva de desarrollo sostenible, la GIZ México celebró el evento de lanzamiento “Co-beneficios: la Acción Climática para el Desarrollo Sostenible en México”.
Por un lado, el equipo de la Iniciativa Agenda 2030, junto con la Oficina de Presidencia de la República, presentó el estudio Haciendo cuentas: Cuantificando los co-beneficios de la Acción Climática para el Desarrollo Sostenible en México, donde se exploran las sinergias entre el Acuerdo de París y la Agenda 2030 y los co-beneficios de una implementación integrada de ambas agendas. Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en conjunto con el proyecto Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático (CONECC), presentó el estudio Co-beneficios: Contribución de la Transición Energética para el Desarrollo Sostenible en México, en el cual examina los importantes co-beneficios de las energías renovables y la eficiencia energética en la transición energética de México, así como las opciones de políticas más adecuadas para hacer entrega de estos beneficios al pueblo mexicano.
Durante la jornada, varios expertos y expertas como la doctora Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) hablaron de los co-beneficios resultantes de la integración de las agendas climáticas, energéticas y de desarrollo sostenible en México. Además, tras las presentaciones de los principales hallazgos y resultados de ambos estudios, la ingeniera Yutsil Sanginés, directora general de Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT, expuso el diseño e implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México.
Con el objetivo de destacar el rol de los estados, se realizó un panel subnacional, en el cual las secretarias y secretarios de los estados de Oaxaca, Yucatán y Puebla discutieron sobre las acciones y oportunidades de sus estados en la transversalización de la acción climática en las políticas de desarrollo.
Finalmente, las y los participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y opiniones en tres mesas de trabajo, las cuales se crearon con el propósito de establecer las próximas rutas de investigación de los estudios presentados. Éstas se enfocaron en las oportunidades de transversalización de la acción climática en políticas de desarrollo y viceversa, en los elementos para la creación de una herramienta de cuantificación de co-beneficios de energías renovables y eficiencia energética y en la priorización de los co-beneficios en la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México.
Este evento se celebró el pasado 4 de marzo 2020 en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y fue organizado por los equipos de Agenda 2030, CONECC y SiCEM, los cuales forman parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.
La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.
Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.
A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) solicitó el apoyo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), para generar Indicadores con perspectiva de género para el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020.
Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).
Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.
El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
The high level of vulnerability of women and girls to climate change is closely related to the roles and norms attached to their gender. That is why it is essential to mainstream gender perspectives into climate action policies and programs, in order to evaluate the extent to which these instruments contribute to reducing gender inequality.
The interaction of men and women with the environment occurs differently according to their gender roles, needs, responsibilities, and established power relations. This means that environment and climate change effects impact them in different ways and to different extents. Women represent 43% of the agricultural workforce in developing countries, but only 5% have access to agricultural extension services. Likewise, they occupy just 14% of the managerial positions in the sector, with only 10% to 20% of landholders being women. Furthermore, women in forestry, fishing and agriculture receive only 7% of agricultural investment.
The conditions of inequality and discrimination against women and girls – as well as other vulnerable groups (older adults, people with physical disabilities, indigenous people, people living in poverty or marginalization, people in homelessness, etc.) – tend to exacerbate as a result of climate change, as their vulnerability to the adverse effects of this phenomenon is even greater.
Despite the international consensus that promoting gender equality helps reduce poverty, supports inclusive growth, and increases the effectiveness and sustainability of development initiatives, there is still a need for data according to sex, which consider gender an essential element to assess the relative situation of men and women at local, national and global levels in terms of the environment and climate change.
In this context, the Government of Mexico City (CDMX) through the Climate Change Directorate of the Ministry of the Environment of Mexico City (SEDEMA) requested the support of the Mexican-German Climate Change Alliance implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, to generate indicators with a gender perspective for the 2014-2020 Mexico City Climate Action Program.
This initiative was carried out through awareness-raising workshops and working groups at the inter-institutional level between the different agencies that report to the PACCM (Mexico City Climate Action Program), the Mexico City Institute for Women (Inmujeres CDMX), as well as liaisons and dependencies responsible for the implementation of lines of action for the Mexico City Special Program for Equal Opportunities and Non-Discrimination Against Women 2015-2018 (PEIOND).
Gender indicators have the special function of signaling social changes regarding gender relations over time. In the case of the PACCM, this translates into an effort to know to what extent the guidelines of this instrument help reduce the inequality gap between women and men, and address the needs and concerns of each group when faced with the effects of climate change.
Some challenges were identified due to the work being carried out to incorporate the gender perspective in the lines of action and PACCM indicators, such as changes in perception and recognition of the link between climate change and gender – or the lack of data and base lines to monitor and evaluate progress in this area. However, it is also possible to take the Mexico City government experience to promote a harmonization of public policies and coordination between institutions at a local level (Review: “Products, Results, Lessons Learned, and Recommendations”). Likewise, this tool presents an easily replicable method for state and municipal governments to integrate gender perspectives into their sectoral attributions, thereby identifying and formulating mitigation and adaptation actions to climate change.
Hay innumerables formas en las que el sistema alimentario mundial se pondrá a prueba y causará tensión en las próximas semanas y meses. La mayoría de las apreciaciones actuales prevén en general una contracción tanto en la oferta como en la demanda de productos agrícolas, y señalan posibles interrupciones en el comercio y la logística. Los grupos vulnerables incluyen a los pequeños agricultores, a quienes se les puede impedir trabajar su tierra, acceder a los mercados para vender sus productos o comprar semillas y otros insumos esenciales.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una de las consecuencias de la pandemia será un menor suministro de productos como fertilizantes, pesticidas y semillas, que probablemente reducirán los rendimientos más adelante en el año. En México, los pequeños agricultores dependen en gran medida de estos insumos. Esta alta dependencia de pesticidas y fertilizantes comerciales y la presión derivada de su escasez podrían reducirse al adoptar opciones ecológicas como el control biológico de plagas y el uso de fertilizantes naturales. La promoción de los bancos comunitarios de semillas no solo reduciría la dependencia de los agricultores de las semillas comerciales, sino que también promovería el uso de semillas locales que se adapten mejor a los patrones climáticos cambiantes.
Por otro lado, la agricultura de precisión podría proporcionar una reducción de costos para los agricultores que luchan por llegar a fin de mes y enfrentan enfermedades o restricciones de cuarentena. Los agricultores mexicanos dependen en gran medida de los insumos laborales y están particularmente expuestos al COVID-19.
La pandemia afectará a todos los elementos del sistema alimentario, desde el suministro primario pasando por el procesamiento, el comercio y los sistemas logísticos nacionales e internacionales, hasta la demanda intermedia y final. En México, las cadenas productivas dependen en gran medida de intermediarios independientes. Las cadenas de valor bien integradas y coordinadas, con una estrecha participación de todos los eslabones de la cadena productiva y centrados en los mercados locales, garantizarán un proceso más estable para todas las partes interesadas.
Los agricultores en América Latina no solo están produciendo con altas tarifas de deuda, sino que sus tasas de interés son significativamente más altas que en los países de altos ingresos. Por lo tanto, están más expuestos a un posible impacto en el costo del capital, que puede surgir de los cambios en las tasas de interés. Los mecanismos financieros diseñados específicamente para los pequeños agricultores podrían ayudar a aliviar esta situación.
Para generar un instrumento que ayude a aterrizar los esfuerzos por aumentar la resiliencia de México ante el cambio climático y al cumplimiento de las NDC en materia de adaptación, el proceso de elaboración de la Política Nacional de Adaptación (NAP) deberá ser participativo, representativo y utilizar la perspectiva de regionalización.
Las reformas de julio de 2018 a la Ley General de Cambio Climático buscaron armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París en 2015. Una de las reformas en materia de adaptación contempla la creación de una Política Nacional de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), bajo el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, que fortalezca y facilite las sinergias entre los diversos mandatos internacionales, nacionales y subnacionales en la materia.
Con la intención de orientar la preparación de la fase previa al proceso formal de elaboración de la NAP, el proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), coordinó y supervisó la elaboración del documento “Apoyo en el diseño de una hoja de ruta para planificación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de México (NAP)” (Enero 2019), destinado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El documento hace una revisión de los marcos institucionales, legales y políticos que sustentan la acción climática de adaptación en México, para generar la propuesta de una hoja de ruta que indique los componentes y actividades específicas necesarias para la formulación de la NAP. Entre los elementos más importantes de la hoja de ruta se encuentra la pertinencia de realizar un amplio proceso participativo -con actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y locales- que facilite la recopilación de experiencias e iniciativas para generar una política pública exitosa que refleje las inquietudes y prioridades reales de la población.
Dada la diversidad ecosistémica y climática del territorio mexicano, se plantea la necesidad de apoyarse en una perspectiva de regionalización como característica indispensable en el proceso de elaboración de la NAP. De esta manera, se pretende atender la diversidad de vulnerabilidades y los impactos diferenciados, presentes y futuros, que se dan en el país. Esta propuesta facilitaría la adopción de distintos tipos de enfoques de adaptación que respondan a las prioridades de cada zona y los sectores involucrados.
Trazar un eje común en materia de adaptación a través de una Política Nacional de Adaptación holística, descentralizada y representativa, posibilita la adopción de medidas concretas y efectivas que aumenten la resiliencia de México a través de la política climática a nivel subnacional.
En el marco del reciente lanzamiento del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en México en enero 2020, el proyecto Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de GIZ realiza actividades de desarrollo de capacidades, difusión y diálogo sobre el SCE con diversos actores. La intención es trabajar junto a sector público, privado y sociedad civil a fin de favorecer un entorno propicio para la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en el país.
En este contexto, en conjunto con el Instituto Mora y la editorial académica Springer, el proyecto SiCEM está apoyando un esfuerzo colaborativo para la redacción de un libro académico multi-autor sobre el Sistema de Comercio de Emisiones en México. En este libro participarán académicos de importantes centros de investigación nacionales e internacionales. Recientemente, se convocó a estos investigadores e investigadoras a un seminario para la presentación de sus avances, así como para sostener una interesante conversación que permitió conformar la estructura temática del libro.
El seminario se llevó a cabo el 10 de marzo de 2020, en las instalaciones del Instituto Mora, en la Ciudad de México. El evento fue convocado por esta institución, con apoyo del proyecto SiCEM implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMU). Contó con la participación de distinguidas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Anáhuac, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, participaron de forma virtual investigadores de universidades y centros de investigación internacionales como la Stanford University, University of California y la Alexander Von Humboldt Foundation.
La conversación giró alrededor de diferentes áreas temáticas. En primer lugar, se identificó la necesidad de que el libro contuviera una sección de contextualización del SCE en el entramado de políticas públicas del país y el cumplimiento de las agendas internacionales. Se discutió también la importancia de analizar el marco jurídico que sustenta la implementación del SCE en México, así como su estructura institucional y de gobernanza. Finalmente, se sebatió sobre los elementos de diseño del SCE y las perspectivas que, conforme el SCE mexicano transite de su fase de prueba a la fase operativa, permitirán fortalecer aún más este instrumento.
La investigación académica en materia del SCE es clave para generar análisis e insumos que permitan fortalecer la Fase Operativa del instrumento. En este sentido, el proyecto SiCEM continuará apoyando las actividades de promoción de esta investigación en México. En los próximos meses se continuarán presentando en el blog de “IKI-Alliance México” los esfuerzos de desarrollo de capacidades, facilitación de diálogo y estudios técnicos adicionales para el fortalecimiento del diseño del sistema.
Para mayor información sobre este tema, favor de contactarnos en: Comercio.Emisiones-MX@giz.de
El sector de la construcción es esencial para una recuperación de la economía tras la crisis de COVID-19. Puede generar grandes cantidades de empleo en poco tiempo e implica cadenas de valor de amplio alcance para negocios pequeños y grandes. En 2015, el sector representó un 11-13% del PIB mundial. De hecho, es uno de los principales empleadores con un 7% del empleo total mundial o lo que son 220 millones de trabajos que dependen del sector. En 2018, se gastaron 4.5 billones de dólares en construcción y renovación de edificaciones a nivel mundial.
Al mismo tiempo, el sector de la construcción tiene una enorme oportunidad, y en gran medida no utilizada, para responder a la crisis climática. La construcción y la operación de edificios son responsables del 40% de la energía relacionada con las emisiones de dióxido de carbono (CO2), incluso más que los sectores de la industria y el transporte. Esta tendencia está acelerándose, debido a que el uso del suelo para construcción se duplicará para 2060 y la demanda de energía está creciendo rápidamente.
Los edificios verdes pueden ayudar tanto a la economía como al clima
El sector de la construcción tiene el potencial de un doble triunfo: proporcionar una poderosa herramienta para estimular la economía mientras traslada al sector hacia un estado nuevo y más verde. Para pequeñas inversiones adicionales, los edificios verdes pueden lograr enormes ahorros de costos y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que la realización del potencial de edificios sostenibles ahorraría 1.1 billones de dólares para 2050. Sin embargo, el negocio inmobiliario es lento para cambiar su manera de hacer las cosas y movilizar estas pequeñas inversiones adicionales sin impulsos externos en la forma de obligaciones legales o incentivos.
La respuesta de la crisis como una inversión en el futuro: Ejemplos de la República de Corea, Alemania y EU
En este momento de crisis global tenemos una oportunidad única para cambiar el curso del sector de la construcción y destinar inversiones para la construcción verde. Gobiernos de todo el mundo están ideando las mejores estrategias para enfrentar la crisis, bajo una enorme presión de tiempo. Si aspiramos a la situación habitual (business-as-usual), repetiremos o hasta agravaremos los errores del pasado. En cambio, necesitamos de manera urgente cambiar el camino del sector de la construcción para avanzar hacia edificios verdes o, incluso, edificios de cero emisiones de carbono.
La respuesta a la crisis debería ser una inversión en el futuro. Los gobiernos ya utilizaron con éxito programas de construcción verde para ayudar a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, la República de Corea usó medidas de estímulo para construcción verde que combinaban políticas estrictas con apoyo financiero. Un código de edificios verdes para grandes edificios residenciales requería una mejora de la eficiencia energética de un 20%. Paralelamente, el gobierno proporcionó un programa de incentivos financieros para la modernización de viviendas. El “Programa de Certificación Energética de Edificios” se extendió gradualmente a todos los tipos de construcción.
Alemania usó programas para la construcción y renovación de eficiencia energética. Los préstamos preferenciales para nuevos edificios residenciales, municipales y sociales establecen estándares cada vez más altos para la eficiencia energética. Con una financiación gubernamental de dos mil millones de euros en 2016, los programas impulsaron inversiones de 45 mil millones de euros, aproximadamente la mitad de los cuales se gastaron directamente en medidas de eficiencia energética. En 2016, se financiaron más de 400,000 unidades residenciales privadas y se indujeron 286,000 trabajos. Los edificios subsidiados ahorraron 1,730 GWh de la energía final y 619,000 toneladas de emisiones de GEI en 2017.
Estados Unidos proporcionó más de 11 mil millones de dólares en fondos de estímulo para programas de mejora en los sectores de construcción de viviendas, negocios, edificios de gobierno e instalaciones públicas como escuelas y hospitales luego de la crisis financiera. Estos programas generaron cerca de dos dólares de ahorros en costos de energía por cada dólar invertido. Se crearon más de 200,000 de empleos.
Existen proyectos exitosos para programas de construcción verde
Los programas de construcción verde pueden estimular la actividad económica y crear empleos, al mismo tiempo que se logran metas ambientales y sociales. El programa franco-alemán PEEB está trabajando actualmente con sus países socios en Marruecos y Vietnam en dichos programas de estímulo de eficiencia energética para edificios.
Se puede emplear una combinación de varios instrumentos como incentivos financieros o contratación pública, enfocada lo mismo a inversionistas o a usuarios particulares. Esto puede realizarse a través de:
- Programas de eficiencia energética residenciales o comerciales para nuevos edificios o remodelaciones que usen fondos públicos para impulsar inversiones privadas, a través de instrumentos tales como subsidios, subvenciones y préstamos en condiciones favorables.
- Programas de contratación pública para eficiencia energética en edificios públicos a través de modificaciones o construcciones nuevas, por ejemplo, en escuelas, hospitales o edificios administrativos, al mismo tiempo pueden mejorar los estándares higiénicos.
- Programas de reemplazo para equipos y electrodomésticos, tales como calentadores, iluminación de bajo consumo de energía a través de programas compras al por mayor de electrodomésticos o instalación, que proporcionen incentivos financieros, como subsidios o exenciones de impuestos a proveedores (oferta) u hogares (demanda).
- Generación de energía verde en edificios que proporcione incentivos a hogares o inversionistas privados.
Se deben desarrollar políticas y estándares ambiciosos para edificios verdes en paralelo, para asegurar una transformación duradera del sector de construcción. Esto debería acompañarse por la transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades locales de construcción y edificios verdes.
“Compromiso” – Condicionalidad verde para los paquetes de estímulo para el sector de construcción
Los paquetes de estímulo verde para la industria de la construcción deben tener “compromisos”: una “condicionalidad verde” es necesaria para elevar las exigencias a los edificios que reciben apoyo.
Se pueden aplicar algunos criterios básicos, basados en el contexto nacional, para favorecer un desarrollo sostenible del sector de construcción a largo plazo:
- Desempeño gratificante: las metas de mayor rendimiento energético o bajo en carbono deben ser recompensados con mayores incentivos financieros.
- Incentivos para la certificación y etiquetado de proyectos a través de una inclusión sistemática de eficiencia energética y criterios ambientales en la documentación de adquisiciones y los préstamos públicos y privados.
- Tratamiento preferencial para edificios verdes: Se debe dar prioridad a los proyectos de construcción verdes, por ejemplo, mediante la inclusión de criterios verdes para la contratación pública o el procesamiento “acelerado” de los permisos de construcción.
- Acelerar políticas climáticas nacionales: los programas de estímulo económico a corto plazo deben orientarse hacia el desarrollo sostenible y climático del país.
Al establecer criterios inteligentes y efectivos para edificios verdes, los paquetes de estímulo a corto plazo pueden convertirse en una doble herramienta para la recuperación económica y la sostenibilidad ambiental. Si trabajamos para lograr la meta de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC, por sus siglas en inglés) de un sector de construcción y edificios de cero emisiones, eficiente y resiliente, la respuesta a la crisis se convierte en una inversión en el futuro.
Fuente: SDG Knowledge Hub
The construction sector is essential for an economic recovery after the COVID-19 crisis. It can rapidly create large amounts of jobs and involves far-reaching value chains of small and large businesses. In 2015, the sector accounted for 11-13% of global GDP. It is indeed a major employer: 7% of total global employment or 220 million jobs depend on it. Globally, USD 4.5 trillion were spent on construction and renovation of buildings in 2018.
At the same time, the building sector presents a massive – and largely unused – opportunity to respond to the climate crisis. The construction and operation of buildings is responsible for 40% of all energy-related carbon dioxide (CO2) emissions, even more than transport or industry. This trend is accelerating, as the building floor area is set to double by 2060, and energy demand is growing fast.
Green Buildings Help Both Economy and Climate
The building sector holds the potential for a double win: providing a powerful tool to stimulate the economy, while moving the whole sector to a new and greener state. For small extra investments, green buildings can achieve massive long-term savings of cost and greenhouse gas (GHG) emissions. The International Energy Agency (IEA) estimates that realizing the potential of sustainable buildings will save USD 1.1 trillion by 2050. Nevertheless, the real estate business is slow to change its way of doing things and mobilize these small extra investments without external nudges in the form of legal obligations or incentives.
Crisis Response as Investment in the Future: Examples from Republic of Korea, Germany and US
Therefore, we have at this moment of global crisis a unique opportunity to shift the course of the building sector and earmark investments for green construction. Governments all over the globe are devising the best strategies to deal with the crisis, under enormous time pressure. If we aim for “business-as-usual,” we will repeat or even aggravate the mistakes of the past. Instead, we need to urgently change the path of the building sector to move towards green buildings, or even zero-carbon buildings.
The response to the crisis should be an investment in the future. Governments already successfully used green building programmes to help recover from the financial crisis in 2008. For example, the Republic of Korea used stimulus measures for green buildings that combined stricter policies with financial support. A green building code for large residential buildings required a 20% energy efficiency improvement. In parallel, the government provided a financial incentive programme for the retrofitting of homes. A ‘Building Energy Certification Programme’ was gradually extended to all building types.
Germany used programmes for energy-efficient construction and refurbishment. Preferential loans for new residential constructions and refurbishments of residential, municipal, and social buildings set increasingly higher standards for energy efficiency. With government funding of EUR 2 billion in 2016, the programmes leveraged investments of EUR 45 billion, roughly half of which was directly spent on energy efficiency measures. In 2016, more than 400,000 private residential units were financed and 286,000 jobs induced. The subsidised buildings saved 1,730 GWh of final energy and 619,000 tonnes of GHG emissions in 2017.
The US provided more than USD 11 billion in stimulus funding for building upgrade programmes in sectors such as homes, businesses, government buildings, and public facilities such as schools and hospitals after the financial crisis. These programmes delivered about USD 2 in energy cost savings for every USD 1 invested. More than 200,000 jobs were created.
Successful Blueprints for Green Building Programmes Exist
Green building programmes can stimulate economic activity and create jobs, while simultaneously achieving environmental and social goals. The French-German PEEB programme is currently working with its partner countries in Morocco and Vietnam on such stimulus programmes for energy-efficient buildings.
A combination of several instruments such as financial incentives or public procurement can be employed, targeting either investors or private households. This can be done through:
- Residential or commercial energy efficiency programmes for new buildings or refurbishments that use public funds to leverage private investments, through instruments such as subsidies, grants, or concessional loans.
- Public procurement programmes for energy efficiency in public buildings through retrofits or new construction, for example in schools, hospitals or administrative buildings, can improve hygienic standards at the same time.
- Replacement programmes for equipment and appliances, such as boilers, energy-efficient lighting or household appliances through bulk purchasing or installation programmes, which provide financial incentives, like subsidies or tax exemptions, to suppliers (supply-side) or households (demand side).
- Green energy generation in buildings, providing incentives to households or private investors.
Ambitious policies and standards for green buildings should be developed in parallel, to ensure a lasting transformation of the building sector. This should be accompanied by knowledge transfer and the development of local green building and construction skills.
“Strings Attached” – Green Conditionality for Stimulus Packages for Building Sector
Green stimulus packages for the construction industry need to have “strings attached”: a “green conditionality” is needed to set the bar higher for buildings that receive support.
Some basic criteria can be applied, based on the national context, to favor a sustainable development of the construction sector in the long term:
- Rewarding performance: higher energy or low-carbon performance goals should be rewarded with higher financial incentives.
- Incentives for project certification and labeling through a systematic inclusion of energy efficiency and environmental criteria in public and private procurement documentation and lending.
- Preferential treatment for green buildings: Priority should be given to green construction projects, for example through including green criteria for public procurement or “fast track” processing of building permits.
- Accelerate national climate policies: short-term economic stimulus programmes should be geared towards a country’s climate and sustainable development
By setting smart and effective criteria for green buildings, short-term stimulus packages can become a double tool for economic recovery and environmental sustainability. If we work towards the goals of the Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) of a zero-emission, efficient, and resilient building and construction sector, the response to the crisis becomes an investment into the future.
Source: SDG Knowledge Hub
As Mexico is a megadiverse, multicultural country and highly vulnerable to the impacts of climate change, the Ecosystem-based Adaptation (EbA) approach is being integrated into national instruments to select high-impact adaptation measures that contribute to reducing vulnerability and fulfilling the Paris Agreement.
In October 2015, the Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) – with the support of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, through the Mexican-German Climate Change Alliance – presented the first version of the Methodology for the Prioritization of Adaptation Measures against Climate Change. This document considers the list of criteria contemplated in ENCC 10-20-40 and involves the economic evaluation of each of the contemplated adaptation measures. Since then, it has served as a guide for the development of the State-level Climate Change Programs (PECCs) and Climate Change Adaptation Programs (PACC) in Protected Natural Areas (NPA).
Considering Mexico’s megadiversity, both in climates and ecosystems, the Update of the Methodology for the Prioritization of Adaptation Measures was presented in 2018, with the integration of the EbA approach as its main feature. This approach addresses the country’s potential to reduce its vulnerability, and that of its population, through the sustainable management of resources, the restoration of ecosystems, and the conservation of biodiversity.
The methodology contemplates a participative process at each stage, involving all the actors that benefit from ecosystem services. In addition to functioning as an exercise in transparency and governance, the methodology demonstrates the potential of prioritizing EbA measures at a sectoral level, and even a private sector level, in response to the potential impacts to their productive activities caused by climate change.
Other great benefits of emphasizing the EbA approach in the selection of adaptation measures are the integration of local knowledge and the contribution to disaster risk reduction. Furthermore, EbA projects can be more cost-effective and accessible compared to other gray adaptation measures (construction of infrastructure and/or engineering works); this in turn favors the access to the portfolios of projects applicable for some type of green financing.
Siendo México un país megadiverso, multicultural y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, se integra el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) a los instrumentos nacionales para seleccionar medidas de adaptación de alto impacto que aporten a la reducción de la vulnerabilidad y al cumplimiento de los Acuerdos de París.
En octubre del 2015 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, presentaron la primera versión de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático. Este documento considera la lista de criterios contemplados en la ENCC 10-20-40 e involucra la valoración económica de cada medida de adaptación contemplada. Desde entonces, ha servido como guía para la elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático (PECCs) y los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Tomando en cuenta la megadiversidad de México, tanto en climas como ecosistemas, en 2018 se presentó la Actualización de la Metodología para la priorización de Medidas de Adaptación, cuya particularidad fue la integración del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Este enfoque atiende el potencial del país para reducir su vulnerabilidad y la de su población por medio de la gestión sustentable de los recursos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.
Esta metodología contempla el proceso participativo en cada etapa, involucrando a todos los actores que se benefician de los servicios ecosistémicos. Lo anterior, además de servir como ejercicio de transparencia y gobernanza, evidencia el potencial que tiene la priorización de medidas AbE para ser replicada a nivel sectorial e incluso por parte del sector privado, en respuesta a las afectaciones que presenten sus actividades productivas como resultado del cambio climático.
Otras de las grandes ventajas de enfatizar el enfoque AbE en la selección de medidas de adaptación son la integración del conocimiento local y la contribución a la reducción de riesgo de desastres. Además, los proyectos AbE pueden resultar más costo-efectivos y accesibles en comparación con otras medidas grises de adaptación (construcción de infraestructura y/o ingeniería de obras); lo que a su vez propicia el acceso a portafolios de proyectos acreedores a algún tipo de financiamiento verde.