El programa de Empresas de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático (WaCCliM) es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) en México, esto en coordinación directa con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El objetivo principal del programa es apoyar a los organismos operadores (OO) de agua y saneamiento en reducir su huella de carbono y aumentar su resiliencia climática.
El aumento en la frecuencia del lavado de manos es una de las actividades primordiales que el gobierno mexicano promueve como medida para reducir la posibilidad de contagio del virus COVID-19. Esta actividad tan cotidiana nos lleva a poner mucha más atención en el “tras bambalinas” del sector agua y saneamiento y la relevancia de contar con un sector funcional para que las personas en cualquier parte del país puedan tener acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes para llevar a cabo esta medida de prevención.
Las actividades del programa WaCCliM tienen una relación directa y orgánica con la recuperación sustentable (green recovery) que se vislumbra para los siguientes meses/años, entre ellas están el fortalecimiento a las capacidades del personal operativo que trabaja actualmente en los OO, mejorar los servicios de salud pública al promover el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a lo largo del país, impulsar y replicar el uso de tecnologías que minimicen la huella de carbono en los OO y que a su vez demanda la profesionalización del sector para proveer servicios de consultoría técnica y de implementación de tecnologías amigables con el ambiente.
The Water and Sanitation Companies program for Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM) is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Mexico, in direct coordination with the National Water Commission (CONAGUA). The program’s main aim is to support water and sanitation operating agencies (OOs) in reducing their carbon footprint and increasing their climate resilience.
Increasing the frequency of handwashing is one of the main activities promoted by the Mexican Government to reduce the spreading of the COVID-19 virus. This daily activity leads us to pay much more attention to the “behind the scenes” of the water and sanitation sector, as well as the importance that it function, so that people in any part of the country can have access to enough water – in quality and quantity – to carry out this preventive measure.
The activities of the WaCCliM program have a direct and organic relationship with the sustainable recovery (green recovery) that is expected during the following months or years. They include: strengthening the capacities of the operational personnel currently working in OOs; improving public health services by promoting access to drinking water and sanitation services throughout the country; promoting and replicating the use of technologies that minimize the carbon footprint of OOs and which, in turn, require the professionalization of the sector, in order to provide technical consulting services and the implementation of environmentally friendly technologies.
El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es uno de los mecanismos de precio al carbono que ha acelerado la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la última década. Funciona bajo el principio de “tope y comercio”. Se impone un límite a las emisiones de uno o más sectores económicos y otorga a las instalaciones reguladas un número limitado de derechos de emisión que pueden comercializar entre ellas, para efectuar sus obligaciones de cumplimiento de manera costo-efectiva.
Existen factores que aseguran el buen funcionamiento de un SCE, entre ellos destacan la estabilidad en el precio del carbono y una oferta de derechos de emisión congruente con la demanda del mercado. La actual recesión económica derivada por el COVID-19 ha alterado estas dos variables y ha presentado desafíos importantes para los más de 20 SCE en operación alrededor del mundo. En ese sentido, es importante conocer las estrategias mundiales para solventar estos desafíos e identificar posibles lecciones aprendidas para fortalecer el Programa de Prueba del SCE en México, vigente desde enero de 2020.
Según datos de ICAP, durante marzo, en California y Quebec se observó una importante caída en el precio al carbono, así como en la Unión Europea (UE), donde descendió de un promedio de 25 euros a 15 euros. Inclusive, en Suiza se reprogramó la subasta de derechos de emisión por la baja de precios. La comercialización de derechos de emisión en el SCE de la UE se ve afectada por la sobreoferta, lo que puede ocasionar la reducción de los ingresos públicos por subastas y desincentivar las inversiones en tecnologías de mitigación.
Países como Canadá, China, Corea y Suiza han respondido ante estos impactos postergando las fechas de cumplimiento y entrega de reportes, mientras que la Comisión Europea prevé una reducción en el número de derechos de emisión disponibles dentro de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Por otro lado, Polonia y República Checa proponen revisar las condiciones del SCE de la UE.
Las estrategias que implementen otros Estados ayudan a informar a México sobre los riesgos que enfrentan los SCE y sus posibles soluciones. El proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM), implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), seguirá de cerca la evolución de la situación mundial de este sistema.
The Emissions Trading System (ETS) is one of the carbon price mechanisms that has accelerated the mitigation of greenhouse gas (GHG) emissions over the past decade. It works using the “cap and trade” principle. A limit is imposed on emissions from one or more economic sectors, and regulated facilities are granted a limited number of emission rights that they can trade among themselves, to carry out their compliance obligations in a cost-effective manner.
There are factors that ensure the proper functioning of an ETS; among them, stability in carbon prices and a supply of emission rights that is consistent with market demand. The current economic recession caused by COVID-19 has altered these two variables and has presented significant challenges for the more than 20 ETS operating around the world. It is important to be aware of the global strategies to overcome these challenges and identify lessons learned that could strengthen the ETS Test Program in Mexico, in force since January 2020.
According to ICAP data, there was a significant drop in carbon prices in California and Quebec in March, as well as in the European Union (EU), where it fell from an average of 25 EUR to 15 EUR. In Switzerland, the auction of emission rights was even rescheduled due to the price drop. Commercialization of emission rights in the ETS of the EU is affected by oversupply, which can lead to a reduction in public revenue from auctions, and discourage investments in mitigation technologies.
Countries such as Canada, China, Korea, and Switzerland have responded to these impacts by postponing compliance and reporting dates, while the European Commission anticipates a reduction in the number of emission rights available within the Market Stability Reserve. On the other hand, Poland and the Czech Republic have suggested a review of the EU’s ETS conditions.
Strategies implemented by other countries help inform Mexico of the risks faced by ETS and their possible solutions. The project “Preparation of an Emissions Trading System in Mexico” (SiCEM), implemented by the Deutsche Gesell¬schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH will follow the evolution of the system’s global situation closely.
Los estados y las regiones juegan un papel fundamental para lograr la recuperación verde de la pandemia del COVID-19. Son estas jurisdicciones las más cercanas a las comunidades y quienes tienen gran oportunidad de vincular las medidas de recuperación económica con consideraciones ambientales.
El proyecto Huella Climática, el cual apoya a los gobiernos de Baja California, Jalisco y Yucatán a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento de gases efecto invernadero (GEI), ha reconocido la importancia de adaptarse ante la actual crisis. En este sentido, busca asociar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en proporcionar los datos que le permitirán a los gobiernos estatales evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de las acciones climáticas. Asimismo, esto ayudará a resaltar uno de los resultados más importantes que hasta ahora hemos logrado visualizar, la transversalización del cambio climático.
Ante las restricciones de viaje y reuniones de grupos grandes, el proyecto se ha reinventado para lograr sus objetivos. Un ejemplo concreto es la experiencia de Jalisco y el desarrollo de una serie de webinarios técnicos con las diferentes Secretarías que forman parte del grupo de mitigación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático del estado, como parte del fortalecimiento de capacidades que ofrece el proyecto. Durante un mes y de forma virtual, representantes de cada secretaría se han unido en grupos de trabajo para continuar la transversalización de cambio climático en sus entidades.
Créditos: The Climate Group. Webinario- Presentación Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel sub-nacional con GIZ (19 de mayo).
A través de herramientas interactivas, el equipo facilitó sesiones de trabajo para desarrollar e identificar acciones e indicadores de mitigación que den paso al seguimiento de una recuperación verde futura. Un trabajo similar se realizará en los estados de Yucatán y Baja California. En paralelo, la serie de foros entre pares “Del seguimiento a la acción” iniciará próximamente para brindar otra oportunidad a gobiernos estatales de aprender de manera virtual.
Créditos: The Climate Group. Grupo de trabajo virtual- sector transporte Jalisco.
Proporcionar un paquete personalizado de asistencia técnica y capacitación para que los estados mejoren sus capacidades y conocimientos sobre sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV);
Alinear los sistemas de MRV regionales con esfuerzos nacionales y locales para promover la acción climática integrada a través diálogos entre el gobierno nacional, estatal, regional y local para ayudar a alinear las acciones climáticas en todos los niveles de gobierno;
Fomentar el intercambio de conocimientos y reproducción de buenas prácticas a nivel internacional a través de casos de estudio, foros entre pares, entre otros.
States and regions play a critical role in achieving green recovery from the COVID-19 pandemic. These jurisdictions are closest to the communities and have a great opportunity to link economic recovery measures with environmental considerations.
The Climate Footprint Project, which supports the governments of Baja California, Jalisco and Yucatan to improve their greenhouse gas (GHG) reduction and monitoring efforts, has recognized the importance of adapting to the current crisis. It seeks to demonstrate the importance of Measurement, Reporting and Verification (MRV) systems in providing the data that will allow state governments to assess the socioeconomic and environmental impacts of climate actions. Furthermore, this will help to highlight one of the most important results we have been able to see so far: the mainstreaming of climate change.
In the face of travel restrictions and large group meetings, the project has reinvented itself to achieve its goals. A concrete example is the Jalisco experience, where a series of technical webinars have been developed with the different Ministries that form part of the mitigation group at the state’s Inter-Institutional Action Commission on Climate Change, as part of the capacity-building offered by the project. For one month – online – representatives from each Ministry have joined working groups to continue mainstreaming climate change in their entities.
Credits: The Climate Group. Webinar-Presentation System for monitoring climate actions at the sub-national level with GIZ (May 19).
Through interactive tools, the team facilitated work sessions to develop and identify mitigation actions and indicators that lead towards monitoring a future green recovery. Similar work will be done in the states of Yucatan and Baja California. In parallel, the “From Follow-up to Action” series of peer-to-peer forums will begin shortly, providing another opportunity for state governments to learn virtually.
Credits: The Climate Group. Virtual working group – Jalisco transport sector.
To provide a customized package of technical assistance and training for states to improve their capabilities and knowledge on Measurement, Reporting and Verification (MRV) systems;
To align regional MRV systems with national and local efforts in order to promote integrated climate action through dialogs between national, state, regional and local governments, and align climate actions at all levels of government;
To promote knowledge exchange and the reproduction of good practices at an international level through case studies and peer forums, among others.
COVID-19 has affected Mexico since February 27 of this year and with it, the people’s mobility and interaction has been restricted. One of the most vulnerable sectors to these measures is the Tourism sector.
According to preliminary figures from the World Tourism Organization, a loss of approximately 45 billion dollars is estimated, and a decrease between 60 and 80% in the arrival of international tourists in 2020. To equate these figures, that means losing almost twice the amount of foreign exchange registered in 2019.
The situation is complex and challenging for everyone, especially for small and medium-sized enterprises and the population that depends on them. José Benigno Torres, President of the San Miguel de Allende Business Coordinating Council, stated that, at least in this tourist destination:
“There is a risk of 60% of hotels closing permanently, and around 40% of restaurants… And those of us who are going to transcend this epidemic face particularly important challenges: we must reinvent the way in which we provide our services and learn from this huge health crisis.”
As a consequence, business dialogues have been taking place in several parts of the country, reflecting upon the way tourism developed before the crisis and if it is adequate for this new reality. Likewise, some reflections are being shared regarding the lessons that should permeate in future sector decisions. The Bahía de Banderas and Puerto Vallarta Business Association (AEBBA), through its president, Jorge Villanueva, stated:
“The great lesson that COVID leaves us is the folly of humanity by not protecting nature, in many areas. We cannot go back to doing things the same way. We have to be more socially and environmentally responsible.”
Without a doubt, the total impacts on tourism will be documented with more certainty in the months following the end of the pandemic and in accordance with the mobility regulations that each country establishes. Therefore, this moment is an opportunity to create creative strategies that permit the economic, social, and environmental recovery of the country.
El COVID-19 afecta a México desde el 27 de febrero de este año y, con ello, la movilidad e interacción entre las personas se ha restringido. Uno de los sectores más vulnerables a estas medidas es el sector Turismo.
De acuerdo con cifras preliminares de la Organización Mundial del Turismo, se estima una pérdida aproximada de 45 mil millones de dólares, y una baja entre 60 y 80% de la llegada de turistas internacionales en 2020. Para equiparar estas cifras, eso significa perder casi el doble de la captación de divisas registradas en 2019.
La situación es compleja y desafiante para todos, en especial para las pequeñas y medianas empresas y la población que depende de ellas. El Lic. José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, compartió que al menos en el destino turístico:
“existe el riesgo de cerrar el 60% de los hoteles de manera permanente, y alrededor del 40% de restaurantes… y los que vayamos a transcender esta epidemia tenemos retos muy importantes: tenemos que reinventar la manera en cómo proveemos nuestros servicios y aprender de esta gran crisis de salud”.
Como consecuencia, diálogos empresariales se han llevado a cabo en diversas partes del país. Las reflexiones rondan sobre la forma en que se desarrolló el turismo antes de la crisis y si es adecuado para esta nueva realidad. Asimismo, se comparten algunas reflexiones sobre las lecciones y aprendizajes que deberían permear en las próximas decisiones en el sector. La Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta (AEBBA), a través de su presidente el Lic. Jorge Villanueva, expresó:
“La gran lección que nos deja el COVID es la insensatez que ha tenido la humanidad en muchos rubros al desproteger a la naturaleza. No podemos volver a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera. Tenemos que ser más responsables socialmente y más responsables con el entorno”
Sin duda, los impactos totales al turismo podrán documentarse con certidumbre después de varios meses del término de la pandemia y conforme a las regulaciones de movilidad que establezcan los países. Por lo cual, este momento es una oportunidad para crear estrategias creativas que permitan la recuperación económica, social y ambiental del país.
The construction sector is essential for an economic recovery after the COVID-19 crisis. It can rapidly create large amounts of jobs and involves far-reaching value chains of small and large businesses. In 2015, the sector accounted for 11-13% of global GDP. It is indeed a major employer: 7% of total global employment or 220 million jobs depend on it. Globally, USD 4.5 trillion were spent on construction and renovation of buildings in 2018.
The building sector holds the potential for a double win: providing a powerful tool to stimulate the economy, while moving the whole sector to a new and greener state. For small extra investments, green buildings can achieve massive long-term savings of cost and greenhouse gas (GHG) emissions. The International Energy Agency (IEA) estimates that realizing the potential of sustainable buildings will save USD 1.1 trillion by 2050. Nevertheless, the real estate business is slow to change its way of doing things and mobilize these small extra investments without external nudges in the form of legal obligations or incentives.
Crisis Response as Investment in the Future: Examples from Republic of Korea, Germany and US
Therefore, we have at this moment of global crisis a unique opportunity to shift the course of the building sector and earmark investments for green construction. Governments all over the globe are devising the best strategies to deal with the crisis, under enormous time pressure. If we aim for “business-as-usual,” we will repeat or even aggravate the mistakes of the past. Instead, we need to urgently change the path of the building sector to move towards green buildings, or even zero-carbon buildings.
The response to the crisis should be an investment in the future. Governments already successfully used green building programmes to help recover from the financial crisis in 2008. For example, the Republic of Korea used stimulus measures for green buildings that combined stricter policies with financial support. A green building code for large residential buildings required a 20% energy efficiency improvement. In parallel, the government provided a financial incentive programme for the retrofitting of homes. A ‘Building Energy Certification Programme’ was gradually extended to all building types.
Germany used programmes for energy-efficient construction and refurbishment. Preferential loans for new residential constructions and refurbishments of residential, municipal, and social buildings set increasingly higher standards for energy efficiency. With government funding of EUR 2 billion in 2016, the programmes leveraged investments of EUR 45 billion, roughly half of which was directly spent on energy efficiency measures. In 2016, more than 400,000 private residential units were financed and 286,000 jobs induced. The subsidised buildings saved 1,730 GWh of final energy and 619,000 tonnes of GHG emissions in 2017.
The US provided more than USD 11 billion in stimulus funding for building upgrade programmes in sectors such as homes, businesses, government buildings, and public facilities such as schools and hospitals after the financial crisis. These programmes delivered about USD 2 in energy cost savings for every USD 1 invested. More than 200,000 jobs were created.
Credits: PEEB
Successful Blueprints for Green Building Programmes Exist
Green building programmes can stimulate economic activity and create jobs, while simultaneously achieving environmental and social goals. The French-German PEEB programme is currently working with its partner countries in Morocco and Vietnam on such stimulus programmes for energy-efficient buildings.
A combination of several instruments such as financial incentives or public procurement can be employed, targeting either investors or private households. This can be done through:
Residential or commercial energy efficiency programmes for new buildings or refurbishments that use public funds to leverage private investments, through instruments such as subsidies, grants, or concessional loans.
Public procurement programmes for energy efficiency in public buildings through retrofits or new construction, for example in schools, hospitals or administrative buildings, can improve hygienic standards at the same time.
Replacement programmes for equipment and appliances, such as boilers, energy-efficient lighting or household appliances through bulk purchasing or installation programmes, which provide financial incentives, like subsidies or tax exemptions, to suppliers (supply-side) or households (demand side).
Green energy generation in buildings, providing incentives to households or private investors.
Ambitious policies and standards for green buildings should be developed in parallel, to ensure a lasting transformation of the building sector. This should be accompanied by knowledge transfer and the development of local green building and construction skills.
“Strings Attached” – Green Conditionality for Stimulus Packages for Building Sector
Green stimulus packages for the construction industry need to have “strings attached”: a “green conditionality” is needed to set the bar higher for buildings that receive support.
Some basic criteria can be applied, based on the national context, to favor a sustainable development of the construction sector in the long term:
Rewarding performance: higher energy or low-carbon performance goals should be rewarded with higher financial incentives.
Incentives for project certification and labeling through a systematic inclusion of energy efficiency and environmental criteria in public and private procurement documentation and lending.
Preferential treatment for green buildings: Priority should be given to green construction projects, for example through including green criteria for public procurement or “fast track” processing of building permits.
Accelerate national climate policies: short-term economic stimulus programmes should be geared towards a country’s climate and sustainable development
By setting smart and effective criteria for green buildings, short-term stimulus packages can become a double tool for economic recovery and environmental sustainability. If we work towards the goals of the Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) of a zero-emission, efficient, and resilient building and construction sector, the response to the crisis becomes an investment into the future.
El sector de la construcción es esencial para una recuperación de la economía tras la crisis de COVID-19. Puede generar grandes cantidades de empleo en poco tiempo e implica cadenas de valor de amplio alcance para negocios pequeños y grandes. En 2015, el sector representó un 11-13% del PIB mundial. De hecho, es uno de los principales empleadores con un 7% del empleo total mundial o lo que son 220 millones de trabajos que dependen del sector. En 2018, se gastaron 4.5 billones de dólares en construcción y renovación de edificaciones a nivel mundial.
Los edificios verdes pueden ayudar tanto a la economía como al clima
El sector de la construcción tiene el potencial de un doble triunfo: proporcionar una poderosa herramienta para estimular la economía mientras traslada al sector hacia un estado nuevo y más verde. Para pequeñas inversiones adicionales, los edificios verdes pueden lograr enormes ahorros de costos y de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que la realización del potencial de edificios sostenibles ahorraría 1.1 billones de dólares para 2050. Sin embargo, el negocio inmobiliario es lento para cambiar su manera de hacer las cosas y movilizar estas pequeñas inversiones adicionales sin impulsos externos en la forma de obligaciones legales o incentivos.
La respuesta de la crisis como una inversión en el futuro: Ejemplos de la República de Corea, Alemania y EU
En este momento de crisis global tenemos una oportunidad única para cambiar el curso del sector de la construcción y destinar inversiones para la construcción verde. Gobiernos de todo el mundo están ideando las mejores estrategias para enfrentar la crisis, bajo una enorme presión de tiempo. Si aspiramos a la situación habitual (business-as-usual), repetiremos o hasta agravaremos los errores del pasado. En cambio, necesitamos de manera urgente cambiar el camino del sector de la construcción para avanzar hacia edificios verdes o, incluso, edificios de cero emisiones de carbono.
La respuesta a la crisis debería ser una inversión en el futuro. Los gobiernos ya utilizaron con éxito programas de construcción verde para ayudar a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, la República de Corea usó medidas de estímulo para construcción verde que combinaban políticas estrictas con apoyo financiero. Un código de edificios verdes para grandes edificios residenciales requería una mejora de la eficiencia energética de un 20%. Paralelamente, el gobierno proporcionó un programa de incentivos financieros para la modernización de viviendas. El “Programa de Certificación Energética de Edificios” se extendió gradualmente a todos los tipos de construcción.
Alemania usó programas para la construcción y renovación de eficiencia energética. Los préstamos preferenciales para nuevos edificios residenciales, municipales y sociales establecen estándares cada vez más altos para la eficiencia energética. Con una financiación gubernamental de dos mil millones de euros en 2016, los programas impulsaron inversiones de 45 mil millones de euros, aproximadamente la mitad de los cuales se gastaron directamente en medidas de eficiencia energética. En 2016, se financiaron más de 400,000 unidades residenciales privadas y se indujeron 286,000 trabajos. Los edificios subsidiados ahorraron 1,730 GWh de la energía final y 619,000 toneladas de emisiones de GEI en 2017.
Estados Unidos proporcionó más de 11 mil millones de dólares en fondos de estímulo para programas de mejora en los sectores de construcción de viviendas, negocios, edificios de gobierno e instalaciones públicas como escuelas y hospitales luego de la crisis financiera. Estos programas generaron cerca de dos dólares de ahorros en costos de energía por cada dólar invertido. Se crearon más de 200,000 de empleos.
Créditos: PEEB
Existen proyectos exitosos para programas de construcción verde
Los programas de construcción verde pueden estimular la actividad económica y crear empleos, al mismo tiempo que se logran metas ambientales y sociales. El programa franco-alemán PEEB está trabajando actualmente con sus países socios en Marruecos y Vietnam en dichos programas de estímulo de eficiencia energética para edificios.
Se puede emplear una combinación de varios instrumentos como incentivos financieros o contratación pública, enfocada lo mismo a inversionistas o a usuarios particulares. Esto puede realizarse a través de:
Programas de eficiencia energética residenciales o comerciales para nuevos edificios o remodelaciones que usen fondos públicos para impulsar inversiones privadas, a través de instrumentos tales como subsidios, subvenciones y préstamos en condiciones favorables.
Programas de contratación pública para eficiencia energética en edificios públicos a través de modificaciones o construcciones nuevas, por ejemplo, en escuelas, hospitales o edificios administrativos, al mismo tiempo pueden mejorar los estándares higiénicos.
Programas de reemplazo para equipos y electrodomésticos, tales como calentadores, iluminación de bajo consumo de energía a través de programas compras al por mayor de electrodomésticos o instalación, que proporcionen incentivos financieros, como subsidios o exenciones de impuestos a proveedores (oferta) u hogares (demanda).
Generación de energía verde en edificios que proporcione incentivos a hogares o inversionistas privados.
Se deben desarrollar políticas y estándares ambiciosos para edificios verdes en paralelo, para asegurar una transformación duradera del sector de construcción. Esto debería acompañarse por la transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades locales de construcción y edificios verdes.
“Compromiso” – Condicionalidad verde para los paquetes de estímulo para el sector de construcción
Los paquetes de estímulo verde para la industria de la construcción deben tener “compromisos”: una “condicionalidad verde” es necesaria para elevar las exigencias a los edificios que reciben apoyo.
Se pueden aplicar algunos criterios básicos, basados en el contexto nacional, para favorecer un desarrollo sostenible del sector de construcción a largo plazo:
Desempeño gratificante: las metas de mayor rendimiento energético o bajo en carbono deben ser recompensados con mayores incentivos financieros.
Incentivos para la certificación y etiquetado de proyectos a través de una inclusión sistemática de eficiencia energética y criterios ambientales en la documentación de adquisiciones y los préstamos públicos y privados.
Tratamiento preferencial para edificios verdes: Se debe dar prioridad a los proyectos de construcción verdes, por ejemplo, mediante la inclusión de criterios verdes para la contratación pública o el procesamiento “acelerado” de los permisos de construcción.
Acelerar políticas climáticas nacionales: los programas de estímulo económico a corto plazo deben orientarse hacia el desarrollo sostenible y climático del país.
Al establecer criterios inteligentes y efectivos para edificios verdes, los paquetes de estímulo a corto plazo pueden convertirse en una doble herramienta para la recuperación económica y la sostenibilidad ambiental. Si trabajamos para lograr la meta de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC, por sus siglas en inglés) de un sector de construcción y edificios de cero emisiones, eficiente y resiliente, la respuesta a la crisis se convierte en una inversión en el futuro.
