Tercer Diálogo para la Implementación de la NDC

La Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) apoyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el desarrollo de cuatro diálogos orientados a delinear el contenido y narrativa del Plan de Implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de México.

 

El día 6 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la SEMARNAT el tercer diálogo en apoyo al Plan de Implementación de la NDC de México, en el que se invitaron a expertos y representantes de los sectores agricultura y ganadería; uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS). En el evento se trabajó en las siguientes temáticas: adaptación en el sector social, adaptación basada en ecosistemas (AbE) y adaptación de sistemas productivos. En dicho evento se presentó el índice, la estructura y la narrativa de lo que será el plan, como base para abrir un espacio de diálogo entre los expertos sobre temas específicos.

 

Se mostraron los avances que ha realizado México en materia de adaptación, comenzando por el hecho de que México ha sido pionero en incluir los compromisos de adaptación del Acuerdo de París a su política nacional. En este diálogo, se formularon preguntas clave sobre el marco jurídico, el financiamiento climático, el marco institucional y los temas transversales a ser incluidos en el Plan de Implementación.

 

Se resaltó la importancia de las acciones de adaptación para el país, ya que sus resultados y co-beneficios son elementales para la resiliencia de los diferentes sectores productivos; aumentar la igualdad social y el respeto a los derechos humanos, lo que conlleva al desarrollo sustentable. Las acciones de adaptación deben aumentar el fortalecimiento de capacidades de todos los actores que son parte de la cadena de valor de los distintos sectores en materia de cambio climático. Además, se deben establecer y priorizar medidas regionales y sectoriales.

 

 

Como parte del diálogo, se habló del potencial de fortalecer la participación de la academia, institutos de investigación y organizaciones civiles, para que se mejoren las prácticas agropecuarias, de producción y AbE. Un ejemplo fue el enfoque del Grupo Ecológico Sierra Gorda en Querétaro.

 

Se realizó un consenso entre los asistentes para que el Plan de Implementación establezca mecanismos de financiamiento que permitan acceder a tecnologías agrícolas de conservación y sustentabilidad, impulsar proyectos regenerativos de agricultura urbana, incluir a grupos vulnerables (especialmente a las mujeres) y contribuir con acciones afirmativas para disminuir las desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la tierra y asegurar un aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad. Se destacó la necesidad de incluir salvaguardas sociales y ambientales en la Ley de Hidrocarburos para asegurar que, en los procesos licitatorios, se incluyan lineamientos de mitigación y adaptación de proyectos energéticos.

 

Un punto que deberá abordar el Plan de Implementación es la revisión de programas, financiamientos e incentivos que promueven un uso no sustentable del territorio o incluso generan efectos contraproducentes. Se puso como ejemplo el financiamiento de un proyecto de introducción y explotación de palma de aceite en Campeche a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), o bien los apoyos otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Programa de Fomento Ganadero (PROGAN); ambos con una orientación hacia la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en detrimento de la cubierta vegetal.

El Plan de Implementación deberá reconocer que un medio ambiente sano es un derecho humano consagrado en la Constitución, por lo que las acciones de dicho plan deben considerar los riesgos del cambio climático para el país y enfocarse en acciones preventivas, en el reconocimiento del valor del capital natural y en asegurar el acceso a recursos naturales y su correcta gestión.