En México, la agenda de financiamiento sostenible ha cobrado fuerza en años recientes, integrando compromisos ambientales y financieros cada vez más ambiciosos. En 2022, el país ratificó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, con la meta de conservar el 30 % de su territorio para 2030¹. Para movilizar recursos hacia ese objetivo, el Programa BIOFIN del PNUD y la Secretaría de Medio Ambiente diseñaron un Plan Nacional de Financiamiento para la Biodiversidad, que propone instrumentos innovadores como bonos verdes temáticos, seguros paramétricos y líneas de crédito adaptadas a la conservación productiva¹. 

En el plano financiero, México ha dado pasos concretos: en 2023 publicó su Taxonomía Sostenible, que reconoce la agricultura sostenible y el café agroforestal como actividades verdes elegibles para inversión². Desde 2020, la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles y los nuevos lineamientos de la CNBV han impulsado al sistema financiero a incorporar criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) ³. Gracias a este entorno normativo, el país ha emitido bonos pioneros, como el bono soberano ODS (2020) por 890 millones USD. Sin embargo, la canalización efectiva de recursos hacia actividades sostenibles sigue siendo un desafío: por cada peso de ingreso fiscal verde recaudado, México obtiene 59 pesos de actividades contaminantes⁴. 

Grupos focales en Chiapas con comunidades tzetzales y tzotziles. Créditos: Johanna Quiroga de Fundación Capital. 

Grupos focales en Chiapas con comunidades tzetzales y tzotziles. Créditos: Johanna Quiroga de Fundación Capital. 

En Chiapas, estado de alta biodiversidad y fuerte vocación cafetalera, se han implementado políticas que sientan las bases para vincular biodiversidad con acceso financiero. Desde 2017, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce al café como cultivo eje de la agroecología y propone fondos específicos para su fortalecimiento. El Plan Estatal de Desarrollo 2019–2024 contempla esquemas de crédito diferenciados para la caficultura sostenible, y una reforma de 2020 habilitó fideicomisos de garantía agropecuaria con participación público-privada⁵⁶. 

Estos avances se complementan con programas federales como Producción para el Bienestar y con fondos internacionales como el GEF, que canaliza recursos a proyectos agroforestales en regiones prioritarias. En paralelo, nuevos instrumentos financieros como el crédito “Cosechando Soberanía” (2025) ofrecen financiamiento entre $30,000 y $1,300,000 MXN, con tasa preferencial de hasta 4.5 % anual, pagos al final de la cosecha y seguro agropecuario incorporado⁷. También establece un precio mínimo garantizado respaldado por FIRA, reduciendo el riesgo de volatilidad en ingresos para pequeños productores⁷. 

Las cooperativas son actores clave del ecosistema financiero rural, desempeñando un rol fundamental como intermediarias financieras. Muchas gestionan coberturas de precio mediante contratos forward, como en el caso de Comon Yaj Noptic o Tzeltal-Tzotzil, que también operan Sistemas Participativos de Garantía (SPG). Estos sistemas certifican prácticas agroecológicas sin necesidad de auditorías externas, permitiendo que más de 300 productores accedan a mercados diferenciados con mejores precios⁸⁹. 

Además de la banca de desarrollo (FIRA, FND), los pequeños productores acceden a crédito a través de un ecosistema diverso de entidades locales: uniones de crédito, cajas rurales, cooperativas de ahorro (SOCAP) y financieras populares (SOFIPO). Estas instituciones otorgan microcréditos entre $5,000 y $50,000 MXN, con tasas que oscilan entre 24 % y 30 % anual, aunque su cobertura sigue siendo limitada. Las garantías públicas, como FONAGA ProBienestar, permiten cubrir hasta el 70 % del saldo en caso de impago para quienes reciben apoyos federales, incentivando el crédito sin exigir colaterales onerosos¹⁰. 

La inclusión tecnológica también avanza. Fintechs como Verqor ofrecen créditos en especie a productores sin historial bancario, financiando insumos al inicio de la temporada y recibiendo el pago al final de la cosecha. Este modelo ha permitido que el 55 % de sus usuarios accedan por primera vez a crédito formal¹¹. Otras plataformas como Agree o ePesos Agro usan big data para evaluar riesgo y conectar productores con financiamiento adaptado al sector rural. 

Grupos focales en Chiapas con comunidades tzetzales y tzotziles. Créditos: Johanna Quiroga de Fundación Capital. 

En cuanto a la inversión privada, actores como Root Capital han canalizado más de 3 millones USD en cooperativas chiapanecas desde 2010, combinando crédito en dólares al 8–10 % con asistencia técnica. En el caso de Comon Yaj Noptic, esta inversión permitió crear fondos internos, acceder a mercados internacionales y aumentar los ingresos en un 25 %, equivalente a más de 6,000 pesos adicionales por cosecha¹². 

Aunque México aún no ha emitido un bono de biodiversidad, ya existen propuestas y condiciones técnicas para hacerlo. El Plan de Financiamiento de la Biodiversidad plantea su viabilidad, y entidades como el FMCN —que ha canalizado más de 18 millones USD a proyectos agroforestales en Chiapas— podrían actuar como vehículo de estructuración. Para lograrlo, es clave agrupar proyectos pequeños en portafolios más robustos que resulten atractivos para inversionistas institucionales¹³. 

También comienzan a explorarse los créditos de biodiversidad: instrumentos similares a los bonos de carbono, pero centrados en resultados de conservación. Aunque aún no existe un mercado regulado en México, se evalúa su potencial en contextos como cafetales de sombra o sistemas agroforestales certificados¹⁴. En paralelo, los programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de CONAFOR han transferido más de 4,000 millones de pesos a comunidades rurales entre 2010 y 2020, y existen propuestas de tokenizar los servicios ecosistémicos para atraer inversión privada¹⁵ ¹⁶. 

El camino para escalar estas iniciativas aún enfrenta retos importantes: baja bancarización (solo el 18 % de los caficultores en Chiapas accede a crédito formal¹⁷), falta de garantías, altos costos financieros y limitada oferta adaptada al ciclo productivo agrícola. Pero las soluciones existen, y están emergiendo. Desde garantías públicas y fintechs rurales, hasta SPG y cooperativas bien estructuradas, el ecosistema está comenzando a alinearse hacia una nueva etapa de inclusión y sostenibilidad financiera. 

La biodiversidad se cuida con conocimiento, con acción y con confianza. En Chiapas, los cafetales de sombra y las manos que los cultivan nos recuerdan que cada peso invertido en sostenibilidad es una semilla de futuro. Este trabajo nos enseña que las finanzas pueden ser una herramienta de cuidado. 

Desde Fundación Capital creemos que cuidar la biodiversidad también significa fortalecer la vida y los medios de quienes la protegen. Cada avance en inclusión financiera y sostenibilidad en el agro chiapaneco demuestra que es posible tejer puentes entre la conservación y el bienestar rural. Invitamos a quienes comparten esta visión a sumar esfuerzos: juntos podemos hacer que el financiamiento para la biodiversidad florezca en más territorios, impulsando comunidades resilientes, productivas y sostenibles. 

Este artículo se elaboró a partir del benchmarking realizado por Fundación Capital en el marco del proyecto BioFinCas, una iniciativa financiada por la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Gobierno Alemán¹⁸.