En el marco de la cooperación entre la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) y la Asociación de Bancos de México (ABM), se ha impulsado el desarrollo de una taxonomía de finanzas verdes para la banca mexicana.

Las taxonomías son instrumentos útiles para las finanzas sustentables, ya que proporcionan certidumbre, claridad y transparencia a los diferentes inversores del mercado y disminuyen el riesgo de malas prácticas como el Greenwashing.

Para México, tener una taxonomía de financiamiento verde que posea una amplia base científica y respaldo por parte de los entes regulatorios, como la taxonomía europea, significaría contar con una herramienta que facilite la recuperación verde y el incremento de la sustentabilidad en la economía nacional.

Para ello es necesario pensar la taxonomía mexicana como algo más que una lista de actividades verdes, es decir, concebirla como un sistema compuesto de diversos elementos:

  • Principios
  • Criterios
  • Metodologías
  • Mecanismos operativos y de gobernanza
  • Marco de reporteo
  • Mecanismos de difusión

A pesar de que el sistema taxonómico no da incentivos económicos para dejar de lado las inversiones que no se clasifican como verdes, sí es una herramienta útil para los inversores que quieren mitigar y manejar los riesgos financieros de transición y de responsabilidad legal relativos al clima a través del incremento de activos verdes en sus carteras.

Asimismo, los riesgos ambientales, particularmente los climáticos, presentan una mayor amenaza para los sectores más vulnerables de la sociedad debido a su mayor exposición a este tipo de riesgos. Por lo tanto, al promover inversiones sostenibles, la taxonomía de finanzas verdes contribuye a una sociedad más equitativa y justa.

Finalmente, establecer un sistema taxonómico dentro del sistema financiero mexicano impulsará las inversiones respetuosas con el medio ambiente, propiciará la atracción de inversores interesados en una cartera con menores riesgos, estimulará el cumplimiento de los objetivos de política pública nacional y de los compromisos internacionales, y permitirá identificar de manera clara los proyectos y actividades verdes que pueden atraer inversiones como parte de la recuperación post COVID-19, contribuyendo a reducir la probabilidad de emergencia de otras crisis como lo son la climática, la de inequidad social, y  la de pérdida de biodiversidad, las cuales pueden generar un impacto económico y financiero mayor que el actual.