El Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) organizaron un foro para la discusión de la importancia de fijar un precio a las emisiones de carbono debido al cambio climático. El objetivo fue revisar el contexto actual de la fijación de precios a las emisiones de carbono, tanto a nivel nacional como internacional. Se buscó facilitar la discusión informada que contribuya a que México tome las mejores decisiones en torno a este instrumento de política pública.

La Dra. María Amparo Martínez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) comentó que poner un precio a cada tonelada de dióxido de carbono liberado a la atmósfera refleja su costo para el medio ambiente y promueve la búsqueda de las formas más baratas de hacer frente al cambio climático. Para ella, los precios a las emisiones de carbono ayudan a reducir las emisiones globales mientras que dan a las empresas la flexibilidad de encontrar sus propias soluciones más eficientes.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) define al costo social del carbono como una estimación de los daños económicos causados por una tonelada de emisiones de CO₂ en un año determinado. Con base en estudios realizados en 2013, la media del costo social del carbono fue de 31 euros por tonelada de dióxido de carbono. México contribuye con el 1.4% de las emisiones globales de CO₂ derivadas de la quema de combustibles fósiles. En el 2013, parte de la iniciativa de la Reforma Fiscal enviada al Congreso consideraba un monto fijo por cada tonelada de CO₂ que el combustible fósil emitiera.

De acuerdo con el Dr. Carlos Muñoz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los impuestos ambientales generan fiabilidad en los costos de las empresas. La recaudación es sencilla si se cuenta con un sistema fiscal eficiente y puede tener una aplicación general. Por otro lado, con el enfoque de cantidades (cap-and-trade) se genera certidumbre en resultados, pero en costos no; con dicho enfoque se necesita desarrollar mercados ágiles y profundos. Por último, un gran reto del enfoque de cantidades es acerca de cómo asignar las cuotas iniciales. De acuerdo con la experiencia internacional, en la práctica, para México serían útiles los impuestos ambientales pues se ha demostrado que es una opción atractiva para las economías emergentes.

La Dra. Alejandra Elizondo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que la importancia de contar con un precio al carbono es que éste genera un incentivo para desistir de actividades contaminantes. Para ella, es necesario contar con instrumentos económicos para conducir la inversión privada hacia las opciones bajas en carbono. El Ing. José Ramón Ardavín de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), representando el punto de vista del sector privado, comentó que la generación de electricidad es la acción principal para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones; destacó que México podría establecer un mercado formal en tiempo récord si establece una coalición entre las principales cámaras sectoriales, científicos, académicos y autoridades.

En el seminario se escucharon las opiniones del sector público, privado y la academia. Estos actores coinciden en la necesidad de contar con un sistema de precios al carbono en México para internalizar las externalidades negativas por las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, cumplir con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de México.

Este semianrio fue organizada por el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable).