El alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres y niñas ante el cambio climático está estrechamente relacionado con los roles y normas adscritas a su género. Es por ello que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y programas de acción climática resulta imprescindible para evaluar la medida en la que estos instrumentos contribuyen a la reducción de la desigualdad entre los géneros.

La interacción de hombres y mujeres con el medio ambiente se da de forma diferenciada de acuerdo con los roles de género, sus necesidades, responsabilidades y las relaciones de poder establecidas. Esto quiere decir que las afectaciones al medio ambiente y el cambio climático también les impactan en formas y medidas distintas. Las mujeres representan un 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión agraria. Asimismo, ocupan el 14% de los puestos directivos del sector y solo del 10% al 20% de los titulares de tierra son mujeres. Además, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben solo el 7% de la inversión agrícola.

Las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como de otros grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad física, indígenas, población en situación de pobreza o marginación, personas en situación de calle, etc.), tienden a exacerbarse como resultado del cambio climático, pues su vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno es aún mayor.

A pesar de que existe consenso a nivel internacional con respecto a que el fomento de la igualdad entre los géneros ayuda a reducir la pobreza, apoya el crecimiento inclusivo y aumenta la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo, persiste la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y que tengan en cuenta el género como elemento esencial para evaluar la situación relativa de hombres y mujeres a nivel local, nacional y mundial en materia de medio ambiente y cambio climático.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) solicitó el apoyo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático implementado por la Deutsche Gesell­schaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible), para generar Indicadores con perspectiva de género para el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020.

Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de talleres de sensibilización y mesas de trabajo a nivel interinstitucional entre las distintas dependencias que reportan al PACCM (Programa de Acción Climática de la CDMX), el Instituto de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres CDMX), así como los enlaces y dependencias responsables de la implementación de líneas de acción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 (PEIOND).

Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. En el caso del PACCM, se traduce en un esfuerzo por conocer en qué medida los lineamientos de este instrumento ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y atienden las necesidades y preocupaciones de cada grupo dado los efectos del cambio climático.

El trabajo realizado para incorporar la perspectiva de género en las líneas de acción e indicadores PACCM permitió la identificación de algunos desafíos. Por ejemplo, el cambio en la percepción y el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y género o la falta de datos y líneas base para monitorear y evaluar avances en la materia. Sin embargo, también es posible retomar la experiencia del gobierno de la Ciudad de México para fomentar la armonización de políticas públicas y la coordinación entre instituciones a nivel local (Revisar: “Productos, resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones”). Asimismo, esta herramienta presenta un método fácilmente replicable para que los gobiernos estatales y municipales integren la perspectiva de género, a través de sus atribuciones sectoriales y con ello identificar y formular acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.