El fomento de una economía global que tome en cuenta la preservación del medio ambiente natural, la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos y la acción en la mitigación y adaptación al cambio climático es uno de los principales retos por cumplir en los próximos años. Este desafío requiere la inclusión de todos los actores (público, privado, corporativo, individuos) y una serie de instrumentos de política, donde destacan el marco regulatorio y los incentivos para movilizar los flujos financieros necesarios.

Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han resaltado la necesidad de encontrar formas de apoyar, pero también de financiar soluciones a largo plazo para resolver los desafíos ambientales. En consecuencia, el intercambio de información y experiencias ofrece una oportunidad para promover nuevos instrumentos y mecanismos innovadores para el financiamiento verde mediante esfuerzos encaminados a producir cambios en las prácticas financieras comunes.

En términos conceptuales, existe un debate sobre cómo definir a las finanzas en función de su aplicabilidad en el sector ambiental. En este sentido, se destacan las siguientes definiciones:

 

 

Existe toda una variedad de conceptos y enfoques para valorar el “financiamiento”, incluso entre bancos de desarrollo, organismos de cooperación internacional y gobiernos. Con base en lo anterior, la definición que se proporcione estará en función de la metodología y mapeo utilizado para su implementación.

Contexto Internacional

Desde la firma del Acuerdo de París en 2015 se acrecentó la necesidad de identificar y canalizar recursos con la finalidad de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, y lo más cerca posible de los 1.5°C. Respecto a financiamiento, el artículo dos del Acuerdo indica la necesidad de hacer compatibles los flujos financieros para transitar hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones de GEI. Bajo el principio de responsabilidades comunes per diferenciadas, el documento reconoce el papel de liderazgo que deben tener las naciones desarrolladas respecto a la transferencia de recursos financieros hacia países en desarrollo con el objetivo de ayudarlos a lograr sus compromisos de mitigación y adaptación. Sin embargo, el artículo noveno invita a todos los países a desarrollar la capacidad de hacerlo.

Respecto a biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivos principales la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Respecto a financiamiento, se hace imperante un reconocimiento del valor de la biodiversidad y que permita la movilización de financiamiento proveniente de fuentes multilaterales, nacionales e innovadoras. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) es uno de los mecanismos financieros más importantes a nivel global administrado por el Banco Mundial (BM).

Han existido varios mecanismos para canalizar recursos, entre ellos se encuentran el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF, por sus siglas en inglés). A finales del año 2011, se estableció el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de asistir en los esfuerzos de naciones en desarrollo para responder al cambio climático. De acuerdo con datos del GCF, a partir de enero de 2019, se ha recaudado un equivalente de 10,3 mil millones de dólares en compromisos de 48 países, regiones y ciudades.

Además de los fondos internacionales, existe un Comité Permanente de Financiamiento, el cual es un equipo técnico especializado que apoya a la CMNUCC en brindar asistencia a las Partes (entiéndase como aquel Estado que ha consentido en obligarse a los lineamientos de un tratado) para un correcto uso de los recursos. Desde su creación, se ha orientado a mejorar las estrategias de coordinación de los distintos mecanismos de financiamiento disponibles, con el propósito de racionalizar y movilizar de manera eficiente los recursos, así como fomentar el monitoreo, reporte y verificación del apoyo brindado.

En este sentido, el gobierno alemán ha apoyado desde el 2008 en la aplicación de proyectos para el cumplimiento de la NDC y la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) por medio de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. Con base en lo anterior, se han implementado 18 proyectos bilaterales con un monto de 69.5 millones de euros además de ocho
proyectos regionales y 44 proyectos globales.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la movilización de recursos por parte del GEF hacia México en el período 2015-2018 fue por la cantidad de US$88.1 millones. Por otra parte, los recursos internacionales para cambio climático en México, en el periodo 2014 – 2018, se recibieron alrededor de $61,165,646,524 pesos provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales públicas, que se distribuyen en 75 proyectos. También existen otros 12 proyectos globales en los que México participa en consorcio con diversos países (como Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, China, India, Indonesia, entre otros) y que equivalen a un total de $7,142,604 pesos. De igual manera se identificaron 23 proyectos cuya implementación está prevista de realizarse hasta el año 2021. Todo en su conjunto da una cantidad proyectada de $32,935,768,463 pesos.

Como se observa en la Figura 1, el 53% de la financiación en el periodo 2014-2018, proviene principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), seguido de KfW como implementador (31%), AFD/KfW (7%) y del Banco Mundial (5%).

 

Imagen: ©GFLAC/GIZ, 2018. Principales fuentes de financiamiento internacional en México para cambio climático.

 

Como se puede notar en el Gráfico 2, los sectores que más reciben apoyo son el sector energético (45%), vivienda y medio ambiente. Lo anterior es de importancia tomando en cuenta que el sector energético es el segundo emisor más importante de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, es importante seguir incentivando la reducción de emisiones en sectores como el transporte o la industria.

 

Imagen: ©GFLAC/GIZ, 2018. Financiamiento internacional público por sector financiado (2014-2018).

 

Es importante resaltar que la principal fuente de financiamiento de proyectos de cambio climático proviene de la Banca Multilateral de Desarrollo, que, si bien estaba inicialmente enfocada a ofrecer apoyo técnico y económico a nivel de gobiernos para temas de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza, ahora tiene un papel de mayor importancia en brindar financiamiento también al sector privado, así como en apalancar recursos de éste.

De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre la coordinación multi-actor sobre Financiamiento Climático”, México está posicionado como el segundo mayor receptor de recursos internacionales para el financiamiento climático en América Latina, con un total de 686 mdd aprobados entre 2003 y 2017. Lo anterior significa que fortalecer la capacidad de gestión, asignación, uso y transparencia de los recursos obtenidos de fuentes internacionales en México ayudaría a apalancar mayores recursos de fuentes públicas y privadas para cumplir con sus NDC.

Contexto Nacional

En México, las entidades federativas han sumado esfuerzos en el desarrollo de una política nacional de cambio climático y de fomento a la biodiversidad, a través del fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la elaboración de un marco legal que permitan la ejecución de políticas públicas para la mitigación o adaptación. La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012, establece un marco regulatorio y de política nacional para atender las causas y enfrentar los efectos adversos del cambio climático, mediante el desarrollo e implementación de medidas y acciones de adaptación y mitigación. La ENBioMex establece las bases para impulsar, coordinar y armonizar los esfuerzos de gobierno y sociedad para la conservación, el uso sustentable y el reparto justo de los beneficios derivados del uso de los componentes de la diversidad biológica y su integración en las prioridades sectoriales del país.

La LGCC contiene una variedad de mecanismos económicos y financieros que estimulan la canalización de recursos para el desarrollo de acciones, proyectos y programas de mitigación y adaptación, en los sectores público, social y privado. El financiamiento en la materia se lleva, principalmente, de tres maneras: a través del Fondo para el Cambio Climático (FCC); mediante asignación presupuestal reflejada en el Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el Anexo Transversal 16.

  • Fondo para el Cambio Climático (FCC)

El FCC tiene el objetivo de captar y canalizar los recursos financieros nacionales, internacionales, públicos y privados para financiar acciones para hacer frente al cambio climático. El Fondo tiene como fideicomitente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Nacional Financiera (NAFIN) como fiduciaria y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como responsable y Secretaría Técnica.

El Fondo recibe recursos de modo directo del PEF y de contribuciones de otros fondos públicos, aportaciones sobre pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes; donaciones de personas físicas o morales; nacionales o internacionales, así como por las aportaciones de gobiernos de otros países y organismos internacionales.

  • Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Es un documento jurídico y financiero que determina las erogaciones que realiza el gobierno federal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Dentro del Ramo 16 del mismo, para el año 2019, en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales se destinan recursos para proteger la flora y fauna, así como la diversidad biológica del país, asimismo, se consideran diversos mecanismos de investigación, desarrollo tecnológico y de capacidades para hacerle frente al cambio climático.

  • Anexo Transversal de Cambio Climático (AT16)

Como parte de las reformas para la restructuración y orientación del presupuesto, el PEF ha integrado distintos presupuestos transversales con la finalidad de identificar y categorizar la proporción de recursos destinados a obras, acciones y servicios vinculados a un fin específico; en este caso, la mitigación y adaptación al cambio climático. Ello tiene el fin de ampliar o mejorar, en el corto y mediano plazo, las políticas públicas enfocadas a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como contribuir al seguimiento y cumplimiento de los compromisos estatales, nacionales e internacionales en materia de cambio climático.

Se tienen contemplados recursos para: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Turismo (SECTUR) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). También considera a las empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Financiamiento en materia de Cambio Climático y Biodiversidad en México

De acuerdo con información presentada durante el diálogo “Perspectivas sobre financiamiento climático en México 2018-2024”, desde que se creó el FCC en México se han movilizado $183,012,375.32 pesos dirigidos a 22 proyectos. El Anexo informativo transversal 16 del PEF, en los últimos cuatro años (2015-2018), ha asignado $188 mil millones de pesos (mmdp). A partir de bonos verdes, las entidades públicas han emitido $3,714 millones de dólares (mdd); mientras que la banca comercial 657 mdd. Tomando en cuenta el rastreo de los puntos anteriores se estima una movilización de financiamiento de $7,725 mdd del 2014 al 2018, lo que representaría aproximadamente 6% de la meta de $126,000 mdd que costaría la implementación de las NDCs de México en materia de mitigación.

Conforme a datos obtenidos de BIOFIN, la estimación de las necesidades financieras para la biodiversidad es de alrededor de USD 461.9 millones por año durante el período 2017-2020, lo que representa un aumento del 46.7% en el gasto en biodiversidad, basado en el ejercicio durante 2015. La evaluación de las necesidades financieras incluye: 1) Áreas Naturales Protegidas Natural con un monto de 60 millones por año estimada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); 2) Necesidades de financiamiento para cubrir la demanda de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) estimados en USD 202.1 millones por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 3) Las necesidades financieras de la ENBioMex y Plan de Acción 2016-2030 se estiman en USD 191.4 millones.

 

 

El Papel del Sector Privado

Existen varias fuentes de financiamiento que proceden de fuentes públicas. No obstante, no son suficientes ante escenarios de reducción presupuestal a nivel federal o de límites de endeudamiento con organismos internacionales. Sin embargo, hay fuentes privadas que pueden ayudar a impulsar recursos para el apalancamiento de proyectos y acciones orientadas a hacer frente al cambio climático y fomentar la biodiversidad.

Los gobiernos deben ofrecer un ambiente de certidumbre y confianza financiera para garantizar que los actores privados vean un mercado potencial en los proyectos de cambio climático. Las condiciones a nivel nacional, estatal y local tienen que generar la mayor certidumbre posible de que las inversiones en proyectos verdes tendrán un bajo riesgo y serán bancables, además, es importante identificar cuáles son los beneficios ambientales y económicos de éstos de manera clara.

Las fuentes privadas de financiamiento comprenden una amplia gama de bancos e instituciones financieras locales e internacionales, bancos comerciales, fondos privados, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos hipotecarios, e instituciones micro-financieras, entre otras. Las oportunidades se han dado principalmente en proyectos de mitigación de GEI, eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, infraestructura verde y en el sector agropecuario.

A nivel nacional, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV – integrado por representantes de alto nivel del sector financiero mexicano, tales como: Afores, Aseguradoras, Asociaciones, Banca Comercial, Banca de Desarrollo y Multilateral, Emisoras, Fondos de Inversión, etc.), ha promovido el diálogo entre distintos actores del mercado acerca de cómo incentivar el financiamiento de proyectos verdes, incidir en prácticas de mercado y en mandatos y/o regulaciones de inversión, de tal modo que contribuyan en el establecimiento de incentivos para estimular el desarrollo del mercado de finanzas verdes.

El CCFV lanzó los “principios de bonos verdes MX“, con la finalidad de instaurar pautas que puedan ayudar a los emisores de bonos verdes en el mercado mexicano en el proceso de emisión de bonos, y al mismo tiempo, dar certeza a los inversionistas con respecto a los beneficios que trae consigo el financiamiento de proyectos verdes. Conforme a información del Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (nombre anterior del CCFV), un “proyecto verde” es aquel que genera beneficios ambientales claros y específicos que deben describirse en detalle y, siempre que sea posible, cuantificados por el emisor.

Reconociendo las implicaciones negativas que traen consigo los riesgos climáticos sobre la inversión privada, organizaciones del sector privado y financiero han implementado distintas iniciativas para transitar de proyectos intensivos en carbono a proyectos y programas sustentables. Como ejemplo se pueden mencionar las actividades de la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La ABM decidió demostrar su liderazgo en la mejora del sistema financiero en asuntos de sustentabilidad y cambio climático, por medio del Protocolo de Sustentabilidad de la Banca de México. El documento recomienda un marco de gestión y lineamientos en materia de sustentabilidad para la banca mexicana.

Por otro lado, la BMV generó un índice de sustentabilidad (IPC-Sustentable), para incentivar a las emisoras mexicanas a implementar políticas y sistemas sustentables. Además, la BMV firmó la Iniciativa de Bolsas de Valores Sustentables, para mejorar la rendición de cuentas y transparencia, posterior a ello, se lanzó la Guía de Sustentabilidad para Emisoras para apoyar a las empresas en la implementación de estrategias en favor de la sustentabilidad y divulgación de programas en la materia.

Retos en Materia de Financiamiento

Uno de los principales obstáculos en la materia consiste en la información limitada sobre la existencia de mecanismos financieros y como se aplican sus recursos para determinados proyectos. Un mapeo de las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el país para el sector público podría ser muy útil en este sentido. Además, un sistema de información sobre los proyectos implementados en materia de cambio climático y biodiversidad ayudaría a coordinar las diferentes fuentes ya existentes para cumplir metas planteadas a nivel nacional.

Asimismo, un mecanismo de coordinación con visión multisectorial y multinivel podría permitir articular acciones de cambio climático en todos los sectores de la economía, incluyendo sector público, privado, financiero, social y académico. Otra opción sería facilitar el acceso a financiamiento climático y capacitación para pequeñas y medianas empresas.

Debe existir una estrategia para incentivar y guiar al sector financiero a desarrollar acciones en materia de cambio climático y biodiversidad y mejorar el conocimiento por parte de instituciones financieras públicas y privadas sobre la normatividad y funcionamiento del marco institucional de ambos rubros. Aunado a lo anterior, se tendrían que identificar los proyectos que pueden ser bancables a corto, mediano y largo plazo.

Se tiene que fomentar el conocimiento de los costos y riesgos asociados a las inversiones, de tal manera que el financiamiento otorgado se dirija a proyectos con beneficios ambientales y sociales. Con base en lo anterior, se debe realizar un mapeo de los mecanismos financieros existentes y su funcionamiento para que los temas de biodiversidad y cambio climático puedan ser considerados como temas importantes de inversión. Posteriormente, se tienen que crear indicadores del impacto y de los resultados de los proyectos financiados para conocer la efectividad de los fondos que se les asignen.

A través de una taxonomía sobre lo que significa financiamiento climático o verde, se podría facilitar la canalización de los recursos a proyectos que cuenten con características sustentables o en beneficio del ambiente. Para ello, será vital trabajar en el marco de la Ley de Planeación para integrar todos los conceptos que son claves para identificar dichas acciones.

La IKI en México en materia de financiamiento

Con el objetivo de apoyar la acción climática y la protección de biodiversidad, los proyectos IKI en México están trabajando en el ámbito de financiamiento. Hasta ahora, la IKI ha incentivado la cooperación con las instituciones financieras para integrar indicadores ambientales y sociales en las decisiones de préstamos e inversiones, desarrollo de productos financieros y gestión de riesgos. En este sentido, la IKI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania apoya la implementación de la NDC y la ENBioMex en México.