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Los indicadores juegan un papel crítico en los mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la implementación de medidas climáticas. Además de fomentar la transparencia, permiten justificar las inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático como acciones eficaces y sostenibles.

En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce en su artículo 27° que la política nacional de adaptación frente al cambio climático “se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación”. Esto, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos del cambio climático. Esta disposición resulta imprescindible para vislumbrar el avance que México ha tenido en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en materia de adaptación.

Los instrumentos de Monitoreo y Evaluación (M&E) además de facilitar el seguimiento al avance de los proyectos, funcionan como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que resulta atractivo para tomadores de decisiones, tanto políticos como financieros. En este sentido, los gestores de proyectos de adaptación al cambio climático deben diseñar mecanismos de M&E con indicadores que faciliten conclusiones inequívocas sobre la forma en que las medidas de adaptación contribuyen a reducir las vulnerabilidades frente a las consecuencias del cambio climático.

La formulación de indicadores para el seguimiento y comprobación de los resultados de proyectos de adaptación presenta desafíos relacionados con incertidumbres sobre las consecuencias locales y regionales del cambio climático, el horizonte temporal de la variabilidad climática y la relación entre el cambio climático y otros aspectos sociales. Asimismo, dada la diversidad de contextos socioculturales, sociopolíticos y geográficos, no existe un indicador o lista de indicadores universales que permitan evaluar los resultados de la adaptación y fomentar su replicabilidad.

El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.

La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.

Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.

A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) solicitó el apoyo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), para generar Indicadores con perspectiva de género para el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020.

Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).

Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.

El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Para generar un instrumento que ayude a aterrizar los esfuerzos por aumentar la resiliencia de México ante el cambio climático y al cumplimiento de las NDC en materia de adaptación, el proceso de elaboración de la Política Nacional de Adaptación (NAP) deberá ser participativo, representativo y utilizar la perspectiva de regionalización.

Las reformas de julio de 2018 a la Ley General de Cambio Climático buscaron armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París en 2015. Una de las reformas en materia de adaptación contempla la creación de una Política Nacional de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), bajo el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, que fortalezca y facilite las sinergias entre los diversos mandatos internacionales, nacionales y subnacionales en la materia.

Con la intención de orientar la preparación de la fase previa al proceso formal de elaboración de la NAP, el proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), coordinó y supervisó la elaboración del documento “Apoyo en el diseño de una hoja de ruta para planificación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de México (NAP)” (Enero 2019), destinado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El documento hace una revisión de los marcos institucionales, legales y políticos que sustentan la acción climática de adaptación en México, para generar la propuesta de una hoja de ruta que indique los componentes y actividades específicas necesarias para la formulación de la NAP. Entre los elementos más importantes de la hoja de ruta se encuentra la pertinencia de realizar un amplio proceso participativo -con actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y locales- que facilite la recopilación de experiencias e iniciativas para generar una política pública exitosa que refleje las inquietudes y prioridades reales de la población.

 

 

Dada la diversidad ecosistémica y climática del territorio mexicano, se plantea la necesidad de apoyarse en una perspectiva de regionalización como característica indispensable en el proceso de elaboración de la NAP. De esta manera, se pretende atender la diversidad de vulnerabilidades y los impactos diferenciados, presentes y futuros, que se dan en el país. Esta propuesta facilitaría la adopción de distintos tipos de enfoques de adaptación que respondan a las prioridades de cada zona y los sectores involucrados.

Trazar un eje común en materia de adaptación a través de una Política Nacional de Adaptación holística, descentralizada y representativa, posibilita la adopción de medidas concretas y efectivas que aumenten la resiliencia de México a través de la política climática a nivel subnacional.

En el marco del reciente lanzamiento del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en México en enero 2020, el proyecto Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de GIZ realiza actividades de desarrollo de capacidades, difusión y diálogo sobre el SCE con diversos actores. La intención es trabajar junto a sector público, privado y sociedad civil a fin de favorecer un entorno propicio para la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones en el país.

En este contexto, en conjunto con el Instituto Mora y la editorial académica Springer, el proyecto SiCEM está apoyando un esfuerzo colaborativo para la redacción de un libro académico multi-autor sobre el Sistema de Comercio de Emisiones en México. En este libro participarán académicos de importantes centros de investigación nacionales e internacionales. Recientemente, se convocó a estos investigadores e investigadoras a un seminario para la presentación de sus avances, así como para sostener una interesante conversación que permitió conformar la estructura temática del libro.

 

Créditos: GIZ. Investigadores durante el evento.

 

El seminario se llevó a cabo el 10 de marzo de 2020, en las instalaciones del Instituto Mora, en la Ciudad de México. El evento fue convocado por esta institución, con apoyo del proyecto SiCEM implementado por  la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible) por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMU). Contó con la participación de distinguidas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Anáhuac, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, participaron de forma virtual investigadores de universidades y centros de investigación internacionales como la Stanford University, University of California y la Alexander Von Humboldt Foundation.

 

Créditos: GIZ. Los investigadores y las investigadores discutieron los avances del libro.

 

La conversación giró alrededor de diferentes áreas temáticas. En primer lugar, se identificó la necesidad de que el libro contuviera una sección de contextualización del SCE en el entramado de políticas públicas del país y el cumplimiento de las agendas internacionales. Se discutió también la importancia de analizar el marco jurídico que sustenta la implementación del SCE en México, así como su estructura institucional y de gobernanza. Finalmente, se sebatió sobre los elementos de diseño del SCE y las perspectivas que, conforme el SCE mexicano transite de su fase de prueba a la fase operativa, permitirán fortalecer aún más este instrumento.

La investigación académica en materia del SCE es clave para generar análisis e insumos que permitan fortalecer la Fase Operativa del instrumento. En este sentido, el proyecto SiCEM continuará apoyando las actividades de promoción de esta investigación en México. En los próximos meses se continuarán presentando en el blog de “IKI-Alliance México” los esfuerzos de desarrollo de capacidades, facilitación de diálogo y estudios técnicos adicionales para el fortalecimiento del diseño del sistema.

Para mayor información sobre este tema, favor de contactarnos en: Comercio.Emisiones-MX@giz.de

Siendo México un país megadiverso, multicultural y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, se integra el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) a los instrumentos nacionales para seleccionar medidas de adaptación de alto impacto que aporten a la reducción de la vulnerabilidad y al cumplimiento de los Acuerdos de París.

En octubre del 2015 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, presentaron la primera versión de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático.  Este documento considera la lista de criterios contemplados en la ENCC 10-20-40 e involucra la valoración económica de cada medida de adaptación contemplada. Desde entonces, ha servido como guía para la elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático (PECCs) y los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Tomando en cuenta la megadiversidad de México, tanto en climas como ecosistemas, en 2018 se presentó la Actualización de la Metodología para la priorización de Medidas de Adaptación, cuya particularidad fue la integración del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Este enfoque atiende el potencial del país para reducir su vulnerabilidad y la de su población por medio de la gestión sustentable de los recursos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

 

 

Esta metodología contempla el proceso participativo en cada etapa, involucrando a todos los actores que se benefician de los servicios ecosistémicos. Lo anterior, además de servir como ejercicio de transparencia y gobernanza, evidencia el potencial que tiene la priorización de medidas AbE para ser replicada a nivel sectorial e incluso por parte del sector privado, en respuesta a las afectaciones que presenten sus actividades productivas como resultado del cambio climático.

Otras de las grandes ventajas de enfatizar el enfoque AbE en la selección de medidas de adaptación son la integración del conocimiento local y la contribución a la reducción de riesgo de desastres. Además, los proyectos AbE pueden resultar más costo-efectivos y accesibles en comparación con otras medidas grises de adaptación (construcción de infraestructura y/o ingeniería de obras); lo que a su vez propicia el acceso a portafolios de proyectos acreedores a algún tipo de financiamiento verde.

México es altamente vulnerable ante el cambio climático por su ubicación geográfica, su topografía y sus características socioeconómicas. Las medidas de adaptación resultan indispensables para hacer frente a los ya inevitables efectos del cambio climático, que impactan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables y a las principales actividades productivas del país.

De acuerdo con datos provistos en el PECC 2014-2018, 13% de los municipios en México presentan el mayor grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Cerca de un 25% de la población vive en asentamientos irregulares y zonas de riesgo por inundaciones; mientras que las sequías en el norte del país son cada vez más recurrentes y amenazan la seguridad alimenticia de la población. Lo anterior se traduce en la restringida capacidad adaptativa de una gran mayoría de habitantes ante posibles eventos hidrometeorológicos severos.

 

Créditos: Shutterstock. Asentamientos irregulares en la costa de Acapulco.

 

En un novedoso formato virtual, representantes de los proyectos de la “Iniciativa Internacional de Protección del Clima” (IKI) en México y sus contrapartes del gobierno mexicano intercambiaron conocimientos y crearon sinergias en el cuarto taller de intercambio realizado el jueves 19 de marzo de 2020.

Rodolfo Godínez, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Vera Rodenhoff, del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) destacaron la importancia de la cooperación entre México y Alemania en materia de cambio climático y biodiversidad. A su turno, Jasmin Fraatz, directora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) dio la bienvenida a los 118 participantes conectados y los incentivó a generar intercambios que permitan optimizar su trabajo diario.

El taller empezó con cuatro ponencias. Por un lado, Yutsil Sangines de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC) de la SEMANART y Andrea Cruz de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) disertaron sobre las políticas públicas y las perspectivas del gobierno de México sobre clima y biodiversidad para el 2020.

Por otro, Philipp Behrens y Vera Rodenhoff del BMU se refirieron a las oportunidades de cooperación de la IKI y el gobierno mexicano para el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), así como las proyecciones de colaboración entre México y Alemania en temas de cambio climático y biodiversidad.

Posteriormente, se realizó un panel de discusión donde representantes gubernamentales de México y Alemania trabajaron alrededor de dos disparadores:  ¿Cómo ha apoyado la IKI el cumplimiento y el aumento de la NDC y la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex)? y ¿Cuáles son las expectativas de la colaboración con proyectos IKI hacia el futuro? De la dinámica participaron las  Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de Turismo (SECTUR); la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y de parte del gobierno alemán el BMU.

Tras el intercambio, Claudia Kirschning, asesora de la interfaz IKI, explicó el panorama de la interfaz IKI en México y detalló que actualmente se están implementando 36 proyectos en el país (20 de mitigación, 8 de biodiversidad, 4 de adaptación y 4 de REDD+). Asimismo, 20 organizaciones implementadoras y 32 contrapartes del gobierno mexicano están colaborando para lograr las metas climáticas y de biodiversidad. Además, recordó los canales de comunicación: el blog IKI Alliance, el Twitter y el boletín trimestral.

 

Créditos: GIZ. Claudia Kirschning (GIZ) presenta una infografía de los proyectos IKI implementados por GIZ.

 

En una segunda parte del taller, los encargados de los proyectos IKI se dividieron en grupos de trabajo para intercambiar conocimientos y crear acuerdos que permitan una mayor sinergia entre las distintas iniciativas. Las temáticas que se trataron fueron: Sector privado; Desarrollo Urbano Sostenible; Agricultura; Adaptación; Biodiversidad/REDD; Financiamiento; Transparencia/MRV y Mitigación/energía.

Después de la presentación en plenaria, Jasmin Fraatz agradeció la participación de los asistentes en este nuevo formato digital y adelantó que se prevé la relación de una versión presencial del evento más adelante.

Más información del primer, segundo y tercer taller

 

Créditos: GIZ. Proyectos de la IKI implementados por GIZ en México.

170905 - Bild Pronatura 1Ante los retos del cambio climático, el diplomado tiene como objetivo incrementar las capacidades de sectores clave para la restauración y manejo sustentable de manglares. Pronatura Veracruz colabora con 54 expertos internacionales para facilitar la construcción de conocimientos, con la participación de 87 alumnos, representantes de siete países latinoamericanos.

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