El Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad dio inicio en 2019 y busca concertar el marco jurídico para la mejor implementación de las obligaciones jurídicas, nacionales e internacionales del Estado mexicano en materia de movilidad y otras agendas transversales.
El 23 de marzo de 2020 se llevó a cabo el evento “Parlamento Abierto: Derecho a la Movilidad”, en el marco de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, presentó los resultados del Diagnóstico Normativo en Materia de Movilidad.
El Diagnóstico forma parte del Proceso Nacional de Armonización en Materia de Movilidad donde se sumaron los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con apoyo de los proyectos Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático y Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), implementados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. Los resultados son una referencia normativa para las autoridades nacionales, subnacionales y locales en la reforma de sus instrumentos regulatorios, así como para la formulación de mejores políticas públicas o programas en materia de movilidad.
El documento final resulta de un amplio proceso de consulta e investigación en el que participaron más de 600 personas de sectores públicos, privados, sociedad civil, academia y ciudadanía. El proceso participativo incluyó siete mesas regionales de trabajo (ver Tabla), una con sector privado y otra más con expertos de todo el país. También se recurrió a la participación remota para recopilar propuestas de actores interesados en la movilidad.
El Diagnóstico tiene el objetivo de desentramar la compleja red jurídica de la movilidad explorando la normatividad aplicable en México en este materia. De esta forma, se podrán identificar áreas de oportunidad que puedan ser atendidas por los diversos órdenes de gobierno. En principio, el estudio parte de la relación entre la movilidad y tres pilares fundamentales: derechos humanos, cambio climático y participación ciudadana.
Asimismo, presenta un cruce con los marcos legales de otras agendas transversales, como son la salud pública, el desarrollo urbano y ordenamiento territorial y la adaptación y mitigación del cambio climático. De esta manera, el Diagnóstico identifica que la Ley General de Cambio Climático (LGCC) fue el primer instrumento legal en reconocer la relevancia de la movilidad con respecto al cambio climático y el medio ambiente, ya que el elemento “transporte” es la actividad más contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En su carácter de ley general, la LGCC distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno y las diferentes autoridades que conforman a la federación para conducir políticas y programas de mitigación de cambio climático que atiendan la necesidad de lograr la movilidad sustentable en el territorio mexicano.
