El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Bancos de México (ABM) han establecido un Programa de Desarrollo de Capacidades de Riesgo Climático destinado a fortalecer la capacidad institucional y operativa de los bancos mexicanos para identificar y gestionar los riesgos climáticos, ambientales y sociales. Dentro de este programa, se inició una nueva etapa con el objetivo de analizar las brechas en los sistemas de gobierno y en la gestión de riesgos climáticos, ambientales y sociales en los bancos mexicanos en relación con las recomendaciones de TCFD.
Los objetivos específicos del proyecto son:
Proporcionar conocimiento sobre las principales tendencias internacionales y ejemplos prácticos de bancos que se alinean con estas tendencias regulatorias y/o voluntarias.
Identificar, a través de un ejercicio de evaluación comparativa internacional, las mejores prácticas de gobernabilidad dentro de los bancos en América Latina y el Caribe que sean líderes de finanzas sustentables en su contexto de operación y/o “adoptadores tempranos” de las recomendaciones del TCFD.
Desarrollar una herramienta para la identificación y el análisis de las estructuras y prácticas de gobierno de EC&S para la gestión de riesgos climáticos, ambientales y sociales dentro de los bancos en México. La herramienta permitirá la autoevaluación por parte de los bancos de su desempeño con respecto a la implementación de las recomendaciones de TCFD para la gobernabilidad y la gestión del riesgo climático, así como la comparación con sus pares. Fácil de usar y accesible para todos los bancos interesados, los resultados de su aplicación permitirán el análisis de las brechas existentes, la identificación de objetivos a corto y mediano plazo y la visualización del progreso realizado en la implementación de las recomendaciones de TCFD.
Utilizar la herramienta para evaluar el desempeño de una muestra de 3-5 bancos mexicanos en términos de gobernanza y prácticas para la gestión de riesgos climáticos, ambientales y sociales.
Facilitar un taller de capacitación con los bancos miembros de la ABM y otros bancos interesados donde se presentará la herramienta y sus posibles aplicaciones, junto con resultados anónimos de su aplicación a los involucrados. Se organizará una serie de ejercicios grupales para analizar las principales brechas y discutir las posibles barreras y habilitadores para la gestión del riesgo climático en los bancos mexicanos. El taller también permitirá la elaboración de “mapas de ruta” para la implementación de TCFD mediante la identificación de objetivos, actividades y cronogramas con respecto a cada criterio.
Como parte de esta iniciativa, la representante de Acclimatise, Laura Canevari, fue invitada a participar en un taller organizado durante el XIV Simposio sobre Gestión de Riesgos, celebrado en el Hilton Reforma en la Ciudad de México el 29 de mayo. Aquí, presentó los resultados recientes del primer proyecto piloto del PNUMA-FI con el sector bancario sobre la implementación de TCFD y reflexionó sobre los riesgos climáticos y las mejores prácticas de divulgación de oportunidades de todo el mundo.
Durante el taller, representantes de diferentes instituciones financieras dentro del país participaron en un diálogo para explorar ejemplos de sistemas de gestión de riesgos y gobernanza para riesgos socioambientales y climáticos, y para conocer casos prácticos, herramientas y marcos de referencia internacionales que pueden ayudarlos a preparar el camino hacia divulgaciones alineadas al TCFD.
Foto: Noticias sobre Acclimatise.
Las palabras de apertura de Rafael del Villar Alrich, asesor de gobernanza del Banco de México (una de las 36 instituciones financieras en la Iniciativa de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero) se complementaron con presentaciones de la ABM, Banobras, Bancolombia Banamext, así como de CEBDS Brasil y GIZ. Como señaló Alan Gómez Hernández, coordinador del Comité de Sostenibilidad de la ABM, el cambio climático debe considerarse como un problema fundamental que afecta al sector privado: Un tema de negocios con repercusiones positivas y negativas potencialmente significativas.
Como señaló Virna Gutiérrez (Banobras), se deben reconocer y abordar estos problemas en altos niveles de gobernanza dentro de los bancos, con el apoyo de sistemas de gestión de riesgos que puedan respaldar la identificación y evaluación de políticas para mitigar riesgos potenciales y buscar oportunidades potenciales. Se están tomando medidas para hacer esto posible. En América del Sur, por ejemplo, Bancolombia ha reconocido el papel que debe desempeñar en la financiación de la transición a una economía baja en carbono, con una política climática bien establecida para informar su estrategia. También son actores activos en las conversaciones gubernamentales y tienen un grupo interno muy cohesionado dentro del banco que trabaja para avanzar en temas de sostenibilidad y gestión del riesgo climático y se involucra directamente con clientes potenciales para fomentar el desarrollo de sus bonos verdes y líneas de crédito. Todas estas actividades se informan a la junta directiva, que estableció un objetivo de diez mil millones de dólares en inversiones climáticas para 2030.
Los bancos mexicanos también están dando pasos hacia adelante. El Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) de Banamext, por ejemplo, establece un marco de gestión integral que incluye políticas, procedimientos, herramientas y acciones de difusión interna, así como también necesidades de capacitación para identificar, supervisar y gestionar la exposición que el banco puede tener contra impactos ambientales y sociales potenciales dentro del proceso de asignación de crédito. Del mismo modo, también han desarrollado una herramienta de autoevaluación (MEDIRSE): Una metodología para determinar el impacto de los riesgos relacionados con los aspectos sociales de las inversiones en energía, de acuerdo con el proceso de diligencia debida de Bancomex y el sistema SARAS.
Además, las colaboraciones innovadoras están fomentando el desarrollo de instrumentos que ayudan a los bancos mexicanos a incorporar mejor los riesgos sociales, ambientales y climáticos en sus estructuras de gobierno y que facilitan la alineación con las recomendaciones de TCFD. Tal es el caso de una iniciativa establecida por la Iniciativa del Diálogo de Mercados Emergentes sobre Finanzas (EMDF) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), (ver también: Análisis de la incorporación de escenarios ambientales), con el apoyo del Centro de Finanzas Sustentables del Instituto de Liderazgo para la Sostenibilidad (CISL) de la Universidad de Cambridge, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Banco de México. El proyecto tiene como objetivo empoderar a las instituciones financieras en los sectores de banca, seguros y gestión de activos y promover la integración del análisis de escenarios ambientales en la práctica en la toma de decisiones financieras.
Si bien los bancos mexicanos reconocieron los desafíos de incorporar riesgos y oportunidades sociales, ambientales y climáticos dentro de sus sistemas de gobierno y gestión de riesgos, quedó claro que los bancos deberían embarcarse en este proceso ahora (si aún no lo han hecho). El proceso y los productos generados a través del proyecto recientemente establecido del Banco Interamericano de Desarrollo que trabaja con la Asociación Bancaria Mexicana están diseñados para brindar el apoyo necesario.
Este artículo pertenece a Acclimatise. Su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor.
México se ha comprometido a metas ambiciosas de mitigación del cambio climático, para las cuales la contribución del sector energético es fundamental.
Este estudio presenta el resultado de la evaluación de la convergencia existente entre las políticas de mitigación de cambio climático y la política energética de México en el nivel nacional y subnacional. El estudio, desarrollado por el proyecto “Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático en México” (CONECC) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), analiza si las políticas de cambio climático y energía sustentable que México se ha planteado están alineadas, habilitando con ello el logro de los objetivos del sector energético además del alcance de las metas climáticas que México ha asumido en el ámbito internacional y en su legislación.
El análisis contempla los beneficios que la convergencia de políticas (instrumentos, procesos y estructuras de gobernanza) tiene para el sector climático y energético, e identifica oportunidades para avanzar hacia la transversalidad. El estudio analiza también las políticas públicas de ambas agendas, enfocándose en sectores de gran consumo energético: electricidad, petróleo y gas, transporte, edificaciones, e industria.
El estudio resulta en más de cuarenta recomendaciones que permitan delinear la acción hacia la convergencia interinstitucional. Entre ellas destacan las necesidades del fortalecimiento de capacidades institucionales, mayor coordinación interinstitucional basada en instrumentos y procesos, impulso a la planeación subnacional, análisis de atribuciones, identificación de responsabilidades transversales y diálogo entre cabezas de sector.
CONECC. Portada de la publicación.
Ante el reto climático que enfrentan las ciudades a nivel global, la meta para el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) es la reducción de 22 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030.
Con el proyecto de Transición Energética Sustentable en Edificios Públicos en la Ciudad de México que participa en el Programa Global FELICITY “Financiamiento de Infraestructura baja en carbono en Ciudades”, se busca fomentar la transición energética en edificios públicos de la GCDMX con equipamiento energético eficiente y con sistemas de gestión energética sostenibles.
Foto: Time Out, Iván Macías. Ciudad de México, México.
FELICITY brinda asistencia técnica a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) en el proceso de recopilar información para contribuir en una réplica de buenas prácticas en redes de cooperación local, regional y global, además de proveer consultorías externas para hacer una evaluación global de los edificios, y del proyecto para que este sea financieramente sustentable.
En el marco de la asistencia técnica de FELICITY, la SEDEMA convocó a un Foro de integración el 20 de junio, el cual tuvo como objetivo promover el proyecto con los actores clave dentro del gobierno, así como las herramientas digitales disponibles para gestionar la eficiencia energética de cada una de las edificaciones candidatas. Al encuentro en total participaron 50 representantes provenientes de 9 dependencias de la administración del GCDMX así como 10 alcaldías.
Foto: Frida Lira, FELICITY GIZ. Naschelli Ayala, Subdirectora de Cambio Climático, SEDEMA , dando la bienvenida al Foro integración de edificios al proyecto Transición a Edificios Públicos Sustentables de la Ciudad de México.
Entre las principales conclusiones del Foro son: la transición energética para diferentes dependencias gubernamentales ayudaría a reducir los gastos millonarios en electricidad, el abastecimiento de agua caliente durante periodos más largos en el caso de los hospitales, la obtención de las fuentes de financiamiento, así como los criterios de selección de los edificios.
Es por lo anterior que el GCDMX, a través de SEDEMA promueve la ejecución de proyectos de infraestructura urbana con bajas emisiones de carbono, para lograr un desarrollo que transite a la sustentabilidad dentro de la ciudad.
Foto: Frida Lira, FELICITY, GIZ. Representantes de las dependencias y alcaldías del GCDMX.
FELICITY es la iniciativa implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible); con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (EIB) y el Ministerio Alemán para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) que brinda asistencia técnica en la preparación de proyectos enfocados de infraestructura bajas de carbono en las ciudades.
El fomento de una economía global que tome en cuenta la preservación del medio ambiente natural, la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos y la acción en la mitigación y adaptación al cambio climático es uno de los principales retos por cumplir en los próximos años. Este desafío requiere la inclusión de todos los actores (público, privado, corporativo, individuos) y una serie de instrumentos de política, donde destacan el marco regulatorio y los incentivos para movilizar los flujos financieros necesarios.
Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han resaltado la necesidad de encontrar formas de apoyar, pero también de financiar soluciones a largo plazo para resolver los desafíos ambientales. En consecuencia, el intercambio de información y experiencias ofrece una oportunidad para promover nuevos instrumentos y mecanismos innovadores para el financiamiento verde mediante esfuerzos encaminados a producir cambios en las prácticas financieras comunes.
En términos conceptuales, existe un debate sobre cómo definir a las finanzas en función de su aplicabilidad en el sector ambiental. En este sentido, se destacan las siguientes definiciones:
Finanzas sustentables: La Comisión Europea (CE) la define como aquella clase de financiación para inversiones que toma en cuenta las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza. Asimismo, incluye un fuerte componente de financiamiento verde que apunta a apoyar el crecimiento económico mientras que reduce las presiones sobre el ambiente, reduce emisiones de GEI, combate la contaminación, fomenta la sensibilización y la transparencia sobre los riesgos que pueden tener en el sistema financiero.
Existe toda una variedad de conceptos y enfoques para valorar el “financiamiento”, incluso entre bancos de desarrollo, organismos de cooperación internacional y gobiernos. Con base en lo anterior, la definición que se proporcione estará en función de la metodología y mapeo utilizado para su implementación.
Contexto Internacional
Desde la firma del Acuerdo de París en 2015 se acrecentó la necesidad de identificar y canalizar recursos con la finalidad de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, y lo más cerca posible de los 1.5°C. Respecto a financiamiento, el artículo dos del Acuerdo indica la necesidad de hacer compatibles los flujos financieros para transitar hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones de GEI. Bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el documento reconoce el papel de liderazgo que deben tener las naciones desarrolladas respecto a la transferencia de recursos financieros hacia países en desarrollo con el objetivo de ayudarlos a lograr sus compromisos de mitigación y adaptación. Sin embargo, el artículo noveno invita a todos los países a desarrollar la capacidad de hacerlo.
Respecto a biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivos principales la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Respecto a financiamiento, se hace imperante un reconocimiento del valor de la biodiversidad y que permita la movilización de financiamiento proveniente de fuentes multilaterales, nacionales e innovadoras. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) es uno de los mecanismos financieros más importantes a nivel global administrado por el Banco Mundial (BM).
Han existido varios mecanismos para canalizar recursos, entre ellos se encuentran el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF, por sus siglas en inglés). A finales del año 2011, se estableció el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de asistir en los esfuerzos de naciones en desarrollo para responder al cambio climático. De acuerdo con datos del GCF, a partir de enero de 2019, se ha recaudado un equivalente de 10,3 mil millones de dólares en compromisos de 48 países, regiones y ciudades.
Además de los fondos internacionales, existe un Comité Permanente de Financiamiento, el cual es un equipo técnico especializado que apoya a la CMNUCC en brindar asistencia a las Partes (entiéndase como aquel Estado que ha consentido en obligarse a los lineamientos de un tratado) para un correcto uso de los recursos. Desde su creación, se ha orientado a mejorar las estrategias de coordinación de los distintos mecanismos de financiamiento disponibles, con el propósito de racionalizar y movilizar de manera eficiente los recursos, así como fomentar el monitoreo, reporte y verificación del apoyo brindado.
En este sentido, el gobierno alemán ha apoyado desde el 2008 en la aplicación de proyectos para el cumplimiento de la NDC y la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) por medio de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. Con base en lo anterior, se han implementado 18 proyectos bilaterales con un monto de 69.5 millones de euros además de ocho
proyectos regionales y 44 proyectos globales.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la movilización de recursos por parte del GEF hacia México en el período 2015-2018 fue por la cantidad de US$88.1 millones. Por otra parte, los recursos internacionales para cambio climático en México, en el periodo 2014 – 2018, se recibieron alrededor de $61,165,646,524 pesos provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales públicas, que se distribuyen en 75 proyectos. También existen otros 12 proyectos globales en los que México participa en consorcio con diversos países (como Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, China, India, Indonesia, entre otros) y que equivalen a un total de $7,142,604 pesos. De igual manera se identificaron 23 proyectos cuya implementación está prevista de realizarse hasta el año 2021. Todo en su conjunto da una cantidad proyectada de $32,935,768,463 pesos.
Como se observa en la Figura 1, el 53% de la financiación en el periodo 2014-2018, proviene principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), seguido de KfW como implementador (31%), AFD/KfW (7%) y del Banco Mundial (5%).
Como se puede notar en el Gráfico 2, los sectores que más reciben apoyo son el sector energético (45%), vivienda y medio ambiente. Lo anterior es de importancia tomando en cuenta que el sector energético es el segundo emisor más importante de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, es importante seguir incentivando la reducción de emisiones en sectores como el transporte o la industria.
Es importante resaltar que la principal fuente de financiamiento de proyectos de cambio climático proviene de la Banca Multilateral de Desarrollo, que, si bien estaba inicialmente enfocada a ofrecer apoyo técnico y económico a nivel de gobiernos para temas de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza, ahora tiene un papel de mayor importancia en brindar financiamiento también al sector privado, así como en apalancar recursos de éste.
De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre la coordinación multi-actor sobre Financiamiento Climático”, México está posicionado como el segundo mayor receptor de recursos internacionales para el financiamiento climático en América Latina, con un total de 686 mdd aprobados entre 2003 y 2017. Lo anterior significa que fortalecer la capacidad de gestión, asignación, uso y transparencia de los recursos obtenidos de fuentes internacionales en México ayudaría a apalancar mayores recursos de fuentes públicas y privadas para cumplir con sus NDC.
Contexto Nacional
En México, las entidades federativas han sumado esfuerzos en el desarrollo de una política nacional de cambio climático y de fomento a la biodiversidad, a través del fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la elaboración de un marco legal que permitan la ejecución de políticas públicas para la mitigación o adaptación. La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012, establece un marco regulatorio y de política nacional para atender las causas y enfrentar los efectos adversos del cambio climático, mediante el desarrollo e implementación de medidas y acciones de adaptación y mitigación. La ENBioMex establece las bases para impulsar, coordinar y armonizar los esfuerzos de gobierno y sociedad para la conservación, el uso sustentable y el reparto justo de los beneficios derivados del uso de los componentes de la diversidad biológica y su integración en las prioridades sectoriales del país.
La LGCC contiene una variedad de mecanismos económicos y financieros que estimulan la canalización de recursos para el desarrollo de acciones, proyectos y programas de mitigación y adaptación, en los sectores público, social y privado. El financiamiento en la materia se lleva, principalmente, de tres maneras: a través del Fondo para el Cambio Climático (FCC); mediante asignación presupuestal reflejada en el Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el Anexo Transversal 16.
Fondo para el Cambio Climático (FCC)
El FCC tiene el objetivo de captar y canalizar los recursos financieros nacionales, internacionales, públicos y privados para financiar acciones para hacer frente al cambio climático. El Fondo tiene como fideicomitente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Nacional Financiera (NAFIN) como fiduciaria y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como responsable y Secretaría Técnica.
El Fondo recibe recursos de modo directo del PEF y de contribuciones de otros fondos públicos, aportaciones sobre pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes; donaciones de personas físicas o morales; nacionales o internacionales, así como por las aportaciones de gobiernos de otros países y organismos internacionales.
Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Es un documento jurídico y financiero que determina las erogaciones que realiza el gobierno federal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Dentro del Ramo 16 del mismo, para el año 2019, en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales se destinan recursos para proteger la flora y fauna, así como la diversidad biológica del país, asimismo, se consideran diversos mecanismos de investigación, desarrollo tecnológico y de capacidades para hacerle frente al cambio climático.
Anexo Transversal de Cambio Climático (AT16)
Como parte de las reformas para la restructuración y orientación del presupuesto, el PEF ha integrado distintos presupuestos transversales con la finalidad de identificar y categorizar la proporción de recursos destinados a obras, acciones y servicios vinculados a un fin específico; en este caso, la mitigación y adaptación al cambio climático. Ello tiene el fin de ampliar o mejorar, en el corto y mediano plazo, las políticas públicas enfocadas a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como contribuir al seguimiento y cumplimiento de los compromisos estatales, nacionales e internacionales en materia de cambio climático.
Se tienen contemplados recursos para: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Turismo (SECTUR) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). También considera a las empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Financiamiento en materia de Cambio Climático y Biodiversidad en México
De acuerdo con información presentada durante el diálogo “Perspectivas sobre financiamiento climático en México 2018-2024”, desde que se creó el FCC en México se han movilizado $183,012,375.32 pesos dirigidos a 22 proyectos. El Anexo informativo transversal 16 del PEF, en los últimos cuatro años (2015-2018), ha asignado $188 mil millones de pesos (mmdp). A partir de bonos verdes, las entidades públicas han emitido $3,714 millones de dólares (mdd); mientras que la banca comercial 657 mdd. Tomando en cuenta el rastreo de los puntos anteriores se estima una movilización de financiamiento de $7,725 mdd del 2014 al 2018, lo que representaría aproximadamente 6% de la meta de $126,000 mdd que costaría la implementación de las NDCs de México en materia de mitigación.
Conforme a datos obtenidos de BIOFIN, la estimación de las necesidades financieras para la biodiversidad es de alrededor de USD 461.9 millones por año durante el período 2017-2020, lo que representa un aumento del 46.7% en el gasto en biodiversidad, basado en el ejercicio durante 2015. La evaluación de las necesidades financieras incluye: 1) Áreas Naturales Protegidas Natural con un monto de 60 millones por año estimada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); 2) Necesidades de financiamiento para cubrir la demanda de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) estimados en USD 202.1 millones por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 3) Las necesidades financieras de la ENBioMex y Plan de Acción 2016-2030 se estiman en USD 191.4 millones.
El Papel del Sector Privado
Existen varias fuentes de financiamiento que proceden de fuentes públicas. No obstante, no son suficientes ante escenarios de reducción presupuestal a nivel federal o de límites de endeudamiento con organismos internacionales. Sin embargo, hay fuentes privadas que pueden ayudar a impulsar recursos para el apalancamiento de proyectos y acciones orientadas a hacer frente al cambio climático y fomentar la biodiversidad.
Los gobiernos deben ofrecer un ambiente de certidumbre y confianza financiera para garantizar que los actores privados vean un mercado potencial en los proyectos de cambio climático. Las condiciones a nivel nacional, estatal y local tienen que generar la mayor certidumbre posible de que las inversiones en proyectos verdes tendrán un bajo riesgo y serán bancables, además, es importante identificar cuáles son los beneficios ambientales y económicos de éstos de manera clara.
Las fuentes privadas de financiamiento comprenden una amplia gama de bancos e instituciones financieras locales e internacionales, bancos comerciales, fondos privados, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos hipotecarios, e instituciones micro-financieras, entre otras. Las oportunidades se han dado principalmente en proyectos de mitigación de GEI, eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, infraestructura verde y en el sector agropecuario.
A nivel nacional, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV – integrado por representantes de alto nivel del sector financiero mexicano, tales como: Afores, Aseguradoras, Asociaciones, Banca Comercial, Banca de Desarrollo y Multilateral, Emisoras, Fondos de Inversión, etc.), ha promovido el diálogo entre distintos actores del mercado acerca de cómo incentivar el financiamiento de proyectos verdes, incidir en prácticas de mercado y en mandatos y/o regulaciones de inversión, de tal modo que contribuyan en el establecimiento de incentivos para estimular el desarrollo del mercado de finanzas verdes.
Reconociendo las implicaciones negativas que traen consigo los riesgos climáticos sobre la inversión privada, organizaciones del sector privado y financiero han implementado distintas iniciativas para transitar de proyectos intensivos en carbono a proyectos y programas sustentables. Como ejemplo se pueden mencionar las actividades de la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La ABM decidió demostrar su liderazgo en la mejora del sistema financiero en asuntos de sustentabilidad y cambio climático, por medio del Protocolo de Sustentabilidad de la Banca de México. El documento recomienda un marco de gestión y lineamientos en materia de sustentabilidad para la banca mexicana.
Por otro lado, la BMV generó un índice de sustentabilidad (IPC-Sustentable), para incentivar a las emisoras mexicanas a implementar políticas y sistemas sustentables. Además, la BMV firmó la Iniciativa de Bolsas de Valores Sustentables, para mejorar la rendición de cuentas y transparencia, posterior a ello, se lanzó la Guía de Sustentabilidad para Emisoras para apoyar a las empresas en la implementación de estrategias en favor de la sustentabilidad y divulgación de programas en la materia.
Retos en Materia de Financiamiento
Uno de los principales obstáculos en la materia consiste en la información limitada sobre la existencia de mecanismos financieros y como se aplican sus recursos para determinados proyectos. Un mapeo de las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el país para el sector público podría ser muy útil en este sentido. Además, un sistema de información sobre los proyectos implementados en materia de cambio climático y biodiversidad ayudaría a coordinar las diferentes fuentes ya existentes para cumplir metas planteadas a nivel nacional.
Asimismo, un mecanismo de coordinación con visión multisectorial y multinivel podría permitir articular acciones de cambio climático en todos los sectores de la economía, incluyendo sector público, privado, financiero, social y académico. Otra opción sería facilitar el acceso a financiamiento climático y capacitación para pequeñas y medianas empresas.
Debe existir una estrategia para incentivar y guiar al sector financiero a desarrollar acciones en materia de cambio climático y biodiversidad y mejorar el conocimiento por parte de instituciones financieras públicas y privadas sobre la normatividad y funcionamiento del marco institucional de ambos rubros. Aunado a lo anterior, se tendrían que identificar los proyectos que pueden ser bancables a corto, mediano y largo plazo.
Se tiene que fomentar el conocimiento de los costos y riesgos asociados a las inversiones, de tal manera que el financiamiento otorgado se dirija a proyectos con beneficios ambientales y sociales. Con base en lo anterior, se debe realizar un mapeo de los mecanismos financieros existentes y su funcionamiento para que los temas de biodiversidad y cambio climático puedan ser considerados como temas importantes de inversión. Posteriormente, se tienen que crear indicadores del impacto y de los resultados de los proyectos financiados para conocer la efectividad de los fondos que se les asignen.
A través de una taxonomía sobre lo que significa financiamiento climático o verde, se podría facilitar la canalización de los recursos a proyectos que cuenten con características sustentables o en beneficio del ambiente. Para ello, será vital trabajar en el marco de la Ley de Planeación para integrar todos los conceptos que son claves para identificar dichas acciones.
La IKI en México en materia de financiamiento
Con el objetivo de apoyar la acción climática y la protección de biodiversidad, los proyectos IKI en México están trabajando en el ámbito de financiamiento. Hasta ahora, la IKI ha incentivado la cooperación con las instituciones financieras para integrar indicadores ambientales y sociales en las decisiones de préstamos e inversiones, desarrollo de productos financieros y gestión de riesgos. En este sentido, la IKI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania apoya la implementación de la NDC y la ENBioMex en México.
En miras de la próxima fase piloto del SCE mexicano que comenzará en 2020, el proyecto Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de GIZ ha realizado una serie de actividades, incluido el desarrollo de estudios técnicos para informar la toma de decisiones sobre el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) mexicano en relación al uso de la tecnología Blockchain para el Registro de transacciones de Derechos de Emisión (DEM).
En seguimiento a un estudio realizado previamente sobre el Potencial de la Tecnología Blockchain para la Política Climática, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la idoneidad de la tecnología Blockchain para el SCE mexicano. En específico, se generaron propuestas de arquitectura del Registro en Blockchain, así como recomendaciones de diferentes alternativas para desarrollarlo, tomando en cuenta costos estimados y tiempos previstos de elaboración.
Como resultado del análisis se encontró que ni un Registro centralizado estándar ni un Registro descentralizado basado en Blockchain era claramente superior. Algunas de las tareas clave llevadas a cabo en un Registro del SCE, como lo son emitir y distribuir DEM, reconocer créditos de compensación, o abrir y cerrar cuentas, entre otras, son claramente la prerrogativa de la autoridad y deberían mantenerse centralizadas. Sin embargo, los ‘contratos inteligentes’ (smart contract, en inglés) basados en Blockchain podrían mejorar la transparencia de los procesos de definición del tope de emisión, de distribución de DEM y de conversión de créditos de compensación, así como facilitar la vinculación entre sistemas de diferentes jurisdicciones.
Existe una alternativa interesante, que consiste en desarrollar una arquitectura híbrida, basada en el modelo de los mercados de intercambio de criptomonedas. En esta situación, podrían establecerse diferentes capas (layers): una capa central rectora, en la que el gobierno podría emitir los DEM y los créditos de compensación; una capa descentralizada basada en Blockchain en la que se emitirían los tokens correspondientes a los DEM y unidades de compensación generados en la capa rectora, que podrían ser distribuidos en distintas carteras (wallets) administrativas.
Este innovador enfoque al Comercio de Emisiones requeriría del involucramiento tanto del sector privado como del sector público, así como de un marco regulatorio claro, como el que ofrece la Ley Fintech (Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera). Puede encontrarse mayor detalle en la publicación anexa.
Los siguientes meses previos a la implementación de la fase piloto del SCE ofrecen una oportunidad para desarrollar y probar el enfoque híbrido propuesto (parcialmente centralizado y parcialmente basado en Blockchain) para el establecimiento del Registro de Comercio de Emisiones. En los próximos meses se publicarán en el blog de “IKI-Alliance México” estudios adicionales cubriendo una variedad de cuestiones técnicas.
Haga click en la imagen para descargar la publicación:
Puerto Vallarta continúa trabajando para la elaboración de su Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC). El municipio llevó a cabo un taller para la caracterización y prepriorización de medidas de adaptación, mitigación y transversales al cambio climático. En el taller se contó con la participación de distintos sectores para asegurar la caracterización de medidas integrales.
Con el Taller para la caracterización y Prepriorización de medidas para el PMCC, Puerto Vallarta avanza en la elaboración de las acciones que conformarán su Programa y asegura que las mismas sean transversales e integren todos los sectores. El taller tuvo lugar en el mismo municipio el 20 y 21 de mayo del presente año.
Foto: GIZ. Conformación del Grupo de Trabajo
Dicho evento estuvo seccionado en dos partes. La primera consistió en la conformación de un grupo de trabajo con representantes de cinco sectores: turismo, urbano, pesca, agropecuario y forestal. Esto para asegurar un proceso transparente y participativo en la definición de las medidas de adaptación, mitigación y transversales. Una vez conformado el grupo de trabajo, se retomaron las medidas previamente desarrolladas, para complementarlas con la participación de los asistentes. En donde, además surgieron nuevos temas de interés como lo son el fortalecer y promover las actividades ecoturísticas en el municipio, entre otros.
La segunda parte consistió en la caracterización y prepriorización de medidas, donde como actividad previa se presentó la metodología de priorización y se enfatizó la importancia considerar medidas que pueden ser implementadas a largo plazo. Inicialmente se presentaron las medidas de mitigación y adaptación identificadas en el taller anterior y posteriormente se llevó a cabo la estimación de los costos, así como la estimación de los cobeneficios considerando los beneficios ambientales, económicos y sociales. Como último paso se hizo la estimación de los factores de éxito tomando en cuenta las capacidades del municipio, la compatibilidad con el marco regulatorio y la política pública, la visión con los actores locales y la probabilidad de éxito.
Foto: GIZ. Dinámica para la pre-priorización de medidas
Los resultados integrados de todos los sectores señalan que en cuanto a medidas de adaptación es importante (en orden jerárquico) implementar acciones de conservación y restauración en la cuenca, separar el drenaje pluvial y doméstico, establecer una red de parques en la zona urbana, proteger los arrecifes, entre otras. En cuanto a materia de mitigación, los resultados señalan con mayor prioridad a la instalación de sistemas silvopastoriles con perspectiva de cambio climático.
En la elaboración del PMCC de este municipio, se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco, así como con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), a través de los proyectos Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM) y Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector turismo (ADAPTUR).
Foto: GIZ. Discusión en mesas de trabajo
A través de la participación de distintos sectores, se fortalece la integración de la visión de los actores y expertos para la definición de las medidas de adaptación y mitigación, así como la transversalidad de estas dentro de una visión a largo plazo para combatir el cambio climático.
Para más información sobre los avances de Puerto Vallarta en la elaboración de su PMCC, consultar los siguientes enlaces:
La polinización animal es un servicio ecosistémico fundamental para la vida y para el bienestar del ser humano, ya que los polinizadores son responsables del 35% de la producción agrícola mundial y desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos. En México, se estima que el valor de la polinización podría alcanzar 63 mil millones de pesos al año. Sin embargo, este importante componente de la biodiversidad se ha visto afectado por las actividades humanas a nivel mundial, causando gran preocupación en diversos sectores de la sociedad.
Foto: Shutterstock. Los polinizadores brindan un servicio ecosistémico esencial para la producción agrícola.
Para atender esta problemática, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), iniciaron el proceso de construcción de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de Polinizadores, documento que establecerá las líneas estratégicas y acciones conjuntas entre los sectores agropecuario y ambiental a nivel nacional. Esta herramienta de política pública es de alto interés para la nación, ya que apoyará la conservación de procesos ecológicos claves contribuyendo a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Foto: Proyecto IKI IBA. Se instaló el Grupo de Coordinación para la construcción de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de Polinizadores
El 7 de junio de 2019 se instaló el Grupo de Coordinación de la estrategia en el Centro de Integración de la Biodiversidad de SADER, el cual tendrá el apoyo del Proyecto de Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana (IKI IBA) de GIZ para la facilitación del proceso.
Foto: Proyecto IKI IBA. El evento fue inaugurado por el Subsecretario de Agricultura Miguel García Winder.
Foto: Proyecto IKI IBA. El evento se realizó en el Centro de Integración de la Biodiversidad de SADER y participaron 28 representantes de instituciones del gobierno federal relacionadas con el tema.
Foto: Proyecto IKI IBA. El equipo del Proyecto IKI IBA de la GIZ facilitará el proceso de construcción de la estrategia.
La política de vivienda y desarrollo urbano instrumentada durante los últimos años ha optado por impulsar mecanismos que promuevan esquemas de ciudades más compactas y densas, con una mejor localización respecto a los equipamientos y los centros de empleo, así como viviendas más sustentables que promuevan una mejor calidad de vida de sus habitantes, y ahorros asociados a sus consumos en términos de energía eléctrica y agua.
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es la banca de desarrollo en materia de vivienda del Gobierno Federal en México. Durante los últimos años, ha impulsado una serie de iniciativas con la finalidad de garantizar mejores condiciones tanto en las viviendas como en su entorno.
Crédito: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Logo de SHF.
SHF identificó la dificultad de los desarrolladores de vivienda para llevar a cabo las tareas de urbanización para la vivienda, especialmente cuando se busca integrar criterios de sustentabilidad en los desarrollos. En este sentido, es necesario establecer que la provisión de equipamientos e infraestructuras corresponde a los municipios, pero dadas las condiciones financieras que guardan la mayoría de ellos, terminan siendo construidas por los agentes privados quienes se ven en la necesidad de realizar esfuerzos adicionales de capital con la finalidad de asegurar condiciones mínimas de operación de los proyectos, toda vez que en el mercado no existe un producto de financiamiento a la urbanización. Esta situación impacta sobre el precio final de las viviendas, y en algunos casos, genera incentivos perversos, toda vez que los criterios bajo los que se construyen dichos equipamientos e infraestructuras no son los más adecuados.
Crédito: LaPolítica. Desarrollo Urbano.
En consecuencia, durante el 2017 la SHF diseñó un producto de financiamiento a la urbanización sustentable a través del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), con la finalidad de asegurar la provisión de equipamientos e infraestructuras “muros adentro” de los desarrollos de vivienda, así como asegurar que los materiales, sistemas de construcción, y tecnologías, garantizaran una sustentabilidad en términos de eficiencias en el uso de energías y consumo de agua, así como respecto a otras externalidades de carácter socioeconómico asociadas a los habitantes de los desarrollos de vivienda.
Alineado con esto, SHF recibió apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recursos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania para desarrollar una metodología y herramienta de evaluación de impacto que ayude a movilizar el financiamiento en este tipo de desarrollos.
Uno de los grandes retos de este proyecto es crear en los desarrolladores una conciencia de sustentabilidad y que por medio de la cuantificación del impacto de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se pueda desarrollar la capacidad de participar en un mercado de carbono que incentive económicamente a sector.
México tiene la oportunidad de convertirse en un líder en innovación financiera y transporte sustentable, a través de proyectos económicamente viables a largo plazo. El sector transporte de México es fundamental para el crecimiento económico del país, pero también representa riesgos significativos. En México el transporte es la mayor fuente de contaminantes climáticos (25% de los gases de efecto invernadero y 38% de las emisiones de carbono negro).
Foto: SDP Noticias. Transporte Público en la Ciudad de México.
Con este antecedente, el pasado 9 de abril se llevó a cabo en la Ciudad de México un taller sobre financiamiento al transporte sustentable en donde se reunieron a los principales actores del sector y sirvió como un marco de discusión para diseñar una hoja de ruta en que invite a la acción.
Foto: Adalberto Padilla. Inauguración del evento.
Este taller fue la primera actividad del Laboratorio de Innovación Financiera que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recursos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania y que en colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) desarrollarán una agenda de encuentros y discusiones que buscan movilizar financiamiento en el ámbito del cambio climático en los principales sectores como son transporte, agricultura, industria, vivienda entre otros.
El taller analizó el papel que tiene la banca de desarrollo para acelerar la inversión pública y privada en infraestructura de transporte sustentable en el país. Además de buscar fortalecer la colaboración entre instituciones financieras, fabricantes de tecnología y organismos públicos y privados para promover inversiones de atención al cambio climático.
Foto: Adalberto Padilla. Discusiones y presentaciones durante el taller.
La banca multilateral es un agente relevante en el fomento de inversiones que inducen el desarrollo y bienestar de las naciones. Así, el BID es un actor en el impulso a la sustentabilidad y las finanzas verdes otorgando recursos y fomentando la innovación de instrumentos financieros que se adaptan a las necesidades de los diferentes sectores que requieren un impulso para su crecimiento y madurez.
El BID trabaja con actores multisectoriales para identificar cuellos de botella a la inversión privada en soluciones sostenibles, analizar y diseñar instrumentos financieros innovadores y buenas prácticas que apoyen el desarrollo sostenible de México.
Los especialistas en transporte sustentable y financiamiento de proyectos verdes que participaron en el taller se enfocaron en la planeación de carteras de proyectos de transporte sustentable, su financiamiento, la definición de proyectos sustentable y la medición y evaluación de impactos climáticos en los mismos. Los panelistas compartieron experiencias en torno a la integración de consideraciones de sustentabilidad al proceso de planificación, evaluando la experiencia del Metro de Los Ángeles, California y la visión de la Ciudad de México.
Foto: Adalberto Padilla. Discusiones y presentaciones durante el taller.
En México, el sector transporte es la mayor fuente de contaminantes climáticos y la infraestructura de transporte está cada vez más expuesta a los riesgos físicos del cambio climático. Existe una verdadera necesidad por impulsar soluciones financieras que permitan una transición en el sector transporte; para que autobuses, camiones y demás vehículos, sean amigables con el ambiente y la salud humana, bajos en carbono y resilientes al clima. El sector financiero de México puede y debe ser parte de la solución climática.
En vista del próximo lanzamiento del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en México a inicios del 2020, el proyecto “Preparación de un SCE en México” (SiCEM) ha llevado a cabo una serie de actividades, dentro de las cuales se encuentran la creación y difusión de información que ayude a generar un mejor entendimiento del funcionamiento del SCE y su interacción con otros instrumentos.
México es un país comprometido en la lucha contra el cambio climático. Dicho compromiso se refleja en las metas climáticas que ha establecido tanto en sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional, presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como en la Ley General de Cambio Climático tras su reforma de julio 2018. Para responder a sus compromisos, el gobierno mexicano ha puesto en marcha una diversidad de medidas: entre ellas, el SCE se posiciona como un instrumento pilar en la promoción de un desarrollo bajo en carbono y del cumplimiento de sus metas climáticas sectoriales.
Un SCE es un instrumento de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que, derivado de su operación bajo el principio de ‘Tope y Comercio’ (ver fichas informativas), crea un mercado de Derechos de Emisión que incentiva entre las empresas reguladas la búsqueda de la forma más eficiente de cumplir con su obligación. Sin embargo, existen en el país otros instrumentos económicos que también generan incentivos que favorecen la transición a una economía baja en carbono: el impuesto al carbono, y los certificados de energías limpias (CEL).
La experiencia de otras jurisdicciones (p.ej. California, Suiza o Reino Unido) muestra que una buena coordinación entre este tipo de instrumentos económicos permite la constitución de un portafolio de políticas balanceado y efectivo para la mitigación del Cambio Climático. Dos análisis realizados para México (Interacción entre el SCE y los CEL y Opciones para un Portafolio de Políticas de Precios al Carbono) generaron recomendaciones para que la operación simultánea del SCE, impuesto al carbono y los CEL genere sinergias y potencialice los esfuerzos en apoyo al cumplimiento de las metas climáticas del país. Las recomendaciones clave se integraron en el siguiente documento:
Foto: GIZ SiCEM. Interacción entre instrumentos económicos para la reducción de Gases de Efecto Invernadero
La fase piloto que dará inicio en 2020 ofrece una oportunidad para probar la interacción entre el SCE y otros instrumentos económicos. En los próximos meses se publicarán en el blog de “IKI-Alliance México” estudios adicionales cubriendo una variedad de cuestiones técnicas. Para mayor información sobre este tema, favor de contactarnos en: Comercio.Emisiones-MX[AT]giz.de
En el marco del proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana (IKI IBA), el día 3 de junio pasado, se formalizó un proyecto de subsidio local con Agricultores en Ejes Sustentables A.C. (ASEAC), organización formada por pequeños productores de maíz de temporal del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, con el objetivo de contribuir a integrar la biodiversidad en la agricultura, mejorar la calidad de vida de los agricultores, apoyar la seguridad alimentaria, mitigar y adaptarse al Cambio Climático.
Foto: Proyecto IKI IBA. Maíz criollo producido con técnicas sustentables en Guanajuato
Con el proyecto se busca consolidar el modelo productivo de maíz sustentable que ha impulsado por más de 10 años este grupo de productores en la región oriental del Estado de Guanajuato, México. Este modelo, implementado con el apoyo y acompañamiento del Dr. Alfonso Aguirre del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campus Experimental Celaya, utiliza cinco ejes principales: labranza de conservación, nutrición del suelo, manejo ecológico de plagas, selección de semillas y almacenamiento adecuado de las semillas seleccionadas, de gran relevancia al tratarse en su totalidad de maíces criollos. Previo a este cambio en el modelo de producción, los agricultores cosechaban alrededor de 300 a 500 kilogramos de maíz por hectárea. Hoy producen entre 4 y 5 toneladas de maíz por hectárea sin el uso de agroquímicos.
Foto: Proyecto IKI IBA. Firma del convenio con productores de Guanajuato.
Actualmente estos agricultores reconocen y difunden la importancia de realizar un manejo sostenible del suelo con prácticas que respetan la biodiversidad, así como mantener ecosistemas saludables en su entorno para el éxito de sus cosechas. Con estos modelos productivos adaptados al contexto local, realizados por los mismos agricultores locales quienes reciben directamente los beneficios, y siendo sustentables con el planeta, se contribuye a la seguridad alimentaria, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad como un nuevo modelo para enfrentar el cambio climático.
Foto: Proyecto IKI IBA. Grupo de productores con personal de GIZ México
El proyecto de subsidio local formaliza la colaboración de ASEAC con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) y forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.
Foto: Proyecto IKI IBA. Milpas de productores de Guanajuato.
La Iniciativa Biodiversidad y Agricultura en México (TEEB AgriFood México) une los esfuerzos de dos proyectos que están siendo implementados en el país: “The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Promoting a Sustainable Agriculture and Food sector” (Unión Europea-ONU Medio Ambiente) e “Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana” (Proyecto IKI IBA). Tiene el objetivo de reconocer los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los sistemas productivos, demostrar su importancia económica, social y cultural y brindar recomendaciones a la política pública del sector agrícola en México, sobre cómo integrar estos valores en la toma de decisiones y en los instrumentos de planeación del sector agroalimentario.
Foto: Shutterstock. Las políticas agropecuarias deben reconocer los valores de los servicios ecosistémicos para lograr sistemas alimentarios sustentables
El TEEB AgriFood está diseñado para proporcionar una evaluación económica, social y cultural detallada de los complejos sistemas eco-agroalimentarios, demostrando que el ambiente donde operan los productores está sujeto a externalidades negativas y positivas que causan una falta de comprensión de su dependencia del capital natural. Esta iniciativa busca demostrar que toda la cadena agrícola de valor (producción, procesamiento, distribución, consumo y desechos) no sólo tiene impactos en el medio ambiente, en el bienestar socioeconómico y en la salud humana, sino que depende en gran medida de estos factores. Finalmente, con los resultados se busca impulsar a actores clave a cambiar decisiones y conductas, al resaltar los diferentes valores de la naturaleza.
Foto: Proyecto IKI IBA. Primera reunión del Comité Directivo TEEB AgriFood Mexico
El 30 de mayo de 2019 se reunió por primera vez el Comité Directivo de la iniciativa con el fin de discutir y seleccionar dos temas de estudios específicos y proporcionar recomendaciones para el alcance del trabajo y los elementos clave para las acciones del próximo año, considerando los temas prioritarios que fueron decididos durante el Taller de Arranque en febrero: Monocultivos (p. ej. Maíz tecnificado, aguacate, palma de aceite, agricultura protegida), Sistemas Agroforestales (café, cacao, silvopastoriles) y Sistemas Tradicionales (milpa tradicional, agave mezcalero).
Foto: Proyecto IKI IBA. Bienvenida a cargo de (izq. a der.) Harald Lossack (GIZ), María Buzdugan (UE), Sol Ortiz (SADER), Dolores Barrientos (ONU Medio Ambiente).
Foto: Proyecto IKI IBA. Presentación Iniciativa TEEB – Mónica López Conlon (ONUMA)
Foto: Proyecto IKI IBA. Presentación resultados del Taller de Arranque – Jasmin Hundorf
Foto: Proyecto IKI IBA. Trabajo en mesas para decidir temas prioritarios
Foto: Proyecto IKI IBA. Sesión de preguntas y respuestas en plenaria.
