Author: IKI Alliance

Con el fin de contribuir a las metas de cambio climático, la iniciativa Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) asiste a México y otros 30 gobiernos alrededor del mundo en la generación de un marco regulatorio para reducir las emisiones de óxido nitroso (N2O) generadas a partir del proceso de fabricación de ácido nítrico.

 

Créditos: GIZ. Nitric Acid Climate Action Group

 

Si bien el ácido nítrico es un producto importante para la industria química, pues se utiliza primordialmente para la elaboración de fertilizantes, su proceso de fabricación emite N2O, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 265 veces mayor al del dióxido de carbono (CO2). En México, el sector tiene un potencial de mitigación anual de aproximadamente 515,000 tCO2e, emitidas por 3 instalaciones, y representando el 6.5% de la meta nacional en materia de reducción de emisiones industriales para el año 2030.

En aras de fomentar la producción de ácido nítrico baja en emisiones, la iniciativa NACAG ofrece asesoría técnica y apoyo financiero para la instalación de tecnología de abatimiento en las plantas de ácido nítrico. Se ofrece también financiamiento para la instalación de tecnología de monitoreo de emisiones, fortaleciendo así el inventario nacional de emisiones de GEIs; y para la contratación y capacitación de personal a cargo de la tecnología.

 

Créditos: Shutterstock. Planta productora de fertilizantes nitrogenados.

 

Con el fin de asesorar al gobierno de México, el equipo técnico de NACAG ha realizado un estudio evaluando las opciones de instrumentos legales que afirmen, a largo plazo, el abatimiento de las emisiones de N2O en el sector. Se identificó un catálogo de diversos mecanismos de política (regulatorios, fiscales, de mercado y voluntarios) que permitan dar continuidad a los compromisos que México asumiría al sumarse a la iniciativa. Además, producto de un proceso de consulta con actores clave del sector público y privado, se elaboró una hoja de ruta que considera diferentes escenarios de implementación.

 

Evaluación de instrumentos para la regulación de N2O en el sector ácido nítrico

 

En este sentido, la coyuntura actual sobre el arranque del programa piloto del Sistema de Comercio de Emisiones, representa una oportunidad para regular las emisiones del sector de ácido nítrico a través de marcos institucionales existentes y a bajos costos de transacción. Se propone aprovechar el marco institucional actual en torno al Sistema de Comercio de Emisiones, integrando las reducciones del sector de ácido nítrico como un sector adicional en el programa de compensaciones. De esta manera se incentiva la mitigación continua del N2O permitiendo a los productores de ácido nítrico generar créditos de compensación.

La evaluación de distintos sectores a ser considerados en el programa de compensaciones, coordinada conjuntamente por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), ha identificado diversas ventajas preliminares del sector, tales como las condiciones de mercado óptimas, un marco legal robusto y la costo-efectividad de la mitigación. Asimismo, la Secretaría Técnica de NACAG ha comenzado a desarrollar un protocolo para la gestión de reducciones que se presentará a los países miembros y será reformado de acuerdo con sus necesidades nacionales. Este protocolo fungirá como un apoyo al gobierno de México durante el diseño de metodologías para el funcionamiento adecuado del programa de compensaciones.

La iniciativa NACAG es un proyecto financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.

En los últimos años, el concepto de presupuesto de carbono ha adquirido importancia no sólo como una métrica para definir las metas de mitigación climática a nivel global, sino también como un indicador para ampliar la ambición y fortalecer el cumplimiento de estas metas. El presupuesto de carbono es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) a lo largo de un periodo, para limitar el incremento de la temperatura promedio de la tierra dentro de un cierto rango.

Este estudio presenta una metodología desarrollada por la Iniciativa Climática de México (ICM) con el apoyo del proyecto “Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático” (CONECC) de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ). Dicha metodología busca estimar el presupuesto de carbono de México y del sector eléctrico, con el objetivo de que como país contribuimos a la meta de limitar el aumento de temperatura media global por debajo de los 2°C (y consideraciones para un escenario de 1.5°C), establecida en el Acuerdo de París.

De acuerdo con el estudio, el presupuesto de carbono de México del 2019 al 2100 es de 22.2 GtCO2e, lo que significa que, si el país continuara con el mismo ritmo de emisiones, su presupuesto de carbono se agotaría para 2040. Para el caso del sector eléctrico, el presupuesto de carbono disponible es de 3.9 GtCO2e hasta el 2100. Estos resultados fortalecen la necesidad de contar con metas climáticas con mayor ambición.

El estudio demuestra también la factibilidad de cumplir con el presupuesto de carbono del sector eléctrico si se toman en cuenta una serie de supuestos que conlleven a la convergencia de las políticas climáticas y energéticas, entre ellos, una participación de más del 50 por ciento de energías renovables en la generación eléctrica, acompañado de medidas de eficiencia energética en los sectores de consumo final.

Para obtener más información, póngase en contacto con: Jonas.russbild@giz.de

En 2019, el proyecto BioPaSOS ha avanzado con su objetivo de promover y fortalecer la ganadería sustentable en México, específicamente en Chiapas, Jalisco y Campeche; mediante el fortalecimiento de capacidades, la investigación para toma de decisiones y la generación de alianzas interinstitucionales. Actualmente, BioPaSOS impacta a 20 municipios.

 

Créditos: Proyecto BioPaSOS. Participantes del Taller Promoción del Trabajo Colaborativo para el Desarrollo de la Ganadería Sustentable en Chiapas

 

Por medio de la implementación de las Escuelas de Campo (ECA), el proyecto ha capacitado a 1 231 productores en 35 diferentes temas como conservación y monitoreo de biodiversidad, buenas prácticas ganaderas, manejo de pasturas, bancos forrajeros, establecimiento de sistemas silvopastoriles, manejo de recursos naturales y otros. Cerca de 13 200 ha han sido impactadas mediante esta metodología.

En Campeche el 80,5% de las personas que han recibido capacitación con las ECA han sido hombres y el 19,5% mujeres. En Chiapas el 68,82% han sido hombres y el 31,18% mujeres; mientras que en Jalisco el 80,5% han sido hombres y el 19,5% mujeres.

 

Créditos: Proyecto BioPaSOS. Taller para fortalecer capacidades de técnicos realizado en Jalisco

 

Además, 68 técnicos de instituciones locales y cerca de 100 estudiantes universitarios han fortalecido sus conocimientos sobre ganadería sustentable, al participar en talleres, charlas magistrales, días demostrativos, ECA, visitas guiadas e intercambios de experiencias. A su vez, se han desarrollado seis foros virtuales dirigidos por expertos, con la participación de 351 personas de toda la región latinoamericana.

Este esfuerzo se acompaña de la conformación de colectivos que incluyen al sector público, academia, asociaciones civiles y productores. En Campeche se creó la Comunidad de Aprendizaje en Ganadería Sustentable, en Chiapas se participa en el grupo Ganadería Sana y Responsable y en Jalisco se trabaja en la construcción del Grupo de Trabajo Silvopastoril Región Costa Sur.

 

Créditos: BioPaSOS. Taller con técnicos de Chiapas sobre establecimiento de sistemas silvopastoriles

 

Asimismo, en Chiapas, el CATIE a través de BioPASOS participa en el Comité Técnico Consultivo de REDD+, espacio conformado por Secretarías del Estado, ONG y otros, y que contribuye a generar recomendaciones para desarrollar estrategias de producción sustentables.

Por otra parte, solo en 2019 se han desarrollado seis investigaciones junto a centros de investigación y académicos de cada estado.

BioPaSOS cierra el 2019 manteniendo alianzas formales con 38 socios locales, entre ellos, instituciones gubernamentales, académicas, científicas, del sector privado, ONG y asociaciones ganaderas.

Esta iniciativa es implementada desde el 2017 por el CATIE, junto al IICA, con el apoyo de la SADER y la CONABIO.

En este año 2019, finalizó el proceso de Interpretación Nacional de la Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible en México, que tuvo como objetivo desarrollar guías para que los Principios y Criterios del estándar sean apropiados al contexto del país.

La interpretación nacional fungió como un espacio para discutir temas prioritarios como: condiciones de trabajo justas, respeto a las comunidades locales y su derecho a la tierra, no tala de bosques y reducción de gases de efecto invernadero.

Pronatura Sur, participó activamente en: -incluir las particularidades socioambientales de los estados productores de palma de aceite en México -tratar de asegurar el reconocimiento de los efectos sociales y ambientales de la conversión a gran escala de tierras en plantaciones de monocultivos, así como buscar los mecanismos para mitigar esos efectos.

Finalmente se espera que los gobiernos locales, agencias gubernamentales, industria y consumidores se involucren en la implementación del estándar. Además, es necesario que, al paralelo del estándar, se implemente la ley, a nivel nacional y regional, para asegurar que las compañías y los productores se apeguen a las prohibiciones de deforestar las selvas del país. El sur de México debe de avanzar hacia una producción con visión de largo plazo que incluya la preservación de su capital natural.

 

Créditos: Pronatura Sur

 

Durante el 2019, Pronatura Sur llevó a cabo dos eventos importantes en torno al Desarrollo Rural Sustentable.  1. El Foro de Desarrollo Rural Bajo en Carbono en México, que tuvo lugar en el Senado de la República en coordinación con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y 2. el Foro Estatal de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Cambio Climático, celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en coordinación con la Comisión de Planeación del Congreso del estado.

En ambos eventos, se contó con la presencia de expertos en materia de cambio climático, desarrollo sustentable, biodiversidad y recursos naturales, quienes desde distintas perspectivas propiciaron un espacio para un diálogo político de alto nivel.

Se espera que ambos eventos establezcan las bases para una coordinación y colaboración conjunta entre sectores territoriales, de políticas ambientales y entre estado y  sociedad civil, para atender los retos nacionales y estatales en materia de cambio climático  y gestión integrada del territorio, que contribuyan a lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible al año 2030.

Uno de los logros más importantes del 2019 en materia de manejo forestal sustentable para el Estado de Chiapas fue: la elaboración de un sistema de modelos biométricos como una herramienta silvícola para el manejo de bosques con potencial maderable.

 

Créditos: Pronatura Sur. Taller Modelos Biométricos

 

Este sistema, consiste en una serie de ecuaciones derivadas de los análisis troncales, los cuales permiten realizar estimaciones confiables de las existencias volumétricas de los bosques del estado de Chiapas.

Los resultados de este proyecto incluyen las siguientes ecuaciones:

  • 120 de tarifas de volumen
  • 40 de distribución de productos
  • 40 de funciones de perfil
  • 10 de índice de sitio

Este sistema biométrico establece una base científica sólida para el aprovechamiento del manejo sustentable de las especies de mayor importancia económica, colocando a Chiapas dentro de los estados con mayor potencial de producción de madera en México, además de que contribuye al diseño, formulación, ejecución, evaluación y monitoreo de los programas de manejo forestal de las comunidades y predios del estado.

 

Créditos: Pronatura Sur. Práctica de Campo de Modelos Biométricos

Para la transición a un desarrollo rural bajo en emisiones (DRBE) se requieren cambios en el sistema de incentivos, entendidos como diversos mecanismos para generar productividad en materia de actividades agropecuarias, particularmente en aquellos que promueven sistemas de producción que impulsan la deforestación o generan grandes cantidades de emisiones como el sector agropecuario.

El crédito a la producción, la reducción de algunos impuestos a cadenas de valor con menor huella climática y el pago por servicios ambientales, son solo algunos ejemplos de incentivos utilizados en el ámbito del desarrollo rural.

En este caso, el estado de Chiapas, es un ejemplo de la importancia de integrar una política transversal de incentivos, ya que las emisiones del estado provienen en un 76% del cambio de uso de suelo, la tala de bosques, la agricultura y la ganadería.

Actualmente Pronatura Sur, se encuentra trabajando en un documento como base para explorar la construcción de un mecanismo de incentivos para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones en Chiapas, el cual, ha sido uno de los estados más favorecidos por el financiamiento federal para el desarrollo rural, pero al mismo tiempo, no se refleja una mejora en las condiciones de vida de los productores quienes siguen viviendo en situaciones de pobreza extrema.

El documento propone, financiar un sistema jurisdiccional de incentivos a nivel estatal, e impulsado mediante una colaboración estratégica entre actores locales, con el objetivo de, contribuir al debate de un cambio de alto impacto y transformacional requerido para erradicar la pobreza, mitigar el cambio climático y lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

Pronatura Veracruz A.C. busca convertir la amenaza del cambio climático en el uso de suelo y degradación ambiental que afecta al sitio Ramsar “Sistema Lagunar de Alvarado” en una nueva estrategia de adaptación basado en ecosistemas (AbE). A partir de eso, se incrementa la resiliencia y capacidad adaptativa de los bosques de manglar y las comunidades locales en el contexto de cambio climático.

En 2019 se destacan los siguientes resultados a nivel ecológico, económico y social:

  1. La restauración ecológica de 201 hectáreas, adaptando la técnica ancestral de “chinampas”, y la rehabilitación de 5 km de canales, lo que permite recuperar las características ecológicas y conectividad hidrológica deseables del manglar. Además, se implementa un esquema de monitoreo para generar conocimiento del estado de conservación del hábitat y/o de su proceso de recuperación después de la restauración.
  2. Se impulsa el desarrollo local a partir de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) como figura de aprovechamiento forestal regulado; así como se fortalecen las capacidades de gestión, aprovechamiento y monitoreo. Más de 221 personas y 110 jóvenes de comunidades locales han participado en la capacitación y restauración; además, 51 personas de 12 estados del país fueron parte del “Intercambio de Experiencias Comunitarias: restauración, aprovechamiento y conservación de biodiversidad en Manglares de México”, realizado en junio de 2019.
  3. Con base en un enfoque de cadenas de valor, la iniciativa “Mundo Manglar” permite sensibilizar al mercado sobre la importancia de los manglares, sus especies de fauna y los servicios ecosistémicos que brindan. El objetivo es promover el consumo responsable para contribuir a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo de las comunidades que aprovechan sustentablemente los recursos forestales del manglar, como madera, carbón y miel.

Este  proyecto  es implementado por Pronatura Veracruz A.C. con el financiamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) del Gobierno de Alemania, a través de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI).

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la banca de desarrollo en materia de vivienda del Gobierno Federal en México, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, promoviendo alternativas de financiamiento que influyan positivamente en la población y economía mexicana impulsando el bienestar económico y social, además de que contribuyan al cumplimiento de los compromisos de responsabilidad ambiental, con el fin  de alcanzar una visión de desarrollo sustentable.

La política de vivienda y desarrollo urbano que se ha puesto en práctica durante los últimos años en México ha buscado impulsar mecanismos que promuevan ciudades más compactas, con un desarrollo urbano sustentable, que integre elementos de entorno, acceso a servicios, infraestructura y centros de empleo, con el fin de incrementar la calidad de vida de sus habitantes.

Dentro de este contexto, la SHF diseñó el programa Ecocasa con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), el cual opera desde 2013: contribuyendo a combatir el cambio climático a la par que aumenta la calidad y bienestar de la población; generando un mercado de vivienda sustentable y dando acceso a familias de bajos ingresos a casas energéticamente eficientes con reducción de emisiones de CO2, de entre un 20% y 40% ,respecto a una línea base de vivienda que no incorpora medidas de eficiencia energética.  A finales del 2018, el Programa Ecocasa había certificado 61,548 viviendas, de las cuales el 85.4% fueron financiadas por SHF.

Como resultado de esta experiencia, SHF realizó durante el 2016 una serie de estudios, con la finalidad de identificar los principales retos que enfrentaban los desarrolladores de vivienda, entre los que se encuentra la falta de incentivos para impulsar infraestructura y equipamiento para la vivienda integrando elementos de sustentabilidad. Actualmente esta tarea es responsabilidad de los municipios, pero dada la insuficiencia de recursos locales, muchos de ellos terminan delegando la urbanización a los desarrolladores, quienes se ven en la necesidad de realizar esfuerzos adicionales de capital con la finalidad de asegurar condiciones mínimas de operación de sus proyectos, lo cual es trasladado en el precio de la vivienda.  De esta manera la alta inversión de capital propio en infraestructura puede resultar en una barrera para la construcción de nuevas residencias.

Durante el 2017 la SHF diseñó un producto de financiamiento a la infraestructura para la vivienda, su equipamiento y Urbanización, con características de sustentabilidad ambiental y social, a través del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Esquema que permite a los desarrolladores acceder a recursos para urbanizar con tasas de fondeo, reduciendo cargas y costos financieros, permitiendo un mayor desarrollo urbano y regional a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento para la vivienda con características que promuevan la sustentabilidad, como son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejor uso del agua y mejor calidad de vida de las familias mexicanas.

Como parte de la optimización en la operación e implementación del Esquema de Urbanización, la SHF solicitó una consultoría, a través del convenio de cooperación técnica no rembolsable que tiene con elBID, en su calidad de Administrador de los recursos de la Iniciativa Internacional de Protección al Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear  de Alemania (BMU). El objetivo de dicha consultoría fue establecer elementos clave que permitieran diferenciar la forma habitual de urbanizar el entorno de una vivienda, respecto a la integración de mejores prácticas nacionales e internacionales, así como con relación a la normatividad vigente en México.

De esta manera se diseñó la Herramienta de Evaluación de Impactos Ambientales (HEIA), específica para el Programa de Urbanización, la cual da un estimado de mitigación en el ciclo de vida de la infraestructura y equipamiento en los desarrollos, para su posible certificación y posterior ingreso de las emisiones mitigadas de CO2 a un mercado de carbono voluntario. La HEIA considera elementos parametrizados en la utilización de materiales, procesos de construcción operación y mantenimiento con los cuales contabiliza eficiencias energéticas e hídricas y, por lo tanto, su representación en términos de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), así como respecto a los impactos derivados de ahorros y accesos a los equipamientos e infraestructuras bajo la modalidad sustentable. Además de estimar la Tasa Interna de Retorno (TIR) Social de los servicios brindados, así como la TIR ambiental por construcción, operación y mantenimiento del primer año.

En este sentido dentro del proceso metodológico se integraron los objetivos contenidos en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaborados durante el 2015, especialmente los que se refieren a gestión del agua, resiliencia e inclusión y seguridad de la población.

Por tanto, el resultado de este enfoque metodológico y la herramienta que automatiza el modelado, los beneficios centrales para SHF es la cuantificación del beneficio económico, considerado aspectos de adicionalidad, transparencia, trazabilidad y titularidad de los certificados.

A manera de conclusión podemos comentar que el desarrollo de criterios claros y estructurados en proyectos urbanos permiten definir con claridad el impacto económico, social y ambiental habilitando con ello la movilización de acciones para realizar inversiones sustentables en este sector.

 

  • Para obtener más información sobre el proyecto, póngase en contacto con el líder del equipo del proyecto, Enrique Nieto, Especialista en Mercados de Capital e Instituciones Financieras: ENRIQUEN[at]iadb.org.
  • Para obtener más información sobre las operaciones innovadoras de finanzas verdes a través de los bancos nacionales de desarrollo, consulte www.greenfinancelac.org

 

Créditos: LAB México

 

Uno de los temas más importantes en los foros internacionales en donde se discute el cambio climático ha sido la necesidad de movilizar el capital financiero ágilmente para poder asignarlo a tareas de gran impacto, lo que se ha presentado como un reto y en donde se ha insistido en la necesidad de incrementar la efectividad y eficiencia del uso del dinero para fines climáticos. Dentro de este contexto, LAB México se presenta como un mecanismo para acelerar esta necesidad.

LAB México es una iniciativa que surge en el 2019 y su origen es promovido por la Asociación de Bancos de México (ABM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La iniciativa se puede definir como un espacio de encuentro multisectorial e institucional que promueve el debate y el intercambio de experiencias en el ámbito de finanzas verdes, contando con la participación del sector público y del sector privado en la generación de innovaciones financieras que soporten el desarrollo sostenible de México.

Uno de los retos de LAB es convocar a otros actores relevantes para que aporten recursos, prácticas y conocimiento que impulse los objetivos de LAB México, es el caso de la invitación que se ha hecho recientemente a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible (GIZ) de sumarse. En su inicio se lograron integrar recursos de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático (IKI Alliance) que está permitiendo concretar las primeras actividades.

Como parte de la planeación del LAB México se han establecido como objetivos estratégicos las siguientes declaraciones:

  • Crear una agenda compartida y transparente de iniciativas que apoyen la integración y coordinación de proyectos similares evitando con ello la dispersión de esfuerzos.
  • Ser reconocido como un espacio que fomente la discusión e innovación en el ámbito de finanzas verdes.
  • Reconocer las mejores prácticas existentes e impulsarlas en lugar de crear nuevas, evitando con ello duplicidades que diluyan su impacto.
  • Despertar interés en instituciones privadas y públicas en sumarse a este Laboratorio contribuyendo desde su ámbito de influencia con conocimiento o recursos que permitan acelerar su impacto.
  • Identificar cuellos de botella a la inversión privada en financiamiento verde especialmente en sectores como la energía, el transporte, la agricultura y el agua.
  • Diseñar instrumentos financieros innovadores para fomentar las inversiones climáticas.

 

 

En un inicio LAB México está organizado en tres grupos de trabajo (GT) que ayudan a estructurar los proyectos según su vocación:

  • Bancos verdes: Proponer modelos de negocio que impulsen programas de financiamiento sustentable en diferentes sectores como Transporte, Agricultura, Industria y Servicios en aplicaciones tales como energía renovable, eficiencia energética o tecnología de transición o disruptiva.
  • Inversiones sustentables: Impulsar el desarrollo del mercado de inversiones sustentables en México, especialmente bonos verdes, tanto a nivel de emisoras, bancos de inversión así como de inversionistas potenciales.
  • Iniciativas sectoriales: Soportar el desarrollo de modelo verde en las banca pública y privada creando capacidades y una cultura que fomente buenas prácticas en las finanzas sostenibles.

Una de las primeras actividades identificadas por las instituciones que impulsan a LAB México es la necesidad de fomentar la cultura de gestión de riesgos sociales y ambientales en las instituciones financieras. Es una realidad que no considerar las afectaciones del cambio climático en su modelo de negocio puede poner en riesgo su continuidad y rentabilidad.

Otras de las actividades que son de alta prioridad para LAB México es la creación de instrumentos y prácticas de negocio que permitan facilitar a las instituciones financieras a transitar a un modelo verde, especialmente fortaleciendo su oferta de productos con una vocación climática o sustentable.

LAB México continuará impulsando iniciativas sectoriales, especialmente en el ámbito de transporte, agricultura, vivienda y energía. En un número anterior se explico las actividades a desarrollarse en el sector transporte y el siguiente reto será fortalecer las actividades que se están realizando en el ámbito de generación distribuida en virtud del apetito tanto de la oferta como de la demanda en este modelo.

Durante 2019 y 2020 LAB México seguirá consolidándose y ampliando su agenda. Se espera que sea un mecanismo para que los esfuerzos de instituciones vinculadas a las finanzas climáticas encuentren un espacio para discutir, difundir y ejecutar todas las ideas y conocimientos que abonen a la lucha contra el cambio climático. Para conocer más detalles de LAB México puede visitar su página: www.labmexico.com

 

  • Para obtener más información sobre el proyecto, póngase en contacto con el líder del equipo del proyecto, Enrique Nieto, Especialista en Mercados de Capital e Instituciones Financieras: ENRIQUEN@iadb.org.
  • Para obtener más información sobre las operaciones innovadoras de finanzas verdes a través de los bancos nacionales de desarrollo, consulte www.greenfinancelac.org

 

 

Expertos de México, Colombia y Panamá participan en webinario para presentar sus experiencias en la construcción  de taxonomías de financiamiento climático en estos países.

A nivel global desde hace tres años diversas iniciativas internacionales como el TCFD, SBN-IFC, NGFS,CBI y UNEP -FI han establecido recomendaciones y líneas de trabajo para crear las condiciones y avanzar en la movilización de recursos financieros púbicos y privados para contribuir al cumplimiento de las metas de las agendas globales entorno al cambio climático, así como en la inclusión de riesgos climáticos en operaciones financieras y movilización de capital hacia inversiones verdes y bajas en carbono en el contexto más amplio del desarrollo ambientalmente sostenible.

Ante esto, países como China y la Unión Europea han sido pioneros en el desarrollo taxonomías de financiamiento climático, que les permiten identificar si sus inversiones están basadas en proyectos más sustentables.

¿Qué es una taxonomía de financiamiento climático?

Una Taxonomía es un marco de referencia (con criterios e indicadores) que permite clasificar, organizar y evaluar diversas subramas y actividades económicas de acuerdo con su contribución con los objetivos en materia de cambio climático y/o sustentabilidad de un país. Es decir, una clasificación de qué es verde y qué no.

Su principal objetivo es reorientar los flujos de capitales a otros sectores de la economía mediante el apoyo a emisores e inversionistas, en el proceso de identificación y reporte de proyectos sustentables elegibles. Por medio de un marco de reporteo, una taxonomía puede incluir los elementos de sustentabilidad en la operación de un banco y con ello monitorear flujos de inversión y reportar resultados.

¿Por qué es tan importante una taxonomía y para qué sirve?

  • Permiten establecer un lenguaje común, una visión compartida de qué se considera “financiamiento verde” en el país, por lo que las instituciones financieras pueden informar de manera homogénea los financiamientos que otorguen bajo estas características.
  • Crean un “level playing field” entre los bancos, estableciendo estándares comparables y confiables.
  • Ayudan para hacer reportes institucionales y establecer metas de financiamiento verde.
  • Permiten informar de manera transparente a los reguladores.
  • Dan certeza al inversor y atraen inversores en búsqueda de activos verdes y con ello se incentiva la transición hacia una economía sustentable.
  • Facilitan la identificación de oportunidades de inversión y nuevos mercados para incrementar el portafolio de productos financieros enfocados a combatir los efectos adversos del cambio climático.
  • Ayudan a evitar el Greenwashing (afirmar sin sustento que un producto o servicio es verde o sustentable).
  • Ayudan a reducir riesgos físicos y riesgos de transición vinculados al cambio climático.

 

Experiencias de construcción de Taxonomías en Financiamiento climático. El caso de México, Colombia y Panamá.

El día 25 de octubre de 2019 el grupo de trabajo de Financiamiento público  de las redes sectoriales GADeR-ALC y los  proyectos Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático y FELICITY, facilitaron un diálogo a través de un seminario web entre expertos encargados de la de construcción de la taxonomía de  financiamiento climático en México, Colombia y Panamá,  con el fin de compartir e intercambiar experiencias y avances  en el desarrollo de las mismas.

El webinario contó con la participación de alrededor de 35 asistentes, los cuales conocieron el alcance, los avances y retos que han presentado estos tres países de América Latina en la construcción de las respectivas taxonomías, así como sus procesos de implementación y avance de mejores prácticas para lograr finanzas sostenibles en el sector bancario.

En México, actualmente se está llevando a cabo el diseño y pilotaje de un marco de reporteo para financiamiento verde en la banca comercial en México gracias a la asistencia técnica de Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ).

Por su parte, los trabajos en Colombia están siendo adelantados por la Superintendencia Financiera, la cual está proponiendo crear una guía con el fin de apoyar a emisores e inversionistas en la toma de decisiones, así como una armonización o “tropicalización” de la taxonomía, en la que se pretende desarrollar una taxonomía que sea de uso común para una región, país o estado.

Para el caso de Panamá, el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá (GTFS)  compuesto por actores del sector financiero y actores clave del sector gubernamental y no gubernamental de Panamá, cuenta con un comité de taxonomía que tiene como propósito lograr el desarrollo de una Taxonomía Integral en Finanzas Sostenibles para Actores Tradicionales del Sector Financiero (Banca, Seguro, Valores) o una Taxonomía Referencial (o Guía Orientadora) en Finanzas Sostenibles para Otros Actores del Sector Financiero (financieras, cooperativas, sector privado).

Con el fin de contribuir al proceso de alcanzar la inversión necesaria para cumplir con las metas de adaptación y mitigación establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), el documento plantea la estrategia nacional para la movilización de financiamiento del cambio climático, conformada por una serie de objetivos y sus respectivas lineas de acción.

El financiamiento climático es un mecanismo de ejecución fundamental tanto para la gestión en el corto y mediano plazo del cambio climático, como para la transición hacia un desarrollo bajo en intensidad de carbono y resiliente al clima.  La movilización y canalización adecuada de los recursos financieros hacía acciones de mitigación y adaptación, es indispensable para contribuir en el avance del cumplimiento de las metas trazadas en las NDCs de México ante el Acuerdo de París.  Aunque México cuenta con un amplio marco legal e institucional sobre cambio climático, aún existe un amplio margen de acción para fortalecer y robustecer el marco de planeación y regulatorio que de certeza y viabilidad a la movilización de recursos financieros para el cumplimiento de las metas en materia de cambio climático en México.

Una estrategia de financiamiento climático requiere de una serie de instrumentos de política. Por un lado, se requiere de información y diagnósticos claros sobre las fuentes de financiamiento para cambio climático en el país y por otro, contar con instrumentos de planeación que integren acciones a las que se dirigen los recursos (mitigación, adaptación u otras), así como tener identificados los principales sectores económicos y por su puesto los beneficiarios. De igual manera, se requiere caracterizar la demanda de financiamiento climático por sector, y finalmente conocer los retos, necesidades y problemas para  la ejecución de un financiamiento adecuado y eficiente.

En cuanto a la demanda de financiamiento, el INECC estimó que el costo económico agregado para cumplir con las NDCs para el periodo 2015-2030 en México asciende a $126,000 millones de dólares.  Por el lado de las fuentes de financiamiento,  el estudio del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe GFLAC, concluyó que tomando en cuenta el financiamiento destinado a acciones de cambio climático canalizado a través de fuentes internacionales públicas, el sector público nacional, bonos verdes y banca privada en el país, se estimo una movilización de financiamiento de $7,703 mdd durante el periodo 2014-2018, lo que representaría aproximadamente 6% de la meta de $126,000 mdd que costaría la implementación de las NDC de México en materia de mitigación.

Bajo este contexto, la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) apoyó a la Dirección General de Políticas de Cambio Climático (DGPCC) de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natuales (SEMARNAT) a desarrollar líneas de acción que se integraron en la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ya sea a través de fuentes nacionales o internacionales, públicas o privadas para poder orientar y coordinar a todos los actores involucrados y así atender los retos y orientar el financiamiento de proyectos para combatir el cambio climático, y poder cumplir con las metas de NDCs. 

Una vez concluida la etapa de diálogos multisectoriales y multi-actor para identificar las brechas y áreas de oportunidad del financiamiento climático; GFLAC y la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático construyeron la Estrategia de Movilización de Financiamiento Climático (EMFC) para México como un plan de acción para movilizar recursos de manera sostenible con el propósito de i) fortalecer, incrementar y movilizar el financiamiento del cambio climático que permitan cumplir con las metas  que México se ha establecido a nivel nacional e internacional) ii) incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para lograr un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Los sectores y áreas de acción en los que está basada la visión de la estrategia son: transición energética, desarrollo rural, ciudades sustentables y manejo y conservación de ecosistemas. A su vez, su enfoque está dirigido a ciertas áreas de acción transversal como gobernanza, principios, planeación, capacitación, información, instrumentos y mercado de conocimiento sobre financiamiento climático. En ese sentido, la EMFC se sustenta en los siguientes objetivos:

 

Objetivos de la EMFC para México

 

Para lograr estos objetivos se establecieron líneas de acción focalizadas a atender las necesidades y retos del financiamiento, así como establecer los actores e instituciones encargadas tanto de contribuir, como de regular y coordinar las acciones relacionadas con el financiamiento de acciones para mitigación y adaptación al cambio climático.

De acuerdo con el diagnóstico previo, dichas necesidades y retos están relacionados principalmente con:

  • Mejorar los instrumentos de planeación y el marco regulatorio existente en torno al financiamiento climático
  • Carencia de una taxonomía y un mecanismo de medición, reporte y verificación del financiamiento climático
  • Insuficiente coordinación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación entre los sectores público, privado y social
  • Limitada información sobre los mecanismos financieros, cómo designan y se aplican a determinados proyectos
  • Necesidad de incrementar y mejorar la planeación y la asignación del presupuesto público en materia de cambio climático
  • Desconocimiento y falta de diagnóstico sobre el funcionamiento y estructuración de proyectos para acceder a financiamiento con el Fondo Para el Cambio Climático
  • Falta tanto de articulación de diversas fuentes, como de fomento del uso eficiente de los flujos de financiamiento internacional
  • Limitado vínculo entre instrumentos económicos, financieros y fiscales ante el cambio climático
  • Falta de difusión en la utilización de mecanismos innovadores de financiamiento climático
  • Falta de promoción y facilitación en la incorporación de criterios de cambio climático en los lineamientos del sector financiero

En síntesis, esta estrategia busca generar las directrices y lineamientos para guiar la movilización de flujos financieros destinados a mitigación y adaptación del cambio climático necesarios para cumplir con las metas establecidas en las NDC, orientar la canalización de los recursos en sectores estratégicos, y vincularse a la política nacional de cambio climático y a los demás los programas y estrategias nacionales relacionadas con el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en el país.