Communities that conserve, restore and sustainably exploit mangroves depend on the fair marketing of their products. Mundo Manglar is a strategy that seeks to connect local products with responsible consumer markets – a particularly relevant proposal in the face of the COVID-19 pandemic and its impacts on the local economy.

In the context of the COVID-19 health contingency, the need to promote consumption in fairer markets, favoring local economies and projects based on the sustainable use of our ecosystems, has been highlighted. Mundo Manglar is a promotional initiative led by Pronatura Veracruz A.C. to sensitize the market to the importance of mangroves and the environmental services they provide. The responsible consumption of products such as wood, charcoal, and honey contributes to the conservation of biodiversity and boosts local economies, especially in the face of the global health contingency.

The project “Restoration of the mangrove landscape; an opportunity for social development at the RAMSAR Sistema Laguna de Alvarado site in Veracruz, Mexico” (financed by Germany’s Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, BMU, within the IKI initiative) aims to generate a long-term strategy for mangrove restoration, which simultaneously lays the foundation for sustainable use and commercialization in fair markets.

 

 

Local livelihoods that depend directly on mangroves have been heavily impacted by the health contingency. Activities such as fishing or the production of charcoal, wood, and mangrove honey are linked with other economic sectors that are currently detained or restricted – such as tourism and local food consumption.

The health emergency requires a response that can mitigate direct impacts and, in turn, create opportunities to strengthen projects in the face of the medium-term repercussions. Analyzing the value chains in the face of the pandemic allows us to identify implications and specific actions to move forwards with the commercialization of mangrove products.

In this context, the Mundo Manglar website and campaign takes on more relevance and also faces important challenges. It must enable effective digital sales and delivery systems, considering the communities’ limited access to digital media. On the other hand, we must sensitize the market to maintain and increase the consumption of products with fair prices, both during the contingency and the medium-term repercussions of COVID-19.

El programa de Empresas de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático (WaCCliM) es implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) en México, esto en coordinación directa con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El objetivo principal del programa es apoyar a los organismos operadores (OO) de agua y saneamiento en reducir su huella de carbono y aumentar su resiliencia climática.

El aumento en la frecuencia del lavado de manos es una de las actividades primordiales que el gobierno mexicano promueve como medida para reducir la posibilidad de contagio del virus COVID-19. Esta actividad tan cotidiana nos lleva a poner mucha más atención en el “tras bambalinas” del sector agua y saneamiento y la relevancia de contar con un sector funcional para que las personas en cualquier parte del país puedan tener acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes para llevar a cabo esta medida de prevención.

Las actividades del programa WaCCliM tienen una relación directa y orgánica con la recuperación sustentable (green recovery) que se vislumbra para los siguientes meses/años, entre ellas están el fortalecimiento a las capacidades del personal operativo que trabaja actualmente en los OO, mejorar los servicios de salud pública al promover el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a lo largo del país, impulsar y replicar el uso de tecnologías que minimicen la huella de carbono en los OO y que a su vez demanda la profesionalización del sector para proveer servicios de consultoría técnica y de implementación de tecnologías amigables con el ambiente.

The Water and Sanitation Companies program for Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM) is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Mexico, in direct coordination with the National Water Commission (CONAGUA). The program’s main aim is to support water and sanitation operating agencies (OOs) in reducing their carbon footprint and increasing their climate resilience.

Increasing the frequency of handwashing is one of the main activities promoted by the Mexican Government to reduce the spreading of the COVID-19 virus. This daily activity leads us to pay much more attention to the “behind the scenes” of the water and sanitation sector, as well as the importance that it function, so that people in any part of the country can have access to enough water – in quality and quantity – to carry out this preventive measure.

The activities of the WaCCliM program have a direct and organic relationship with the sustainable recovery (green recovery) that is expected during the following months or years. They include: strengthening the capacities of the operational personnel currently working in OOs; improving public health services by promoting access to drinking water and sanitation services throughout the country; promoting and replicating the use of technologies that minimize the carbon footprint of OOs and which, in turn, require the professionalization of the sector, in order to provide technical consulting services and the implementation of environmentally friendly technologies.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.

Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.

Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.

Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.

Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.

Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.

El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.

Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.

Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).

A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.

 

Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.

 

El proyecto Huella Climática es liderado por The Climate Group como secretaría de la Coalición Under2, y apoya a gobiernos estatales y regionales en México, Brasil, India y Sudáfrica. Sus principales objetivos son:

  • Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
  • Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
  • Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.

Después de un proceso participativo multiactor, el programa CiClim apoyó el desarrollo de la estructura conceptual y metodológica para poner en funcionamiento modelos de pago por servicios ambientales en dos ciudades.

Los habitantes de León (Guanajuato) padecen de una problemática relacionada al servicio de abastecimiento de agua (90% está sobreexplotado) y sufren de la mala calidad del aire (173 días del año 2017 fuera de norma). En este contexto, el 75% de la población encuestada a través de redes sociales mostró estar dispuesta a aportar de forma voluntaria entre $2 y $15 más al momento de pagar su recibo de agua o pagar la verificación vehicular. Este financiamiento será administrado por el Fondo Ambiental Municipal ya existente y se destinará para actividades que ayuden a recuperar las áreas verdes urbanas y posteriormente al área natural protegida Sierra de Lobos, conforme se vayan aprobando los proyectos sometidos a las reglas de operación de dicho Fondo.

 

Sierra de Lobos, ANP de León Guanajuato Crédito: GIZ CiClim © 2019

 

En Morelia (Michoacán) se consideró como grave la sobrexplotación del acuífero que abastece a la ciudad y que tiene relación con el estado actual de las principales áreas naturales protegidas estatales y municipales. En esta ciudad, las encuestas (muestreo directo de la población) informaron que el 80% de los entrevistados tiene buena disposición para una aportación voluntaria de dinero, entre $2 y $12 bimestrales, cuyo enfoque sea para financiar proyectos relacionados a la conservación de las áreas protegidas. El Gobierno municipal está en el proceso de aprobación del Fondo Ambiental, para administrar los recursos y coordinar los programas planteados.

 

Rio Chiquito, ANP Morelia Mich. Crédito: GIZ CiClim © 2019

 

A la fecha de redacción de este texto, aún se trabaja en el caso de un mecanismo de compensación forestal para el municipio de Mérida (Yucatán).

Este proyecto es implementado por el Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) y forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.

COVID-19 has affected Mexico since February 27 of this year and with it, the people’s mobility and interaction has been restricted. One of the most vulnerable sectors to these measures is the Tourism sector.

According to preliminary figures from the World Tourism Organization, a loss of approximately 45 billion dollars is estimated, and a decrease between 60 and 80% in the arrival of international tourists in 2020. To equate these figures, that means losing almost twice the amount of foreign exchange registered in 2019.

The situation is complex and challenging for everyone, especially for small and medium-sized enterprises and the population that depends on them. José Benigno Torres, President of the San Miguel de Allende Business Coordinating Council, stated that, at least in this tourist destination:

“There is a risk of 60% of hotels closing permanently, and around 40% of restaurants… And those of us who are going to transcend this epidemic face particularly important challenges: we must reinvent the way in which we provide our services and learn from this huge health crisis.”

As a consequence, business dialogues have been taking place in several parts of the country, reflecting upon the way tourism developed before the crisis and if it is adequate for this new reality. Likewise, some reflections are being shared regarding the lessons that should permeate in future sector decisions. The Bahía de Banderas and Puerto Vallarta Business Association (AEBBA), through its president, Jorge Villanueva, stated:

“The great lesson that COVID leaves us is the folly of humanity by not protecting nature, in many areas. We cannot go back to doing things the same way. We have to be more socially and environmentally responsible.”

Without a doubt, the total impacts on tourism will be documented with more certainty in the months following the end of the pandemic and in accordance with the mobility regulations that each country establishes. Therefore, this moment is an opportunity to create creative strategies that permit the economic, social, and environmental recovery of the country.

For more information, we invite you to read a special newsletter on COVID 19 and Tourism (in Spanish).

El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.

De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.

La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:

“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.

Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:

“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”

Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.

Para más información, te invitamos a leer un boletín especial sobre el COVID 19 y el Turismo.

La movilidad humana en el contexto del cambio climático ha ganado espacio en agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático. La formulación de los Planes Nacionales de Adaptación de los países miembros de la CMNUCC tras la COP 16 representa una oportunidad para considerar la migración climática interna desde una perspectiva de derechos humanos.

La migración climática es una realidad en todas las partes del mundo. Con el aumento de la temperatura promedio global a 1,5°C habrá un aumento en los incidentes de migración y desplazamiento internos. El desafío es mucho mayor para los países más vulnerables: Países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Según un estudio realizado por el Banco Mundial se proyecta que para 2050, solo en África subsahariana, Asia meridional y América Latina cerca de 143 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los impactos del cambio climático.

Bajo el Marco de Adaptación de Cancún de 2010, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) asumieron el compromiso de intensificar sus labores relativas a la identificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras cosas, a través de emprender medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030 aborda los desplazamientos causados o no por desastres climáticos, así como la contribución de los migrantes a la capacidad de recuperación en su lugar de destino. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la migración y el desplazamiento inducidos por el clima es aún incipiente dentro de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

La movilidad humana relacionada con riesgos climáticos puede darse en respuesta a diferentes tipos de riesgos y de diversas formas: desplazamiento forzado, migración voluntaria, relocalización organizada, al interior de un país o a través de fronteras, de forma individual o comunitaria. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene una perspectiva de desarrollo sostenible, a través de la cual se pueden atender las necesidades y reducir vulnerabilidades de poblaciones expuestas a factores ambientales mediante la reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático.

Una de las iniciativas que más fuerza ha tomado en la materia a nivel internacional es entender la migración como parte de la estrategia de adaptación que se puede promover a través de la reubicación y el reasentamiento planificados, o bien mediante la migración temporal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la capacidad de migrar, más allá de un derecho humano, es una función de la movilidad y los recursos (tanto financieros como sociales); es decir, las personas más vulnerables al cambio climático no son necesariamente las que tienen más probabilidades de migrar.

Entender el contexto que motiva el desplazamiento de las personas por motivos asociados con el cambio climático es importante. Sin embargo, más allá de adoptar un enfoque centrado en el riesgo, el reto de la agenda internacional y de los marcos regulatorios a nivel internacional reside en atender un enfoque centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, del movimiento en sí mismo y el destino. Más aún, debe estar centrado en quienes, por motivos económicos, sociales o culturales, se ven obligados a permanecer en las áreas afectadas o de mayor riesgo.

A la fecha, solo algunos países han terminado de formular su Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Para el caso de México, el gobierno tiene la encomienda de iniciar un proceso de construcción participativa con actores regionales. Por su parte, otros países aún están definiendo su estrategia para el cumplimiento de las NDC, ya sea en el aumento de la ambición de las metas o en la actualización de los compromisos nacionales. Esto representa la oportunidad para estos países de considerar el riesgo climático y los desafíos y oportunidades de la migración en la planificación del desarrollo nacional, desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las personas.

Los indicadores juegan un papel crítico en los mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la implementación de medidas climáticas. Además de fomentar la transparencia, permiten justificar las inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático como acciones eficaces y sostenibles.

En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce en su artículo 27° que la política nacional de adaptación frente al cambio climático “se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación”. Esto, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos del cambio climático. Esta disposición resulta imprescindible para vislumbrar el avance que México ha tenido en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en materia de adaptación.

Los instrumentos de Monitoreo y Evaluación (M&E) además de facilitar el seguimiento al avance de los proyectos, funcionan como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que resulta atractivo para tomadores de decisiones, tanto políticos como financieros. En este sentido, los gestores de proyectos de adaptación al cambio climático deben diseñar mecanismos de M&E con indicadores que faciliten conclusiones inequívocas sobre la forma en que las medidas de adaptación contribuyen a reducir las vulnerabilidades frente a las consecuencias del cambio climático.

La formulación de indicadores para el seguimiento y comprobación de los resultados de proyectos de adaptación presenta desafíos relacionados con incertidumbres sobre las consecuencias locales y regionales del cambio climático, el horizonte temporal de la variabilidad climática y la relación entre el cambio climático y otros aspectos sociales. Asimismo, dada la diversidad de contextos socioculturales, sociopolíticos y geográficos, no existe un indicador o lista de indicadores universales que permitan evaluar los resultados de la adaptación y fomentar su replicabilidad.