Cumplir con los compromisos nacionales de combate al cambio climático requiere del desarrollo de un marco legal sólido y de una arquitectura financiera que apoye su implementación. El Estado de Sonora está en camino para crear estas condiciones.
La Ley General de Cambio Climático (LGCC) señala que las entidades federativas tienen dentro de sus atribuciones:
- Expedir las disposiciones legales necesarias para regular la política estatal en materia de cambio climático
- Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política en materia de cambio climático
En este sentido, el gobierno del Estado de Sonora, apoyado para su formulación por la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), presentó en junio de 2017 su Iniciativa de Ley de Cambio Climático, la cual se espera sea aprobada en septiembre de este mismo año durante la segunda sesión del Congreso del Estado. Esta tiene como objetivo coadyuvar a garantizar el derecho a un medio ambiente sano para todos los sonorenses, así como lograr la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y lograr la adaptación al cambio climático.
Uno de los rubros que toca la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora, es la importancia de gestionar recursos para alimentar al Fondo Ambiental Estatal. Dicha gestión deberá ser a través de una arquitectura financiera, fuentes sustentables de financiamiento, y todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer incentivos que promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto de la Ley.
Resulta evidente el hecho de que contar con recursos para la implementación de acciones puede ser la clave para el logro de objetivos. Por esta razón, la Alianza ha realizado un análisis, seguimiento y recomendaciones sobre posibles instrumentos económicos con los que podría contar Sonora para que le permitan la correcta implementación de la Ley y su alineación con los compromisos federales, y últimamente internacionales en el marco del Acuerdo de París.
Tomando en cuenta este contexto, se han desarrollado propuestas concretas para la implementación de instrumentos de financiamiento climático para el Estado de Sonora. Se propone, entre otros, una ruta de dos vehículos financieros para el financiamiento climático en el Estado: el Anexo Transversal de Cambio Climático y el Fondo Ambiental que buscan proveer de recursos sostenibles a acciones concretas que tengan por fin la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o de combate a sus efectos adversos.
Asimismo, se hace una propuesta de instrumentos económicos como fuente de financiamiento para ambos vehículos financieros. Las multas ambientales son las más usuales, por ejemplo: tenencia, verificación e impuesto sobre automóviles nuevos. Otros instrumentos más innovadoras como la “Contribución ecológica” tienen un gran potencial de recaudación para el Estado al distribuir los costos asociados con la emisión de GEI bajo el principio “el que contamina paga”. Un ejemplo de ésta en el sector transporte es la Contribución Ecológica Vehicular, que se estima tiene un potencial recaudatorio, en el Estado de Sonora, de alrededor de $1,125 millones de pesos anuales.
Una ley de cambio climático bien fundamentada y próxima a aprobarse, aunada a propuestas para proveer de los recursos necesarios, son fundamentales para una acción efectiva contra el cambio climático en el Estado de Sonora. En ese sentido, la GIZ seguirá apoyando al Estado con el desarrollo de una la arquitectura financiera que logre la implementación de acciones concretas de mitigación y adaptación al interior del Estado.